Gracias señor Presidente:
Señorías, si éste Proyecto de Ley hubiera estado en vigor hace diez años, el sanguinario dictador General Pinochet no hubiera podido ser procesado por la Audiencia Nacional Española y sus crímenes habrían quedado impunes.
Muchos, ingenuamente, creíamos que la Transición política daba paso a una Democracia que con el tiempo iría perfeccionándose, avanzando sin pausa en la conquista de los derechos humanos. Pensábamos, ingenuos, que sólo con las Dictaduras estos derechos retroceden. Más de 30 años después del fin de la Dictadura comprobamos perplejos que también en democracia se pueden perder derechos fundamentales conquistados con el tiempo. Y cuanta frustración se genera. ¿Qué le ha pasado a aquel Gobierno valiente que se enfrentó a los poderosos sacando las tropas españolas de Irak y ahora se arrodilla temeroso? ¿Qué le ha pasado a este Gobierno que reniega del principio de Jurisdicción Universal? ¿Qué le ha pasado a éste Gobierno que se niega a perseguir penalmente los delitos más graves conforme al derecho internacional, el crimen de guerra o el genocidio, sin importar el lugar de comisión, como exigen los tratados internacionales firmados por España?
La razón de ser de una jurisdicción universal es la de evitar la impunidad de esos crímenes; porque los crímenes de guerra, los de genocidio y de lesa humanidad, la tortura y las desapariciones forzadas comparten una nota: son crímenes de Estado, en su peor acepción. Algunos crímenes son tan atroces que no deben quedar impunes. Este es el concepto que ha inspirado la Jurisdicción Universal.
El derecho internacional obliga a todos los estados a perseguir los crímenes de guerra: el Cuarto Convenio de Ginebra establece en su Art. 146 que cada Estado parte “tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerla comparecer ante los propios tribunales sea cual sea su nacionalidad”. Con este Proyecto de Ley, por tanto, el Gobierno y los parlamentarios que voten a favor, pretenden incumplir el Convenio de Ginebra, además de otros convenios internacionales firmados por el Estado español y que ya están incorporados a nuestro ordenamiento jurídico. Y no sólo pretenden incumplir los tratados internacionales, sino que lo hacen incumpliendo el Art. 96 de la Constitución española: “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”.
Por si fuera poco, este Proyecto de Ley vulnera los principios aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en resolución de 15 de diciembre de 1989 en materia de ejecuciones extralegales: “…Los gobiernos velarán por que sean juzgadas las personas que la investigación haya identificado como participantes en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, en cualquier territorio bajo su jurisdicción. Los gobiernos harán comparecer a esas personas ante la justicia o colaborarán para extraditarlas a otros países que se propongan someterlas a juicio. Este principio se aplicará con independencia de quienes sean los perpetradores o las víctimas, del lugar en que se encuentren, de su nacionalidad, y del lugar en el que se cometió el delito”.
Señorías, hoy el Gobierno de España y las Cortes Generales se pondrán del lado de los dictadores, de los torturadores, de los que practican el exterminio, el genocidio de los pueblos,… Después a estos pueblos les mandaremos los fondos de cooperación al desarrollo, para tranquilizar nuestras consciencias. Pero lo único que puede librar a los pueblos oprimidos de la muerte y la miseria no es nuestra caridad, sino nuestra Justicia, la Justicia Universal.