¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La humanidad se hace esta pregunta desde tiempo inmemorial. Un debate similar existe en nuestros países desde hace algunas décadas, prácticamente desde que surgieron organizaciones políticas y sociales de liberación nacional. Y, de manera recurrente, frente a los partidarios de la independencia de los Países Catalanes, juntos o por separado, hay quien opone la defensa de los derechos de las personas. Primero son los derechos sociales, entonces será el momento de defender los derechos nacionales. Lo más urgente, dicen algunos, es crear puestos de trabajo, parar los desahucios, garantizar una renta mínima a las personas más necesitadas… y así un largo etcétera que llena los programas de los partidos políticos, especialmente los de los más progresistas. No se oponen al ejercicio del derecho de autodeterminación, incluso algunos siempre lo han incorporado en el programa bajo el eufemismo «derecho a decidir». Pero cuando se les pide concreción, escapan con un genérico, todos debemos poder decidir todo. El problema surge a la hora de definir estos «todos» y el «todo». ¿Quienes son todos? ¿Todos los catalanes, todos los españoles? ¿Y qué es todo? ¿Los presupuestos participativos, las políticas sociales… ¿Y la independencia? Bueno, es que… Ahora no es la prioridad.

Este es el debate que existe en Cataluña entre los partidos políticos, sobre todo después de las multitudinarias manifestaciones a favor del derecho de autodeterminación. Unos siempre habían estado a favor de la independencia, otros se han sumado a ella de manera decidida, otros están claramente en contra y, por último, están los que sí, pero no. Los del ahora no toca porque lo más importante son las personas. Es como si los derechos sociales estuvieran en contraposición a los derechos nacionales. Como si no se pudieran defender a la vez. Como si no se pudiera caminar y respirar a la vez, en definitiva.

Esta posición podría tener sentido en algún otro estado, pero no en España, que practica una expoliación sistemática de los recursos fiscales de las Islas Baleares, Cataluña y Valencia desde la conquista militar de nuestros territorios. Los que dicen que dan prioridad a las políticas sociales, con unas promesas electorales que, si se pusieran en práctica, supondrían duplicar los presupuestos de los tres territorios mencionados, deberían explicar de dónde sacarán los recursos. Porque las medidas que proponen para disponer de más ingresos, como incrementar los impuestos a las rentas altas, que ya está bien, son el chocolate del loro, especialmente cuando el gobierno central legisla sobre los impuestos transferidos a las comunidades autónomas que provoca una disminución de los sus ingresos. Pero, sobre todo, es imposible que Cataluña, el País Valenciano y las Islas Baleares puedan incrementar el gasto público mientras sufran un expolio fiscal de tales dimensiones. Y no existe ninguna razón objetiva para esperar que cese este drenaje de recursos públicos porque lo padecemos, de manera ininterrumpida, desde hace trescientos años. Es imposible que los territorios que históricamente han disfrutado de unas constantes transferencias de recursos accedan a reformar el sistema, para que sea más igualitario.

En definitiva, la pregunta es: ¿se podrán practicar políticas sociales avanzadas en nuestros países con un estado propio? La respuesta es sí, dependerá de la ideología de quien gobierne. Al contrario, ¿se puede aumentar el gasto público en nuestros territorios en el marco del Estado español? La respuesta es rotundamente no, incluso si gobierna una mayoría con gran sensibilidad social!

Todavía hay otro argumento: el control de las principales infraestructuras es imprescindible para el desarrollo económico. Cataluña y el País Valenciano han sufrido el boicot a las infraestructuras ferroviarias y de carreteras que las tenían que conectar, entre ellas y con Europa. Esto ha supuesto una desventaja que ha dificultado la exportación de productos industriales y agrícolas, el turismo y las inversiones, en general. En las Islas Baleares nunca hemos tenido el control sobre nuestros puertos y aeropuertos, lo que ha dificultado las conexiones con la Península y Europa. En consecuencia, nunca hemos podido realizar políticas que permitieran disminuir los sobrecostes de la insularidad y la pluriinsularitat. Ahora, además, el Estado ha privatizado la gestión aeroportuaria, con el riesgo que ello conlleva de perder aún más calidad en la gestión de unas infraestructuras básicas para nuestra economía.

En definitiva, es evidente que lo primero son las personas, pero en nuestra casa no las podremos atender adecuadamente ni podremos generar unas condiciones de trabajo dignas si no somos soberanos y podemos disponer de nuestros recursos fiscales.