Que un funcionario público pretenda ejercer la profesión sin querer comunicarse con la lengua materna de la mayoría de los ciudadanos de una comunidad sólo ocurre en países sometidos a una ocupación colonial. Es igual si se trata de un trabajo administrativo o en el ámbito de la sanidad pública, los derechos de los ciudadanos siempre deben estar por encima de los derechos de los funcionarios públicos, que son servidores. Los detractores de la exigencia de unos conocimientos elementales del catalán para acceder a la sanidad pública afirman que lo más importante es que el sanitario sea un buen profesional. De acuerdo, pero el sanitario que se niega a entender la lengua materna de su paciente difícilmente será un buen profesional. Porque, en el ejercicio de la medicina, naturalmente que son imprescindibles los conocimientos, la técnica o estar al día en los avances científicos, pero como en ninguna otra profesión es necesaria la empatía, la conexión y la comprensión con el enfermo. Y estas, difícilmente pueden existir si el funcionario se pone a un nivel superior o de dominio sobre el enfermo. Lo hemos podido comprobar en numerosas situaciones, cuando alguien se nos dirige o nos contesta en nuestra lengua materna (aún más si se nota que no es su primera lengua) se establece una corriente de simpatía y de confianza, condiciones muy necesarias para diagnosticar correctamente y para facilitar la curación del enfermo.

Por otro lado, nos deberán permitir que dudemos de la capacidad intelectual de una persona si es incapaz de comunicarse en una lengua cooficial de un territorio después de dos años de vivir y ejercer la profesión (dos años es el plazo que les da la Administración). Que me perdonen, pero, o no es muy listo o, aún peor, tiene prejuicios lingüísticos contra la mayoría de ciudadanos de ese territorio, los cuales, obligatoriamente, interferirán en la buena práctica de la profesión. Me da tanta pereza sacarme el certificado, escribía uno de los opositores. Sinceramente, negarse a esta exigencia mínima es una auténtica grosería y un menosprecio al Pueblo que pretenden atender profesionalmente.

Resulta curioso que este argumento de la prevalencia de la profesionalidad sobre los conocimientos lingüísticos no sea de aplicación en el caso del castellano, cuyo conocimiento se considera obvio para acceder a cualquier plaza de funcionario público. En definitiva, el problema es que vivimos en un Estado que, desde hace siglos, ha inculcado a sus ciudadanos la idea de la supremacía de la lengua castellana, la que permitía a Carlos I hablar con Dios, según el presidente de RTVE. Se ve que Dios no entiende las lenguas «regionales». Y esta postura es la que han adoptado los contrarios a la exigencia de la comprensión lingüística de los dos idiomas oficiales a los funcionarios de la Sanidad pública de Baleares. Actúan como los funcionarios de las metrópolis destinados a las colonias, como los dueños que no tienen ninguna obligación con los nativos. No, sus motivos no son en defensa de una buena Sanidad pública. Que no nos engañen. Simplemente, defienden una postura política más vieja que el amasar. Al convocar la manifestación contra el Decreto del conocimiento del catalán, lo reconocieron los representantes de la plataforma «Mos movem»: «la idea de crear esta plataforma ciudadana partió a raíz de la deriva del proceso independentista en Cataluña…», «queremos modificar el Estatuto de Autonomía para dar más importancia a las modalidades lingüísticas de las Islas». No, no son unos profesionales ni unos ciudadanos preocupados por la calidad de la Sanidad en Baleares, son los gonellas[1] de toda la vida que odian nuestra lengua.

[1] Españolistas disfrazados de mallorquinistas que pretenden el secesionismo lingüístico.