El proceso soberanista de Cataluña ha hecho reavivar un fascismo latente. Sobre todo, después de la arenga real del 3 de Octubre, en la que Felipe VI legitima el «a por ellos», pelotones fascistas han actuado con total impunidad por las calles de Cataluña (también del País Valenciano) con agresiones a ciudadanos y exhibición de simbología franquista y nazi.

Hace unos días un juez de Madrid suspendió la retirada de placas de calles alusivas al franquismo y a la División Azul que había acordado el ayuntamiento.

A partir del anuncio de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, se han convocado decenas de manifestaciones contrarias, con exhibición de simbología fascista.

La Fundación Francisco Franco, subvencionada por el Estado, ha aprovechado para hacer apología del dictador, pagando anuncios y pancartas en contra del traslado de los restos de Franco.

Y, la gota que colma el vaso, 189 militares retirados han hecho público un manifiesto pidiendo respeto por Franco y destacando sus «valores de soldado ejemplar».

Por no hablar de instrucciones judiciales, encarcelamientos preventivos y condenas a prisión contra políticos y artistas, vulnerando la libertad de expresión y de opinión, así como el derecho de manifestación, como han puesto de manifiesto los tribunales europeos que se han pronunciado sobre las euroórdenes del juez Llarena.

Distintos medios de comunicación internacionales se han hecho eco del resurgimiento del franquismo en España, poniendo en entredicho la calidad democrática de la democracia española. Aquella «transición política ejemplar» se ha desvanecido en pocos meses. Es necesaria, por tanto, una actuación decidida de las instituciones españolas. Al fascismo no se le tolera: o se le combate y se le derrota, o gana él.

Es hora de que el Gobierno, los grupos parlamentarios y las Cortes Generales aborden el tema más serio que actualmente amenaza la convivencia en España. Es necesaria la aprobación de una Ley de condena y prohibición del franquismo y todas sus manifestaciones. Hace falta una Ley que ilegalice los grupos que hacen apología del franquismo, que prohíba las manifestaciones de apoyo y la exhibición de toda clase de símbolos fascistas, empezando por los nombres de calles, plazas y monumentos. Es necesaria una depuración de los cuerpos de seguridad del Estado, apartando a todos los que han actuado o mostrado simpatías con el franquismo. Hace falta un castigo ejemplar contra aquellos servidores públicos que reivindican la memoria del dictador. No se puede tener respeto ni tolerancia con aquellos que pretenden abolir nuestras libertades o que emplean o justifican la violencia para conseguir sus objetivos.

En ningún país democrático se toleran este tipo de actuaciones y manifestaciones, ni mucho menos son legales, como en España. Ni Alemania ni Italia permiten el más mínimo culto a Hitler o a Mussolini. Pues bien, es necesario que en España se trate a Franco igual que los alemanes e italianos tratan a Hitler y a Mussolini, como un dictador sanguinario que provocó la muerte y la tortura de millones de personas. Un criminal contra la humanidad.

Capítulo aparte merecen buena parte de los medios de comunicación, públicos y privados, que toleran, amparan, esconden o justifican determinados comportamientos fascistas. Por no hablar de opinadores y tertulianos que, abiertamente, utilizan su tribuna para propagar su ideario antidemocrático. Sería útil la creación de una especie de organismo que velase por la calidad democrática de los medios de comunicación y denunciase los comportamientos antidemocráticos para el escarnio público de sus autores.