La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, reconociendo que Oriol Junqueras tenía inmunidad parlamentaria desde el momento en que fue elegido diputado europeo, ha vuelto a dejar en evidencia el partidismo, el escaso rigor y la vulneración de los derechos fundamentales por parte de las altas instancias judiciales españolas. Si a esta sentencia le añadimos la negativa a tramitar los suplicatorios contra los políticos exiliados por parte de los tribunales alemanes, belgas y británicos el sistema judicial español ha quedado absolutamente desacreditado y deslegitimado.
Pero, el daño ya viene de atrás. Pese a que en España existen profesionales de la Justicia de reconocido prestigio (en Baleares tenemos una buena muestra), las altas instancias judiciales están absolutamente contaminadas por jueces y fiscales de escasa valía profesional y descarada adscripción ideológica y partidista. El problema deriva del método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, buena parte de los cuales son proclamados por las Cortes Generales y los Parlamentos Autonómicos, a propuesta de los Grupos Parlamentarios. Para ser más exactos, el problema lo han provocado los partidos políticos mayoritarios en hacer un mal uso de esta prerrogativa y proponer candidatos más por afinidad ideológica y fidelidad partidista que no por trayectoria profesional acreditada. Así, por ejemplo, un abogado que no ha hecho la carrera judicial puede llegar a ser magistrado de un Tribunal Superior de Justicia y luego miembro del Consejo General del Poder Judicial, la más alta instancia judicial española, simplemente por afinidad política con el partido que lo propuso. Esto pasó en las Islas Baleares.
Si, además, la «ley mordaza» o la modificación de la ley del Tribunal Constitucional, o la normativa antiterrorista atribuyen más competencias represoras a fiscales y magistrados de probada ideología franquista el sistema democrático quiebra. De ahí las sentencias de los tribunales europeos y los requerimientos de las Naciones Unidas o Amnistía Internacional, en España no se respetan los Derechos fundamentales de las personas.
Nos encontramos, por tanto, en un cruce histórico: por un lado están los que vuelven a entonar el «Santiago y cierra España», proponiendo, incluso, la salida de la Unión Europea. Son los que nos han metido en este callejón infernal, nostálgicos de la España imperial, pero que difícilmente ahora encontrarán el apoyo del mundo económico. Por otra parte, se podría aprovechar esta sentencia del TJUE para devolver el conflicto político a la política. Vistos los antecedentes, todo hace pensar que la sentencia que condena por sedición a los presos políticos catalanes será anulada por los tribunales europeos. Lo lógico, por tanto, sería anticiparse a la cadena de collejas judiciales que nos vendrán de Europa, y anular la sentencia del Tribunal Supremo sobre los presos catalanes y archivar los procesos contra los cientos de personas imputadas.
Y, finalmente es necesaria una profunda reforma legal y del sistema judicial. La derogación de todas las leyes que restringen la libertad de opinión, manifestación y participación política. La renovación de los miembros de las altas instancias judiciales, primando la experiencia y los méritos profesionales. Y, como mandan los Tribunales europeos, hay que defender la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Todavía están a tiempo.