El anuncio que ha hecho AENA de la ampliación del Aeropuerto de Palma ha provocado la alarma de los sectores que están preocupados por el crecimiento descontrolado de la población y de los visitantes de las Islas Baleares. Que la dirección de AENA justifique las obras para que el Aeropuerto pueda recibir cuatro millones de pasajeros más de aquí a 2025 es una grave advertencia que Mallorca y el conjunto de las Islas Baleares van directos a un caos social, medioambiental y también económico. Si los últimos años ya nos ha invadido una sensación de saturación, imaginemos qué puede pasar con 34 millones de pasajeros, que es el cálculo que ha hecho AENA para justificar las nuevas inversiones.

Todo esto ocurre ante la impotencia de las instituciones isleñas, que no tienen la mínima capacidad de decisión, ni siquiera de influencia, sobre la planificación de las grandes infraestructuras que condicionan nuestro día a día. Tanto da que el Estado aún conserve el 51% de las acciones de AENA, porque para el Estado español las Islas Baleares son una colonia donde se trasladan los excedentes de mano de obra y se extraen los recursos económicos mediante una explotación intensiva del territorio. Y las inversiones que se realizan, únicamente, están pensadas para este fin. El bienestar y el futuro de los residentes es secundario.

Pero, nos engañaremos si atribuimos exclusivamente el crecimiento demográfico y de visitantes a la construcción de grandes infraestructuras, las cuales no son la causa del crecimiento, sólo son culpables de ello indirectamente. Es evidente que AENA no haría las inversiones para ampliar el Aeropuerto si sus proyecciones no le dieran un crecimiento de viajeros tan grande. Un crecimiento provocado por la atracción que provoca la oferta de plazas turísticas. Esta es la clave. Y sobre eso sí tienen competencias las instituciones de las Islas: Gobierno, Consejos y Ayuntamientos. Unos con la ordenación de la oferta turística, otros por la planificación urbanística, y los ayuntamientos mediante los planes municipales. Y todos deberían tener el mismo objetivo: la continua reducción de plazas turísticas.

La reducción de la oferta, además, tendría la virtud de poder incrementar los precios y el gasto turístico, por la relación entre la oferta y la demanda. Es evidente que esta política puede chocar con importantes intereses económicos, internos y externos, y tampoco goza del consenso entre todas las fuerzas políticas. La unanimidad que se alcanzó en 1991 con la Ley de protección de los espacios naturales, a día de hoy es imposible.

Sin embargo, nunca como ahora se habían dado mayorías progresistas en las principales instituciones de Baleares, las cuales tienen la oportunidad y la responsabilidad de poner en práctica medidas que eviten los crecimientos suicidas que pronostican las grandes empresas. Ya se han aprobado normas proteccionistas importantes: el Impuesto sobre las estancias turísticas, la ley del cambio climático, la ley que regula las estancias turísticas… Pero, además de combatir decididamente decisiones foráneas como la ampliación del Aeropuerto, se deberían aprobar nuevas medidas de reducción de plazas hoteleras y residenciales que complementen las que ya se han anunciado para mejorar la calidad de la oferta, como la prohibición del turismo de alcohol.

Sólo así se puede revertir la espiral a la que nos han abocado. Disminuir el número de turistas, especialmente durante el verano, haría que ni se plantearan ampliaciones de puertos y aeropuertos ni de carreteras. Hay que empezar a decirlo bien claro y actuar en consecuencia.