La moción de censura presentada por VOX ha supuesto un altavoz mediático impensable para un partido que, casi, sólo hace un año, tenía una representación testimonial en las instituciones. Los insultos, las descalificaciones a otras formaciones políticas, la amenaza a colectivos vulnerables, el odio y la chulería característicos de la extrema derecha han tenido una amplia difusión en todos los medios de comunicación. Sin embargo, después del debate y de la votación ha quedado la sensación de que quien ha salido censurado han sido VOX y Abascal, su líder. Porque, por primera vez, todos los partidos han aislado a la extrema derecha, incluso el PP y Ciudadanos. Al final estos dos partidos han visto las orejas al lobo, después de que les haya pegado buenas dentelladas a sus bolsas de votantes.

Especialmente, el PP era quien se jugaba más en este envite de VOX. Un partido que aspira a gobernar no puede abandonar a la gran masa de votantes que se ubican en el centro político. Ni puede quedar estigmatizado ante los partidos conservadores europeos, que siempre han tenido claro que a la extrema derecha no le pueden dar nada de aire. Especialmente, Angela Merkel ha sido muy contundente a la hora de reprimir cualquier símbolo o manifestación de simpatía con el nazismo. Qué diferencia con España donde los franquistas actúan con impunidad.

En este sentido, quien ha recibido una moción de censura antológica ha sido el Tribunal Supremo y la ha recibido nada menos que de parte de la Audiencia Nacional con la exculpación del mayor Trapero y de la cúpula de los Mossos. La sentencia desmonta la instrucción policial del teniente coronel de la Guardia Civil, Daniel Baena, alias Tácito, y del testimonio del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ahora involucrado con las cloacas del Estado, que sirvieron para condenar a más de cien años de cárcel a los miembros del Gobierno de la Generalitat, la presidenta del Parlamento de Cataluña y los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural. Igualmente, la sentencia desmonta la versión de la secretaria judicial sobre la concentración ante la consejería de Economía el 20 de septiembre, la cual sirvió para aplicar a la concentración la calificación de «tumulto», condición indispensable para mantener las acusaciones por rebelión.

En definitiva, la Audiencia Nacional Española acusa a altos mandos y funcionarios de fabricar un relato que habría servido para imputar los gravísimos delitos que justificarían condenas tan duras de prisión. En el discurso que hizo Casado en el Congreso, afirmó de manera contundente «Hasta aquí hemos llegado», refiriéndose a la contemporización del PP con VOX. Por desgracia, la presencia de la extrema derecha en las instituciones no es el mayor problema al que deben enfrentarse las fuerzas políticas que se autodenominan constitucionalistas. El problema más difícil de resolver es la incrustación de la ideología franquista en los cuerpos de seguridad y en la judicatura. Este es el reto más urgente que deberían abordar las fuerzas políticas españolas si de verdad quieren construir un Estado moderno, plenamente integrado en Europa. Hace falta un compromiso total con la democracia, que es incompatible con la tolerancia con conductas fascistas.

Con la dura censura que ha recibido el Tribunal Supremo, los condenados del «proceso» no pueden estar ni un minuto más en prisión. Y es necesaria una investigación interna a todos los estamentos policiales y judiciales que depure a los culpables de maquinar para destruir a los adversarios políticos.