Hay avances sólidos orientados al fin de la impunidad de los crímenes internacionales. Ya poníamos de manifiesto hace unos días que en España el Tribunal Constitucional dictó una importante sentencia en la que declara competentes a los tribunales españoles para juzgar crímenes de genocidio y de lesa humanidad cometidos en el extranjero aunque no haya víctimas españolas, en base todo ello al principio de justicia universal recogido en nuestra legislación interna. También en nuestro país el pasado 19 de abril se hacía pública la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a Adolfo Scilingo por la comisión de un delito de lesa humanidad cometido durante la dictadura Argentina. El enorme esfuerzo colectivo realizado en el pasado siglo para legislar los crímenes internacionales y hacer posible su investigación y enjuiciamiento -incluida la aportación de Nüremberg- va haciéndose realidad poco a poco.

El enjuiciamiento de estos crímenes es importante para acabar con la impunidad que han disfrutado históricamente los criminales de lesa humanidad que han masacrado y subyugado a pueblos enteros -en su mayor parte, población civil inocente. Cada vez es más difícil que estos criminales se paseen libremente por el mundo sin miedo a ser detenidos cuando van a recoger fuera de sus países de origen el producto del expolio realizado.

El pasado 12 de abril el Juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decidió dar un importante paso en esta misma línea: ha dictado un Auto admitiendo la querella interpuesta por el Forum Internacional por la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos contra 69 altos cargos del Estado ruandés por los crímenes de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra –delito de pillaje de recursos minerales riquísimos incluido-, terrorismo y tortura cometidos tanto en Ruanda y la R.D. del Congo entre los años 1990 y 2002. En este período han perdido violentamente la vida nueve misioneros y cooperantes españoles que asistían a la población civil hutu en ambos países en medio de una auténtica tragedia humana silenciada: cerca de cuatro millones de personas han perdido la vida a causa de este conflicto armado en los últimos seis años.

Esta decisión judicial tiene especial trascendencia por varios motivos: a) declara competente la jurisdicción española para la investigación de los crímenes antes referidos en aplicación del “principio de justicia universal”; b) decide investigar la muerte no únicamente de los españoles sino también de ruandeses y congoleños, que son el necesario contexto para conocer la dimensión de lo sucedido. Investigar algunos de estos crímenes señalados debe servir, según el Auto referido, para confirmar o no la “existencia de un sistemático y organizado plan de exterminio de una determinada etnia”, (etnia hutu); y c) en el caso de Rwanda/Congo los responsables del FPR/APR de Rwanda están aún hoy en el poder y ocupan puestos claves en la administración político-militar ruandesa, y los crímenes y matanzas se siguen produciendo hoy en la RD Congo, con miles de desplazados y víctimas inocentes.

La Justicia, como se sabe, no resuelve en profundidad los conflictos. Sin embargo, es imprescindible que se produzca Justicia sobre los responsables de los crímenes internacionales perpetrados si se quiere iniciar un proceso de resolución pacífica y equitativa de los conflictos, en particular el de África de los Grandes Lagos. Las verdades ocultadas o manipuladas deben salir a la luz … sin ánimo de ira, ni de venganza, ni tan siquiera para obtener indemnizaciones económicas. Sólo la verdad -en el sentido al que apelaban M. Luther King jr. y M. Gandhi- puede servir de elemento transformador de los conflictos, si es convenientemente tratada para el bien común. Esto mismo piensan los familiares de las nueve víctimas españolas, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el inspirador de esta acción Juan Carrero, la congresista afroamericana Cynthia McKinney, los 12 Comités de África Negra de España, los tres ayuntamientos de Figueres, Manresa y Navata, 3 asociaciones de víctimas ruandesas, entre otros, al llevar a cabo esta iniciativa por la verdad y la justicia.