Un buen número de entidades sociales han vuelto iniciar una campaña para una financiación autonómica más justa para las Islas Baleares. Año tras año, cuando se hacen públicos los datos definitivos de la financiación de las comunidades autónomas, se constata que los ciudadanos de las Islas Baleares estamos casi a la cola en gasto por habitante. A la vez, somos la comunidad que aporta más recursos por habitante a las arcas estatales. Hasta aquí, nada nuevo. Se ha atribuido este mal endémico al poco peso político que las Baleares tienen en el conjunto del Estado frente a otras comunidades que tienen más representación en las Cortes Generales. También se ha culpado al sucursalismo político de los representantes de Baleares elegidos para representar a las Cortes Generales, casi siempre de los dos partidos mayoritarios. Incluso, se ha hablado de que casi nunca han coincidido los colores políticos de los gobiernos de Baleares con los de Madrid. Sin duda, todos estos argumentos tienen su influencia en los pésimos resultados para Baleares de todos los sistemas de financiación que se han aprobado hasta ahora, independientemente del partido que ha gobernado el Estado.

Pero las razones son mucho más profundas, endémicas, incluso, se podría decir que son históricas, ya que se remontan al mismo nacimiento de España como unidad política. Teniendo en cuenta que esta unidad no se origina con los Reyes Católicos, como nos enseñó la historia oficial, sino con la guerra de Sucesión y la derrota del País Valenciano, Cataluña y las Islas Baleares a manos de las tropas de Felipe V los años 1714 y 1715.

Observemos, sino, como las tres comunidades que históricamente han financiado al resto del Estado español han sido Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. Situación que ha perdurado en el periodo constitucional actual. Estos tres territorios han seguido manteniendo las balanzas fiscales más negativas con el Estado. Por lo tanto, esto contradice los argumentos mencionados antes, ya que, en el caso de Cataluña, las fuerzas políticas no estatales siempre han tenido un gran peso político en el Congreso y en el Senado, condicionando mayorías parlamentarias y Presupuestos Generales del Estado en más de una legislatura, factores que no han disminuido el gran déficit fiscal que sufre Cataluña. En cuanto al País Valenciano, casi siempre, desde la restauración del actual período llamado democrático, ha habido una coincidencia entre los partidos que gobernaban en Valencia y en Madrid, sobre todo en la época del Partido Popular, con el mismo resultado sobre los flujos negativos de impuestos. No son, por tanto, el sucursalismo político, ni las diferencias de color político los factores que influyen mayoritariamente en el trato fiscal que sufren nuestros territorios, sino la misma concepción de España. Un Estado con reminiscencias imperiales que, desde la Edad Media, generó unas élites que siempre han vivido de la explotación de los recursos generados por las colonias. Con la excepción del País Vasco y Navarra, que han dispuesto de una independencia fiscal, la que les ha permitido mantener un fuerte tejido industrial y un alto nivel de vida, el resto de territorios del Estado han desarrollado una economía subsidiada, gracias a los recursos fiscales extraídos de las colonias de ultramar, hasta finales del siglo XIX, y después de los territorios de habla catalana. Tanto es así, que algunos de estos territorios, históricos receptores de recursos, ya superan en riqueza a los territorios que seguimos haciendo aportaciones fiscales al conjunto del Estado. Pero, de ninguna manera se plantean renunciar a lo que consideran un derecho histórico. Los ampara la bandera de España.