La sentencia del caso «La manada» ha provocado una indignación general (con la excepción de sectores españolistas o altos cargos del PP, como el alcalde de Campos, y de Ciudadanos). Más que por los nueve años de condena, lo que ha indignado ha sido la interpretación que ha hecho el Tribunal que calificó de abusos sexuales lo que ha sido una violación brutal. Por no hablar del voto particular, impregnado de retórica machista, de uno de los tres miembros del Tribunal que se ha manifestado a favor de la absolución, el cual afirma que la víctima disfrutó con las vejaciones de los cinco cobardes (José Angel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Angel Boza, Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero).

El hecho de que dos de los acusados ​​sean un militar y el otro guardia civil, añade leña al fuego, especialmente cuando se compara con la salvaje prisión preventiva de más de quinientos días de los jóvenes acusados ​​de terrorismo por una pelea con dos guardias civiles en un bar de Altsasu (nueve años de prisión por violar en grupo a una mujer frente a los 375 años solicitados por el fiscal por unos puñetazos en un bar). Así como las sentencias de más de tres años de cárcel a unos raperos por unas simples canciones.

Por no hablar de la persecución judicial a los independentistas catalanes, con peticiones de pena de treinta años, acusados ​​de violencia cuando todo el mundo ha comprobado durante años el carácter absolutamente pacífico de este movimiento, hecho que han dejado en evidencia los Tribunales de justicia de Bélgica, del Reino Unido, de Alemania y de Suiza.

Añadamos que los corruptos como Urdangarin, Bárcenas y la gran mayoría de los más de ochocientos imputados por corrupción del Partido Popular están en libertad, que la Justicia no hace ningún esfuerzo por identificar a M. Rajoy y ya tenemos un cóctel que deja la Justicia española a la altura de las dictaduras bananeras. Así lo empieza a percibir buena parte de la ciudadanía española y del resto del mundo. El problema es que, estas malas prácticas judiciales contaminan la tarea de los jueces y de los fiscales valientes, que también los hay, como hemos podido comprobar en las Islas Baleares.

En mi opinión, el Sistema judicial español está pervertido por varios factores: primero, una falta de formación de determinados jueces y fiscales –deberían revisarse los planes de estudios, como ya han aconsejado voces autorizadas. Segundo, una absoluta contaminación ideológica de algunos profesionales de la Justicia que los fuerza a interpretar la Ley según sus prejuicios, tergiversando la voluntad del legislador. Tercero, la total subordinación al poder político, especialmente en las más altas instancias judiciales, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado… Y mucho más cuando el Partido Popular ha maquinado durante años hasta que ha situado a sus afines en las instancias arbitrales del Sistema.

Finalmente, una profunda ignorancia de lo que debe suponer el ejercicio de la Función Pública en una democracia. Este defecto tiene sus orígenes en la dictadura franquista y no es exclusivo del Sistema judicial, sino que se extiende a todos los estamentos de la Función Pública. El funcionario franquista, ya fuera un simple administrativo o un policía o militar, no era considerado un servidor público, sino una autoridad que se permitía intimidar o someter al ciudadano, más considerado como súbdito que como ciudadano. Muchos funcionarios, civiles o militares, siguen actuando con este criterio, con autoritarismo y, si es necesario, violentando las leyes por razones ideológicas.

Posiblemente, este es el eslabón que más ha fallado en la democracia española, que ha tomado una fuerte deriva hacia el autoritarismo.