«No se puede decir que Venezuela es una democracia cuando hay presos políticos». PEDRO SÁNCHEZ

Ha habido más actos violentos en Cataluña en una manifestación de 600 personas convocada por Ciudadanos que en siete manifestaciones soberanistas de más de un millón de personas. Y, la paradoja es que la manifestación de Ciudadanos era para protestar contra la agresión que había sufrido una mujer que retiraba lazos amarillos, aunque se ha demostrado que en la pelea no hubo ninguna motivación política. Pero, es igual, todo sirve al relato de Ciudadanos, y del PP a remolque, amplificado por la gran mayoría de medios de comunicación estatales. Se trata de mostrar el independentismo catalán como una ideología que genera violencia, que divide y que crispa la sociedad. Y si no se produce ningún acto violento, se inventa y punto. Mientras tanto, brigadas de personas con la cara tapada, últimamente con uniformes que recuerdan al Ku Klux Klan, campan impunes por poblaciones catalanas con nocturnidad, armados con palos y cuchillos, cortando lazos amarillos y amenazando a la población. Y cuando los Mossos han solicitado la identificación de alguna de estas personas –no olvidemos que Cataluña está en alerta cuatro por la amenaza terrorista–, la Fiscalía española ha requerido a los Mossos que justifiquen las identificaciones.

Mientras tanto, nueve personas llevan más de nueve meses en prisión preventiva, sin juicio, acusadas de sedición, un delito que requiere el uso de la violencia. Una violencia que a los ojos de los tribunales de justicia alemanes, belgas, suizos y escoceses nunca existió. Entonces, estas nueve personas, son políticos presos o presos políticos? En Venezuela, la mayoría de los políticos encarcelados están ahí por incitar al uso de la violencia para derribar un gobierno legítimo, elegido en sucesivas elecciones supervisadas por observadores internacionales. En España, los presos son en la cárcel por haber impulsado un referéndum de manera pacífica, siempre apelando al civismo de la población. La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, está encarcelada por permitir un debate parlamentario sobre temas que, posteriormente, el Tribunal Constitucional ha declarado constitucionales. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, lo están por haber subido a un vehículo de la Guardia Civil, con su permiso ya que era con el objetivo de instar a los concentrados a disolverse, cosa que hicieron. Los consejeros de la Generalitat son acusados ​​de sedición, mientras el magistrado instructor ha retirado la euroorden que instaba a la detención de Puigdemont y del resto de exiliados por el mismo delito. Entonces, cómo se puede mantener la acusación contra unos consejeros por unos actos colegiados de un Gobierno y no perseguir al Presidente, su máximo responsable?

De manera contundente, se puede afirmar que en España hay presos políticos. Así lo ven los Tribunales de los Estados europeos con más tradición democrática. Por tanto, siguiendo la lógica del presidente Pedro Sánchez, «no se puede decir que en España hay democracia cuando hay presos políticos».

Así que la utilización de espacios públicos para denunciar la existencia de presos políticos mediante los símbolo de los lazos amarillos está plenamente justificada y amparada por la libertad de expresión.

Pero eso no interesa a Ciudadanos, los cuales, instando a la población a retirar lazos amarillos sólo persiguen provocar una respuesta violenta de los soberanistas, la cual, convenientemente amplificada por los medios de comunicación españoles, justificaría la represión y, quien sabe, si la ilegalización de los partidos independentistas catalanes.