La brecha entre el 75-80% de los catalanes que defienden el derecho a la autodeterminación de su país, y las élites españolas y los sectores de la sociedad española que no quieren saber nada al respecto, ya era muy grande antes del 14 de octubre.

Pero ese día, cuando el Tribunal Supremo español condenó a nueve líderes políticos y sociales catalanes a un total de 99,5 años de cárcel, lo más probable es que se volviera insalvable.

Tras la sentencia de los dirigentes por su papel en el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, la indignación popular en Cataluña estalló inmediatamente en protestas masivas en las que participaron decenas de miles de personas.

Ocuparon el aeropuerto de Barcelona, bloquearon las principales carreteras, se manifestaron en gran número frente a las oficinas del gobierno español e iniciaron «Marchas por la Libertad» en Barcelona desde cinco ciudades del país.

Todas las organizaciones sociales y deportivas catalanas imaginables, desde el Fútbol Club Barcelona hasta las asociaciones de ajedrez, han emitido declaraciones condenando las sentencias.

En las noches del 15 y 16 de octubre, la policía y pequeños grupos libraron batallas en el centro de Barcelona, mientras el humo salía de los contenedores de basura en llamas.

El 16 de octubre, el primer ministro en funciones del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, apareció en televisión para advertir que las fuerzas de seguridad actuarían «con firmeza, serenidad y proporcionalidad» frente a la violencia.

A su derecha, el líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, exigió la declaración del estado de emergencia en Cataluña, mientras que el líder de  Ciudadanos, Albert Rivera, pidió el fin del autogobierno catalán en virtud del artículo 155 de la Constitución española.

Uno de los principales instrumentos para coordinar estas respuestas es la plataforma Tsunami Democràtic, gestionada de forma anónima por activistas del referéndum del 1 de octubre, y coordinada a través de un canal de Telegram que, en el momento de redactar este informe, había atraído a 300.000 suscriptores.

Castigo sin delito

El veredicto unánime de los siete jueces del Tribunal Supremo que han desencadenado esta ola de protestas aún en expansión fue que nueve líderes catalanes –siete antiguos consejeros y líderes de movimientos sociales, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart– fueron culpables de «sedición» en la preparación del referéndum del 1 de octubre.

Por este crimen del siglo XVIII, largamente borrado de los códigos penales de muchos otros estados europeos, fueron sentenciados a penas de prisión que van de 9 a 13 años.

La sentencia más dura fue la del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras como «líder de la sedición». Los exconsejeros Raül Romeva (Asuntos Exteriores), Dolors Bassa (Asuntos Sociales) y Jordi Turull (consejero de Presidencia) vinieron a continuación con 12 años: junto con Junqueras también fueron declarados culpables de «malversación».

La expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, fue condenada a 11,5 años de cárcel por permitir que la Cámara votara sobre la ley de habilitación del referéndum, después de que el Tribunal Constitucional español le ordenara que no lo hiciera.

La «sedición» del exconsejero del Interior catalán Joaquim Forn (11,5 años) consistió en socavar la capacidad de la policía catalana para entregar y hacer cumplir las órdenes de los tribunales estatales españoles.

El exconsejero de Territorio, Josep Rull, ha sido declarado culpable de negar a un barco de la Guardia Civil española las instalaciones de amarre y de poner a disposición de los ciudadanos edificios públicos como centros de votación.

En cuanto al presidente de Òmnium Cultural, Cuixart, y al expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, Sànchez, su «sedición» quedó demostrada por el hecho de que habían convocado manifestaciones contra los registros de la Guardia Civil e instado a la gente a defender los centros de votación contra los intentos de la policía y la Guardia Civil de confiscar las urnas.

Junto a estos nueve, que ya llevan dos años en prisión preventiva, el tribunal declaró a los exconsejeros Carles Mundó (consejero de Justicia), Santi Vila (Empresa) y Meritxell Borras (Educación) culpables de «desobediencia», multándolos con 60.000 euros a cada uno y prohibiéndoles presentarse como candidatos a cargos públicos durante 18 meses.

A los nueve líderes encarcelados se les ha prohibido presentarse como candidatos a cargos públicos durante el período de sus sentencias.

¿Por qué este veredicto?

El veredicto es el resultado predecible de las presiones que se ejercen sobre el Tribunal Supremo y su presidente, Manuel Marchena.

La principal presión era que el juicio produjera un castigo ejemplar para los dirigentes catalanes. Habían humillado al Estado español organizando con éxito un referéndum unilateral de independencia tras 18 intentos fallidos de negociar un referéndum al estilo escocés con los sucesivos gobiernos españoles.

Una medida de la crueldad de las sentencias es compararlas con las que surgieron del fallido intento de golpe de estado de 1981. El castigo medio para los militares y guardias civiles que intentaron reimponer la dictadura de Francisco Franco fue de seis años de cárcel y las sentencias de los dirigentes catalanes han sido de 8,3 años de media.

Los jueces del Tribunal Supremo estaban haciendo el trabajo que les había encomendado el anterior gobierno del PP de Mariano Rajoy.

Según un mensaje filtrado de WhatsApp de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, su Segunda Cámara, que conocía el caso, el Tribunal estaba controlado «por la puerta trasera».

De ninguna manera sus jueces, ni siquiera su minoría «progresista», iban a declarar a los dirigentes catalanes inocentes, o culpables sólo de desobediencia (que no conlleva pena de cárcel).

No hubo ‘rebelión’

Sin embargo, las duras sentencias que el tribunal ha impuesto tienen que ser defendibles por ley, no sólo dentro de España, sino especialmente ante un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2018 confirmó nueve de cada diez apelaciones contra las decisiones de los tribunales españoles.

Esta presión para encontrar una base legal plausible para su decisión significó que los jueces tuvieron que descartar la acusación de «rebelión» contra los líderes catalanes.

Esta acusación fue presentada originalmente por el juez de instrucción Pablo Llarena y fue respaldada por la fiscalía general española y la «acusación popular», el partido de ultraderecha Vox (la «acusación popular» es una institución española diseñada originalmente para permitir la representación de la comunidad o del interés público).

La retirada de la acusación de «rebelión», que la mayoría de los juristas españoles ya habían declarado inaplicable, fue también probablemente el precio de un veredicto unánime entre jueces de diferentes temperamentos políticos.

También era un imperativo político. Ayudará a Pedro Sánchez a mantener el mito de que España es un «Estado de derecho» con un poder judicial independiente y también ayudará a la Unión Europea y a sus Estados miembros, temerosos de cualquier amenaza catalana al statu quo de la UE, a mantener la misma ficción.

En los días posteriores al veredicto, portavoces de la Comisión Europea y del Gobierno británico repitieron robóticamente la misma postura de Madrid.

Atrapados en contradicción

Sin embargo, la caída de la «rebelión» tiene un precio, porque toda la visión patriótica española del referéndum del 1 de octubre, desde el punto de vista del rey Felipe, es que fue un ataque deliberado y rebelde a la Constitución.

Sensibles a la angustia que causaría su veredicto a prueba de apelación, los jueces dedicaron unas 200 páginas de la sentencia de 493 páginas a los argumentos contra la «rebelión».

Sin embargo, al adoptar la «teoría de la sedición», los jueces caen en una dolorosa contradicción.

Su decisión dice, por ejemplo, que el 1 de octubre no fue una violencia «preconcebida, deliberada y funcional» para conseguir la separación de Cataluña del Estado español, sino más bien un intento de presionarlo en las negociaciones.

«Los ciudadanos sobreexcitados que creían que el resultado positivo del llamado referéndum conduciría al esperado horizonte de una república soberana no eran conscientes de que el derecho a decidir se había convertido en un derecho atípico a ejercer presión».

Pero si ese argumento es válido contra la «rebelión», ¿cómo no lo es también contra la «sedición»? La única diferencia en la legislación española es que la «rebelión» es un delito contra la Constitución y la «sedición» un delito contra el orden público.

La respuesta de los jueces fue sofocar la contradicción de los escabrosos relatos ficticios de los acontecimientos de 2017. Éstos se basan en las pruebas bien ensayadas de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil españolas, a los que Marchena «salvó» del contrainterrogatorio de la defensa, respaldado por pruebas visuales, durante el juicio.

En su decisión, son las enormes manifestaciones pacíficas y las protestas no violentas de 2017 las que se convierten en «sedición». Esta sentencia abre la puerta a cualquier actividad de protesta, como los piquetes sindicales o los intentos organizados de frenar los desalojos, que se pueden considerar «sediciosos».

En una entrevista el 16 de octubre en el diario catalán Ara, Jordi Sànchez dijo: «La sentencia miente inequívocamente. No especifica ningún detalle de la supuesta estrategia de sedición. Ni una reunión confirmada, ni un correo electrónico, sólo declaraciones en actos públicos de la ANC y la convocatoria de manifestaciones.

La hostilidad de los jueces del Tribunal Supremo hacia nosotros los ha traicionado. Su animosidad hacia nosotros se ha filtrado en la sentencia en forma de declaraciones falsas para justificar las penas de prisión».

Ofensivas lanzadas

La sentencia también ha sido la señal para nuevas ofensivas de ambos bandos en la lucha estatal catalano-española.

El poder judicial español prohibió inmediatamente que los líderes catalanes condenados se presentaran a las elecciones generales del 10 de noviembre y el juez Llarena volvió a emitir una orden de detención europea para la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont desde Bélgica.

El gobierno del PSOE lanzó una ofensiva para persuadir a otros países del carácter inmaculado del sistema jurídico español. Los miembros del gabinete con idiomas extranjeros se pusieron a disposición para entrevistas en los canales internacionales que quisieran.

Por el lado catalán, el enorme y creciente tsunami de protestas masivas comenzó a rodar.

Todo esto a tres semanas de las elecciones generales españolas, en las que Cataluña tendrá un protagonismo como nunca lo ha tenido antes. En palabras de Jordi Sànchez: «Creen que acabarán con los sentimientos de la gente decapitando a aquellos que creen que son los líderes del proceso. Está teniendo el efecto contrario.»

Dick Nichols es el corresponsal europeo de Green Left Weekly, residente en Barcelona. Una actualización detallada de este artículo aparecerá pronto en el sitio web de Links – International Journal of Socialist Renewal.

Fuente: Green Left Weekly