El próximo 7 de abril el Tribunal Supremo decidirá si archiva o no varios casos vinculados con «la justicia universal», es decir, la competencia de los jueces de la Audiencia Nacional para investigar delitos de lesa humanidad cometidos fuera del territorio nacional. Se trata de las investigaciones por el ataque a la llamada Flotilla de la Libertad que el ejército de Israel llevó a cabo el 31 de mayo de 2010; el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador y la investigación a siete militares que formaban parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile por secuestrar, torturar y asesinar al funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria el 14 de julio de 1976.

De momento, parece que la causa que impulsa el Foro por la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, que Juan Carrero promovió, no le ha llegado el turno de un pronunciamiento tan definitivo, si bien desde que el gobierno de Rajoy prácticamente acabó con la jurisdicción universal española, el caso que investiga el juez Fernando Andreu (que en febrero de 2008 emitió un auto con orden de arresto contra cuarenta máximos cargos del régimen ruandés de Paul Kagame) está en punto muerto. Y ello a pesar de que fueron asesinados nada menos que nueve españoles y que las imputaciones se refieren a los crímenes más masivos y graves posibles: de genocidio, de guerra, de terrorismo …

Pero para este mallorquín de adopción, esta causa es sólo la faceta o vía judicial de un proceso más amplio, no violento pero nada etéreo, que él mismo inició hace ya dos décadas. «Un proceso que -como explica Carrero- aspira, sobre todo, a aclarar la verdad del conflicto que, según el antiguo fiscal del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, ha provocado el mayor número de víctimas desde la Segunda Guerra Mundial; la verdad de un conflicto que, disfrazado de étnico, «forma parte de un plan de dominación de Eurasia y África y del control de sus recursos, ante China y Rusia principalmente, plan que expone muy explícitamente el principal ideólogo de las élites financieras norteamericanas, Zbigniew Brzezinski», explica Carrero.

Legitimación moral

«La llamada ‘legitimación moral’ puede parecer algo mucho más débil que el poder financiero y que la fuerza militar, pero a la larga puede llegar a ser más determinante que estos». Por ello, cree el activista, es muy importante desenmascarar.

El objetivo fue, ya desde la invasión de Ruanda por Uganda en octubre de 1990 (es decir, cuatro años antes del genocidio ruandés de abril-junio de 1994), el saqueo de los inmensos recursos del Congo (oro , diamantes, coltán, casiterita, cobre, cobalto, agua, selva tropical …). «El genocidio ruandés fue responsabilidad al cien por cien de los Estados Unidos y del Reino Unido». Así de claro lo afirmó el ex secretario general de la ONU Boutros Boutros Ghali. Por estas denuncias fue defenestrado poco después de su cargo.

Como unos años después lo fue, igualmente por motivos similares, la fiscal del TPIR (Tribunal Penal Internacional para Ruanda), Carla del Ponte. Desde entonces, la ONU hace un papel de comparsa en la zona. Papel cómplice, como ya lo fue en la época del asesinato del primer ministro Patrice Lumumba.

«Pero ahora hablamos de algo mucho mayor, comparable sólo a los masivos crímenes cometidos anteriormente por Leopoldo II: hablamos del asesinato de cuatro presidentes y de muchos millones de víctimas sin nombre», recuerda. En octubre de 2010 el informe Mapping de la Comisión de Derechos Humanos de la propia ONU reconocía al fin que el asesinato de cientos de miles de hutus en el este del Congo a manos de los ejércitos de Ruanda, Uganda y Burundi a partir de octubre de 1996 podría constituir genocidio.

Es lo que Juan Carrero denunciaba ya a principios de 1997 (en el mismo momento en que se realizaban tales crímenes), con un ayuno de cuarenta y dos días en el Parlamento Europeo y con cartas a Bill Clinton y al Consejo de Ministros de la UE, cartas firmadas por casi una veintena de premios Nobel y por todos los grupos del Parlamento Europeo. Pero, paradójicamente, como comenta Juan, «la ONU no sólo no ha movido un dedo para que los responsables de estos crímenes sean juzgados por tribunales independientes, sino que se dedica a lavar la imagen de Paul Kagame, el criminal de masas que provee Occidente, a precios irrisorios, del preciado coltán expoliado en el Congo, indispensable para fabricar componentes electrónicos avanzados; Ban Ki Moon llegó a llamarlo ‘héroe’ y colocarlo junto a Zapatero en la presidencia de los Objetivos del Milenio «.

Más tarde, para desactivar la causa Ruanda-Congo, la ONU acusó a Juan de financiar a los supuestos genocidas hutus que operan en el Congo desviando 50.000 euros destinados a una casa de acogida para algunas decenas de los muchos cientos de miles de mujeres violadas en este terrible conflicto. El País y Público publicaron en primera página tales acusaciones, basadas en correos electrónicos suyos referentes a esta subvención de 50.000 euros.

Curiosamente, los cinco expertos elegidos por Ban Ki Moon que firmaban tal documento se «olvidaron» de publicar los correos posteriores en que el Gobierno de las Islas Baleares denegaba esta subvención y, por tanto, el dinero nunca existió, y mucho menos ninguna financiación irregular a ningún grupo por parte de Carrero. Todo este complot quedó revelado cuando el diario 20minutos publicó cinco cables de Wikileaks que dejaban en evidencia la farsa. Y es que Juan Carrero es uno de los pocos mallorquines que salen en Wikileaks. Sus movimientos interesan y mucho a EEUU, porque denuncia una y otra vez el expolio del Congo con la cobertura de las multinacionales occidentales.

Boicot

Pero el boicot a las graves y fundadas denuncias de Juan se remonta a febrero de 1997: el día que Juan entregaba en Bruselas al ministro ibicenco Abel Matutes dichas cartas, se acercó a él la corresponsal de TV1 a pedirle disculpas porque se le había prohibido filmar cualquier imagen de este encuentro. Después llegó el boicot a su candidatura al Nobel de la Paz y el llamado Nobel alternativo, concedido también en el Parlamento noruego y dotado con una buena cantidad de coronas noruegas. Como le confesó el investigador para la concesión de este premio, que pasó tres días en Estellencs haciendo todo tipo de indagaciones, ya que la candidatura de Carrero estaba al frente de muchas otras, las grandes ONG de derechos humanos con sede en Londres querían que estas candidaturas no prosperasen. O, mejor dicho, como Juan aclara, «fueron los sectores dominantes dentro ellas las que consiguieron que no prosperasen, ya que algunos responsables internacionales de Amnistía Internacional, por ejemplo, firmaron mi candidatura al Nobel» … Y añade: «Especialmente Human Rights Watch deberá responder ante la historia de su nefasto papel en la imposición de la versión oficial sobre el genocidio ruandés y el innoble funcionamiento del TPIR».

Ahora, Carrero espera que su causa, que instruye la Audiencia Nacional, no muera gracias a las reformas legislativas que quieren acabar con la justicia global practicada desde España, y que precisamente «una futura reforma de un gobierno decente vuelva a dejar a jueces del nivel de Andreu poder profundizar en el esclarecimiento de la verdad y en la persecución de los genocidas»… leer pdf diario ara