El conflicto, provocado por la delegada del Gobierno en Madrid, de prohibir la exhibición de banderas esteladas en la final de la Copa del Rey, ha dejado en evidencia el profundo déficit democrático que todavía sufre España. Y, el gran problema es que, este déficit, afecta a los principales estamentos que conforman un estado democrático.

El primero es el gubernamental. Fue, ni más ni menos que la representante del Gobierno en la Comunidad de Madrid quien ordenó a las fuerzas de orden público la retirada de las banderas esteladas, en un claro atentado a la libertad de expresión. La arbitrariedad de la medida fue agravada por los argumentos esgrimidos por la Delegación del Gobierno de prohibir «símbolos que inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos o terroristas», con la clara intención de criminalizar al movimiento soberanista de Cataluña, el cual se ha caracterizado por su civismo y transversalidad. A estas alturas, después de que un juez declarara la ilegalidad de la medida, el Gobierno no ha pedido disculpas, ni se ha producido ninguna dimisión ni cese en asunción de responsabilidades políticas por una decisión tan antidemocrática.

El segundo estamento a tener un comportamiento tan indigno ha sido el de los medios de comunicación, otro pilar fundamental en un estado de derecho. La retransmisión televisiva de Tele 5 ignoró completamente la mitad del estadio, el de la afición barcelonista. Prácticamente, no se vio ni una sola bandera estelada, mostraron planos en los que sólo salían las banderas más convencionales. No sólo eso, sino que también se silenció la sonora pitada que buena parte del público dedicó al himno nacional español. Pero, además, la gran mayoría de periódicos y de revistas que se publicaron a partir del día siguiente, intencionadamente, también escondieron las esteladas y minimizaran la pitada al himno. Así, las protestas de la afición azulgrana fueron portadas de los diarios más importantes del mundo, pero fueron escondidas a los ciudadanos del Estado español.

Y, finalmente, un tercer estamento ha quedado, una vez más, en evidencia: la intelectualidad española. Periodistas, tertulianos y articulistas han callado miserablemente o han justificado, tanto la arbitraria orden de la delegada del Gobierno, como el tratamiento mediático de la gran mayoría de los medios de comunicación. Sólo unos pocos han criticado esa decisión política, y aún no lo han hecho por su contenido antidemocrático, sino por el error que, según ellos, ha atizado el independentismo en Cataluña.

En definitiva, hace unos años que en Cataluña está creciendo vertiginosamente el independentismo, hasta el punto de que la mayoría absoluta del Parlamento es independentista y casi tres cuartas partes del electorado es partidaria de la celebración de un referéndum de autodeterminación. Y, en vez de analizar las razones de este fenómeno, de determinar si existen causas de peso que la impulsen y, en su caso, tomar medidas para intentar que la población de Cataluña esté cómoda dentro de España, el Gobierno del Estado prohíbe, reprime y criminaliza las manifestaciones independentistas; los medios de comunicación las ocultan o manipulan; y los intelectuales callan o justifican la represión. Buena manera de intentar resolver un problema.

Así que, un Estado en el que su gobierno actúa de manera antidemocrática, los medios de comunicación manipulan y los intelectuales justifican o callan, este Estado tiene un buen problema.