«Ya has firmado contra los catalanes?»
ANÓNIMO POPULAR

El 30 de septiembre de 2005, el Parlament de Catalunya aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía. Todos los grupos políticos catalanes menos el PP Catalán le dieron apoyo. En noviembre del mismo año, el Estatuto fue tomado en consideración por el Congreso de los Diputados y lo recortó sustancialmente (lo he raspao y lo he dejao más limpio que una patena. Alfonso Guerra dixit). A pesar del recorte de artículos importantes, el 18 de junio de 2006 el pueblo de Catalunya lo ratificó en referéndum con el 74% de los votos. Inmediatamente el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad y, al mismo tiempo, inició una campaña de recogida de firmas por todo el Estado en contra del Estatuto.

Esta es la génesis del conflicto que algunos llaman «el problema catalán». Y es el primer paso dado hacia la judicialización de las relaciones entre España y Catalunya, las que se habían resuelto por la vía política en el Parlament de Catalunya y en las Cortes Generales, con la posterior ratificación por el pueblo en referéndum, tal como establece la Constitución española.

El segundo gran error fue la admisión a trámite del recurso por el Tribunal Constitucional. Según destacados juristas, como el catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo, el alto tribunal nunca debería haber admitido a trámite el recurso ya que se habían cumplido todos los preceptos constitucionales. Finalmente, el 27 de junio de 2010 el Tribunal Constitucional emitía la sentencia que anulaba 14 de los artículos más importantes. Paradójicamente, algunos Estatutos de Autonomía tramitados posteriormente tienen artículos vigentes calcados de los anulados por el Constitucional.

A partir de la sentencia del Constitucional, se han ido sucediendo en Catalunya las grandes movilizaciones ciudadanas, los acuerdos parlamentarios y las iniciativas gubernamentales que reclaman dialogar con el Gobierno español. Hasta que llegamos al primero de octubre de 2017, en que se celebró el referéndum de autodeterminación con una gran participación ciudadana, reprimida violentamente por la policía española.

El resultado es que en el año 2010 en Catalunya únicamente el 15% de los electores votaban opciones independentistas y hoy ya son el 52%, lo que les permite disponer de una amplia mayoría absoluta en el Parlamento.

Por desgracia, Mariano Rajoy persistió en el error de dejar en manos de los jueces la solución de un problema estrictamente político. De este modo, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, compuestos por magistrados mayoritariamente conservadores, han seguido echando leña al fuego con unas terribles sentencias contra los miembros del Gobierno de Catalunya y los líderes de las principales entidades civiles. Ni la presidenta del Parlament de Catalunya se salvó de la ira suprema por haber permitido debates y tramitaciones parlamentarias, en una clara invasión del poder judicial contra el legislativo.

Con estos antecedentes, es indecente que el PP vuelva a anunciar una campaña contra los indultos a presos catalanes: recogidas de firmas, mociones en los ayuntamientos, manifestaciones con los partidos de extrema derecha…, que atizan aún más el odio y el anticatalanismo. Sólo demuestran una falta absoluta de escrúpulos para conseguir el poder. Dicen defender a España, pero la odian. Odian su diversidad, su riqueza cultural y lingüística, su pluralidad…

Pero no es menos indecente la postura de los barones del PSOE que se han pronunciado contra los indultos. Gente responsable o condenada por terrorismo de Estado y por malversación, que un día disfrutaron de un indulto. Tanto los unos como los otros sería mejor que se callaran.