Millones de catalanes a favor de la independencia están solos. Europa les ha dado la espalda, violando el derecho internacional fundamental, que afirma el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos.
Los representantes políticos separatistas han criticado la política de la UE, que ignora los derechos de los catalanes y silencia la cruel represión de Madrid, deponiendo y encarcelando ilegalmente a sus representantes.
La abnegada alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, dijo: «lo que me sorprende es que a Europa le importa un comino. El estado español está violando derechos y libertades fundamentales. ¿No son esos los principios fundadores de la UE?
Otros separatistas sienten lo mismo. El coordinador de Girona de la independentista Asamblea Nacional Catalana, Adam Bertran, dijo que «esperábamos una Europa de valores democráticos, una Europa que defendiese los derechos humanos, defendiese la no violencia y defendiese a sus ciudadanos en lugar de sus instituciones».
«Pero lo que hemos visto hasta ahora es complicidad silenciosa con España», colusión deplorable con la represión fascista.
Sin una presión internacional de apoyo, principalmente de Europa, el primer ministro Rajoy continuará operando extrajudicialmente.
La única solución es el diálogo y el compromiso, junto con poner fin a la represión del régimen, reinstalar a los representantes catalanes, liberar a los encarcelados y retirar todas las acusaciones inaceptables.
De lo contrario, las tensiones se mantendrán elevadas y las cosas probablemente empeorarán más, incluidas otras partes de España que desean separarse de Madrid.
Durante la noche pasada, en comunidades catalanas fueron incendiados automóviles y contenedores públicos, se informó de múltiples incidentes. Fueron afectadas las instalaciones eléctricas.
Hasta el momento, los autores son desconocidos, posiblemente matones de derecha que intentan intimidar a los separatistas. Probablemente habrá más incidentes.
El lunes, en un artículo de opinión en The Guardian de Londres, el depuesto presidente Puigdemont calificó Cataluña como «el único territorio de la Unión Europea al que se le ha denegado la ley suprema por la que votaron sus ciudadanos, el parlamento elegido por sus ciudadanos, el presidente que este parlamento eligió y el gobierno que este presidente nombró en el ejercicio de sus poderes».
Al deponer a los representantes catalanes y disolver su parlamento, Madrid ha actuado «de una manera arbitraria, antidemocrática e ilegal… interviniendo nuestro autogobierno y las instituciones que los catalanes han estado construyendo en nuestra nación durante siglos».
«Ha cometido una brutal ofensiva judicial para provocar el encarcelamiento masivo y la criminalización de candidatos que promovían ideas políticas que, hace apenas dos años, obtuvieron niveles históricamente altos de apoyo público».
¡De eso se supone que se trata la democracia! El apoyo más abrumador el 1 de octubre: una mayoría de más del 90% para la independencia de España por referéndum, empañada por la violencia del estado policial ordenada por Madrid.
Descartar y prohibir el gobierno electo democráticamente en Cataluña constituye un alto crimen contra los principios del estado de derecho: Europa es cómplice del silencio y da su apoyo, y esto se ha de condenar.
Las acusaciones falsas contra los representantes catalanes incluyen irregularidades flagrantes, dijo Puigdemont, asegurando procesos judiciales injustos contra ellos, declarados culpables por simple acusación.
«Ningún crimen cometido en nombre de la unidad del país será enjuiciado jamás: ni las violaciones del secreto de la correspondencia postal, ni las repetidas restricciones al derecho a la libertad de expresión, ni el bloqueo de sitios web sin autorización judicial, ni los arrestos realizados sin orden judicial, ni la certificación de una brigada de policía fuera de la ley para perseguir ilegalmente a los líderes políticos independentistas y la izquierda española», subrayó Puigdemont.
«Defenderemos nuestros derechos hasta el final», concluyó. El futuro de España está en juego.
El estado de derecho en el país está muerto. Hará falta una convulsión nacional para revivirlo.