El líder fue derrocado por los paracaidistas franceses, detenido y enviado a los Países Bajos.

El ex presidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo está siendo juzgado en Holanda casi cinco años después de ser derrocado por los paracaidistas franceses con el apoyo de los Estados Unidos.

Gbagbo había desafiado a la derecha de París que apoyó al actual líder Alassane Ouattara, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) y querido por el imperialismo, para instalar un líder en el Estado de África Occidental. Costa de Marfil es el mayor productor del mundo del cacao y contiene yacimientos significativos de petroleo y gas natural en la costa.

Se realizaron numerosos esfuerzos por parte de la Administración de Gbagbo para resolver la controversia que rodea a las elecciones nacionales de 2010. No obstante, París, con el respaldo de Washington y sus aliados de la Comunidad Económica Regional de los Estados de África Occidental (CEDEAO), rechazó las tentativas de paz y un recuento de los votos.

Estos elementos decidieron derrocar a Gbagbo y a su partido político del poder y en consecuencia hicieron un gran esfuerzo para organizar el golpe de Estado que instaló a Ouattara. En la actualidad Costa de Marfil es aclamado por Occidente como un éxito debido a la mayor penetración de su economía por los países imperialistas.

Gbagbo se declara no culpable de cuatro cargos graves, incluyendo asesinato y violación que habría llevado a cabo a través de sus partidarios y bajo sus directivas durante los enfrentamientos que dieron lugar a 3.000 muertes después de las diferencias surgidas en los últimos resultados de la elección presidencial de 2010. Los fiscales de la CPI en sus argumentos de apertura del mes de enero dijeron al tribunal que Gbagbo desató la violencia contra sus partidarios a fin de permanecer en el cargo.

La defensa sostiene que hay una motivación política para el juicio

Los abogados de los acusados, entre los cuales también se encuentra la ex primera dama Simone Gbagbo y el líder de la juventud Charles Ble Goude, hacen hincapié en el papel de Francia respecto a la incapacidad de Costa de Marfil para resolver sus propios problemas internos. Esto se debe a que fueron operativos militares franceses los que detuvieron al ex presidente en su residencia improvisada, lo que supone un desafío para el carácter de la CPI que tiene su sede en La Haya.

La primera dama Simone Gbagbo fue juzgada en 2014 y condenada a veinte años de prisión por las autoridades de Costa de Marfil bajo el mandato de Ouattara. Ningún miembro del partido de Ouattara, la Alianza de los Republicanos (RDR), ha sido acusado ​​por los fiscales de la CPI o los fiscales de Costa de Marfil.

La abogada de la defensa Jennifer Naouri ha dicho que «Laurent Gbagbo buscó continuamente soluciones a la crisis post-electoral proponiendo, por ejemplo, que los votos fueran contados de nuevo. Ouattara no estuvo de acuerdo con esto». (Reuters, 1 de febrero)

Los partidarios de Gbagbo en Costa de Marfil e internacionalmente han señalado la polarización de las actuaciones. Después del aislamiento y la detención de Gbagbo, su esposa y otros líderes clave en abril de 2011, las naciones occidentales reconocieron inmediatamente a Ouattara como el «jefe de Estado legítimo» en Abiyán. Esta misma política prosigue a pesar de que Gbagbo mantiene un soporte tremendo en el interior de Costa de Marfil.

En la apertura del juicio, cientos de miembros y amigos de Gbagbo estuvieron presentes en la Corte. Muchos llevaban camisetas con la imagen de Gbagbo pidiendo su liberación de la prisión en los Países Bajos.

Naouri destacó que «Gbagbo nunca será capaz de desprenderse de la imagen de nacionalista anti-francés que le han atribuido los partidarios de Alassane Ouattara. El establishment francés nunca lo ha aceptado.» (Reuters)

Gbagbo comenzó su carrera como académico de formación después de haber ganado un doctorado en Historia. Fue proscrito de su docencia y encarcelado en 1971 por dar supuestamente una conferencia de forma «subversiva».

Era de izquierdas ideológicamente y se convirtió en un organizador sindical entre los educadores durante la década de 1980. Gbagbo se opuso al primer líder marfileño, el presidente Félix Houphouët-Boigny, un protegido del neocolonialismo francés que gobernó el país durante tres décadas.

En 1982 Gbagbo se exilió a Europa volviendo en 1988 sólo para ser encarcelado de nuevo en 1992. En 1982 creó el Frente Popular Marfileño (FPI). Gbagbo asumió el poder mediante un proceso electoral acompañado de un levantamiento popular en el año 2000. Gobernó el país hasta que fue derrocado el 11 de abril de 2011.

El juicio de la CPI tiene lugar mientras la cumbre de la Unión Africana empieza en Etiopía

Este juicio tiene lugar en medio de una creciente controversia dentro de la Unión Africana (UA) y otras fuerzas no gubernamentales sobre el carácter de la CPI y su única preocupación por el secuestro y persecución de dirigentes africanos. Gbagbo es el más alto cargo político oficial que ha sido juzgado por el tribunal que se estableció a través del Estatuto de Roma en 2002.

Un caso contra el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, se derrumbó en 2015 después que la credibilidad de los testigos de cargo ante la CPI fue recusada con eficacia. Su vicepresidente William Ruto está todavía inmerso en una batalla legal con los fiscales de la Corte liderados por la gambiana Fatou Bensouda.

A Kenyatta se le opusieron activamente Estados Unidos y Gran Bretaña cuando ganó las elecciones en 2013. Tanto el gobierno británico como el de Estados Unidos bajo el primer ministro David Cameron y el presidente Barack Obama formularon amenazas contra Kenia diciendo que habría consecuencias si Kenyatta ganaba las elecciones.

En la cumbre del 50 aniversario de la Unión Africana en Etiopía en mayo de 2013, las críticas generalizadas a la CPI y su falta de reconocimiento de la soberanía de los Estados de África suscitó peticiones de retirada del Estatuto de Roma. Numerosos Estados de África no han firmado el acuerdo y consideran que no están obligados por sus convenciones.

Aunque Estados Unidos y otros estados europeos no reconocen la supuesta autoridad de la CPI, las capitales occidentales utilizan las acciones de la Corte que a menudo se fusionan con los imperativos de la política exterior de Washington, Londres, París y Bruselas. En Libia, por ejemplo, cuando el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la OTAN y sus aliados buscaron un fundamento legal para el masivo bombardeo del Estado de África del norte, la CPI rápidamente acusó al ex líder Muamar el Gaddafi, a miembros de su familia y a otras autoridades de la época.

De acuerdo con el periódico The Guardian del 1 de febrero en referencia específica a la 26ª cumbre ordinaria de la UA celebrada el 30-31 de enero en Addis Abeba, «miembros de la Unión Africana han respaldado una propuesta de Kenia para impulsar la retirada de la Corte Penal Internacional, repitiendo afirmaciones de que apunta injustamente al continente. El presidente de Chad, Idriss Deby, que fue elegido presidente de la Unión Africana en la cumbre de dos días de Addis Abeba, criticó a la Corte por centrar sus esfuerzos en los líderes africanos.

Deby dijo que «en otras partes del mundo, suceden muchas cosas, muchas violaciones flagrantes de los derechos humanos, pero nadie se preocupa». De los nueve países objeto de la CPI solo uno no está en África, Georgia, una nación que formaba parte de la ex Unión Soviética.

Otro abogado de la defensa de Gbagbo, Emmanuel Altit, dijo a la CPI durante la audiencia del 1 de febrero que «Ouattara y sus partidarios querían tomar el poder por la fuerza y ​​la batalla de Abiyán fue, simplemente, la propia ejecución de esta estrategia. Esto no es más que una narrativa política que ha sido calentada y vuelto a servir».

El imperialismo occidental ignorado por la CPI

A pesar de los flagrantes crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por los estados imperialistas, como la destrucción de Irak, Siria, Libia, Yemen, Sudán, etc., ninguno de estos líderes han sido investigados o procesados ​​por la CPI. En la actualidad el mundo está sufriendo los más altos niveles de desplazamiento desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial.

Unos 60 millones de personas se han convertido en desplazados internos, refugiados y migrantes principalmente derivados de las guerras realizadas por el Pentágono, la OTAN y sus aliados en todo el Oriente Medio, África y Asia meridional y central.

Desde una perspectiva histórica, de entre todo el antiguo comercio de esclavos y los estados  coloniales, incluyendo a Estados Unidos y a muchos países de la OTAN, ninguno ha pagado indemnizaciones a sus antiguos subyugados ni ha sido jurídicamente responsable de siglos de crímenes que cosecharon miles de millones en ganancias y dieron lugar a la muerte de cientos de millones de personas.