Vuelva usted mañana.
MARIANO JOSÉ DE LARRA
El célebre artículo publicado en 1833 por el escritor madrileño retrató los vicios de la sociedad española y los defectos de su Administración, especialmente el de la pereza. Lamentablemente este «Vuelva usted mañana» se ha convertido en un tópico, que ilustra la desidia del funcionario público español en sus relaciones con el administrado. Conozco a un ex político mallorquín, ansioso de emprender reformas para modernizar la Administración, el cual, después de unos años de intentarlo, casi siempre infructuosamente, pronunció un particular teorema que más o menos decía así: «toda acción impulsada en la Administración pública genera una reacción en sentido contrario el doble de la originaria». Seguramente tal teorema resulta exagerado, pero retrata la resistencia a los cambios de los funcionarios, especialmente del alto funcionariado, ilustrado de manera genial por las series británicas «Sí, ministro» y «Sí, primer ministro».
Pero no es el vicio de la pereza en la Administración al que me quería referir hoy, sino a otro del que ya he hablado en otras ocasiones: el autoritarismo en algunos funcionarios públicos. Me servirán dos ejemplos que se han producido en los últimos días del año. El primero, «un policía nacional abuchea a una concejala de Ibiza por dirigirse a ellos en catalán»: «cómo se le ocurre hablar en catalán a la policía».
El segundo caso es el de una mujer valenciana embarazada que, ante el peligro de perder el hijo, acudió a urgencias en el Hospital Clínico de Valencia y la médica de guardia le pidió que le hablara en castellano. El caso me recuerda el revuelo de buena parte de los sanitarios de Baleares que protestaron airadamente cuando el Gobierno de las Islas Baleares aprobó los requisitos lingüísticos para acceder a una plaza en la Administración, aunque, en el caso de los sanitarios, la exigencia casi se reducía al conocimiento oral de la lengua catalana.
Podríamos citar cientos de casos similares, en todos los ámbitos, la administración de Justicia sería otro, pero todos tienen un denominador común: el autoritarismo del funcionario que lo practica. Un pensamiento que tiene unos orígenes ancestrales, de épocas no democráticas. Así, tales funcionarios, seguramente una minoría, afortunadamente, no se sienten servidores públicos, obligados a intentar resolver los problemas de los administrados, sino que se sienten superiores, dotados de una autoridad que interpretan mal pensando que les otorga el derecho de vejar a los ciudadanos, a los que consideran inferiores.
Tal comportamiento, especialmente en cuanto a la exigencia de hablar castellano, por mucho que en nuestro caso la lengua catalana sea igualmente oficial y, además, calificada de «propia de las Islas Baleares» por el Estatuto de Autonomía, ha sido espoleado por «las tres derechas» que constantemente pescan votos en el anticatalanismo que día a día crece en las Españas.
Y, aunque algunos de estos funcionarios lleven galones, o lleven armas con las que amenazan con volvernos a fusilar, sería bueno recordarles que son servidores públicos, pagados con nuestros impuestos. Y que la valentía no consiste en abusar de los débiles sino en defenderlos de los abusadores. Igualmente, es imprescindible que la defensa de los derechos de los ciudadanos no sea únicamente una cruzada particular de los más concienciados, sino que los gobiernos actúen con contundencia en la defensa de los derechos de los ciudadanos castigando de manera ejemplar a los infractores.