All For Rwanda expresa su más profunda preocupación, y condena con la mayor firmeza las masacres de civiles que se están produciendo actualmente en varias localidades del territorio de Rutshuru, en la República Democrática del Congo (RDC), perpetradas por elementos del M23-AFC, con el apoyo militar de las Fuerzas de Defensa de Ruanda (FDR).

Según la información facilitada por la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (BCNUDH), al menos 169 civiles fueron asesinados entre el 9 y el 14 de julio de 2025 en ataques deliberados contra agricultores hutus que habían regresado a sus campos tras una promesa de seguridad emitida por el M23. Estas personas fueron rodeadas, ejecutadas a tiros o con armas blancas, y sus cuerpos abandonados en ríos y zonas agrícolas. Esta información está corroborada por testimonios recogidos a nivel local, en particular por el Colectivo de Víctimas de la Agresión Ruandesa (CVAR), que habla de más de 200 civiles asesinados durante el mes de julio en las agrupaciones de Binza, Kiseguro, Katwiguro, Kasave, Nyabanira y Nyamilima.

Entre las víctimas también se encuentran numerosos refugiados hutus ruandeses, instalados en esta región desde 1994, que viven hoy en condiciones de gran vulnerabilidad. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimaba oficialmente su número en 201.238 en junio de 2025, aunque reconocía que esta cifra estaba muy por debajo de la realidad. Nuestras estimaciones lo elevan a más de 500.000 personas, incluyendo a los no registrados, apátridas o obligados a vivir con una identidad falsa para escapar de las represalias.

Estos crímenes no son aislados ni accidentales. El informe final del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la República Democrática del Congo (4 de junio de 2024) estableció que: «El M23 y las Fuerzas de Defensa de Ruanda (FDR) han atacado específicamente localidades habitadas mayoritariamente por hutus (…), como las localidades y agrupaciones de Bukombo, Burambo y Nyanzalé, en el cacicazgo de Bwito, y Busanza, en el cacicazgo de Bwisha, territorio de Rutshuru. Se han denunciado numerosas ejecuciones y destrucciones de aldeas (…). Estas formas de castigo colectivo aplicadas a civiles son actos punibles y pueden constituir crímenes de guerra.»

Los elementos observados actualmente –la recurrencia de los ataques, la selección específica por motivos étnicos, la promesa de seguridad seguida de masacres premeditadas, la destrucción de aldeas hutus, la voluntad manifiesta de vaciar ciertas zonas de su población– dibujan una estrategia deliberada de limpieza étnica, o incluso más.

A la luz del derecho penal internacional, estos actos constituyen, como mínimo:

– Delito de guerra (art. 8 del Estatuto de Roma).

– Delito contra la humanidad (art. 7).

– Y podrían cumplir los criterios jurídicos del delito de genocidio (art. 6), en particular si se demuestra que la violencia tiene por objeto destruir, total o parcialmente, a un grupo étnico determinado, en este caso las poblaciones hutus, ya sean congoleñas o refugiadas ruandesas.

Esta situación de extrema gravedad se produce en un momento en que se han despertado esperanzas de paz tras la firma de los acuerdos de Washington (27 de junio de 2025) entre la RDC y Ruanda, y el compromiso del M23-AFC en el proceso de Doha. Sin embargo, es ilusorio construir una paz regional duradera ocultando estos crímenes o marginando a las poblaciones que son víctimas de ellos.

All For Rwanda hace un llamamiento solemne:

1. Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Consejo de Seguridad, a la Corte Penal Internacional, a la República Democrática del Congo y a los Estados garantes del proceso de paz para que se abra una investigación internacional independiente sobre las masacres cometidas en Rutshuru.

2. Al ACNUR a que revise inmediatamente su política de exclusión de los refugiados ruandeses, asociándolos a las decisiones que les afectan y garantizando su protección efectiva.

3. A los Estados Unidos, Qatar, la Unión Africana, la SADC y la Comunidad del África Oriental (CAO) a condicionar cualquier avance político o en materia de seguridad al cese de la violencia selectiva y al reconocimiento explícito de la cuestión de los refugiados ruandeses como un reto político central de los procesos de paz.

4. Al Gobierno de Ruanda a entablar un diálogo estructurado con sus ciudadanos en el exilio, condición indispensable para cualquier solución de retorno digna y duradera.

No se puede alcanzar la paz sobre la sangre ignorada de un pueblo exiliado. No puede haber estabilidad sin justicia para las víctimas.

Fuente: All for Rwanda

Foto: Civiles en el territorio de Rutshuru huyendo de un ataque del M23 (AFP – Alexis Huguet)

RDC: La ONU acusa al M23 de la masacre de 169 civiles a principios de julio (africanews, 31.07.2023)