Después de la gran manifestación en Madrid el 15 de mayo de 2011 y de las posteriores acampadas en la Puerta del Sol, surgió el movimiento político llamado 15M, la rebelión de los «indignados», emuladores del best seller de Stéphane Hessel. Debía ser el fin del bipartidismo PP-PSOE, el fin del dominio de los grandes bancos y de las corporaciones que habían provocado la crisis económica y el fin del estado del bienestar. Seis años más tarde, ¿qué ha quedado?
Rajoy se perpetúa en el poder, con la mayoría más raquítica que nunca, pero gobernando como si tuviera mayoría absoluta; los bancos no han devuelto la mayor parte del dinero del rescate, a diferencia del resto del mundo donde se ha exigido la devolución con intereses; las eléctricas siguen marcando la política energética del Estado, poniendo trabas al desarrollo de las energías renovables; las grandes constructoras siguen acaparando la obra pública y, cuando las concesiones no son rentables, la Administración los rescata, y los ex presidentes y los ex ministros nos siguen sermoneando desde sus puertas giratorias. El Gobierno del Partido Popular continúa maquinando para nombrar a jueces y fiscales afines; los grandes medios de comunicación estatales hacen los editoriales al dictado de la Moncloa, y la televisión pública española ha alcanzado un nivel de manipulación como en ninguna otra época de la historia, que ha sido denunciada por los propios trabajadores. La deuda pública estatal ya ha superado con creces el PIB español; el gobierno de Rajoy se ha pulido el fondo de pensiones; las desigualdades sociales crecen; continúan las tasas de paro y la precariedad laboral muy por encima de los estándares europeos. Y constantemente siguen aflorando casos de corrupción del PP. Incluso el partido que gobierna está imputado –ahora se llama investigado– por obstrucción a la Justicia, blanqueo de capitales, contabilidad en negro y pagar en negro la sede electoral de Madrid. El propio presidente del Gobierno y toda la cúpula dirigente han sido acusados en sede parlamentaria por el jefe de los investigadores de cobrar, de manera indiciaria, sobresueldos en negro de su partido. Pero todos ellos continúan en su cargo, eso sí, dando lecciones de defensa de la Ley y de la Constitución.
Por suerte, decían, en España no hay extrema derecha, como está surgiendo en muchos países europeos. Pero eso, también era un espejismo. Guerrillas fascistas campan con toda impunidad por las calles de Cataluña, de Valencia y de Palma, agrediendo a ciudadanos pacíficos y exhibiendo símbolos franquistas y nazis. Se siguen celebrando misas en honor del dictador Franco y la fundación que lleva su nombre recibe subvenciones de las arcas públicas estatales. El TC mantiene en libertad a los agresores en el Centro Blanquerna de la Generalitat de Cataluña en Madrid. Mientras tanto, políticos, tuiteros, cantantes y titiriteros están encerrados en la cárcel.
Pero, todo esto ya es secundario. Cataluña lo tapa todo. Contra Cataluña todo vale. Y al presidente del Gobierno más corrupto de Europa y a su fiscal se les consiente todo, lo dicho hasta ahora y, además, el encarcelamiento y la humillación a los miembros del Gobierno de Cataluña, sin respetar ninguna garantía procesal. Y a Rajoy se le consiente y aplaude que destituya por Decreto al presidente legítimo de Cataluña, lo que atenta gravemente contra el orden constitucional. Un Presidente de Comunidad Autónoma sólo puede ser destituido por una sentencia judicial firme o una moción de censura.
Todos a una, con pocas excepciones, monarquía, partidos políticos, grandes empresas y medios de comunicación estatales han tapado tanta basura con la bandera de España. Pero, sin embargo, el hedor se esparce.