La sentencia del caso NOOS, a pesar de la condena de Urdangarin a 6 años de prisión, ha dejado la sensación de que la Justicia no es igual para todos. Así como la absolución de la infanta Cristina, a la que nadie considera ignorante de los hechos delictivos de su marido, o de la ex-ministra Ana Mato, que tampoco se preguntaba de donde salían los coches del lujo, los viajes y los saraos con que obsequiaban a su marido. Pero, sobre todo, la coincidencia con otras sentencias, absolutamente desproporcionadas en comparación al tratamiento judicial recibido por la familia real o por miembros del PP que están bajo procesos judiciales. El caso del rapero Valtonyc es el más paradigmático: tres años y medio de prisión por hacer una canción crítica con el Rey emérito es un verdadero despropósito judicial. Si añadimos la imputación de algunos miembros del Parlamento de Cataluña y de la Generalitat, como el ex-presidente Artur Mas o el ex-consejero Francesc Homs, nos encontramos con un explosivo cóctel judicial. Y más cuando, estos últimos días, el Gobierno español ha hecho cambios en la Fiscalía a fin de apartar determinados fiscales que investigan cargos del PP, como el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Todo ello, ¡y con razón!, genera la certeza de que la Justicia está politizada e instrumentalizada por el Gobierno español. El Tribunal Constitucional, que debería velar por salvaguardar las libertades que emanan de la Constitución, se ha convertido en una especie de tribunal inquisidor. Y que su presidente haya sido militante del partido del Gobierno no ayuda a preservar la buena imagen de la institución árbitro de la democracia. La situación ha degenerado tanto que los tribunales son más duros con la persecución de las ideas que con la corrupción. Tuitear chistes de Carrero Blanco es considerado delictivo y condenado con prisión. Unos titiriteros en Madrid fueron acusados ​​de apología del terrorismo, afortunadamente han sido absueltos después de un largo proceso judicial y de haber pasado unos días en la cárcel. El último caso, la Fiscalía ha solicitado la imputación de la presidenta y tres miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña para poner en el Orden del Día del Pleno un punto relativo al proceso soberanista. Lo más escandaloso es que la Fiscalía ha excluido a uno de los miembros que votó a favor con el argumento de que su grupo no está a favor de la independencia de Cataluña. De manera descarada, el Fiscal reconoce que pide la imputación no por unos hechos considerados delictivos, sino por las ideas de sus autores.

En definitiva, frente a penas de prisión durísimas por delitos de opinión, nos encontramos con sentencias blandas para los ladrones de guante blanco. Urdangarin, a pesar de la pena de seis años de prisión, puede residir tranquilamente en Suiza mientras espera que la sentencia sea firme en el Tribunal Supremo. Blesa y Rato, que saquearon Bankia y provocaron miles de millones de euros de pérdidas a particulares y a las arcas públicas, han quedado en libertad sin fianza, a pesar de la sentencia que los condena a varios años de prisión. En algunos casos, las leyes son excesivamente blandas con determinados delitos. En otros, es la mentalidad conservadora de determinados profesionales de la Justicia que los hace actuar parcialmente, protegiendo a los poderosos y siendo implacables con los débiles.

La última, el nombramiento de cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que se han repartido entre el PP y el PSOE. ¿Y quieren que este Tribunal Constitucional esté por encima de la voluntad de la mayoría de ciudadanos de Cataluña?