Tuve la oportunidad de formar parte de lo que se conoce como el Pacto de Progreso que gobernó las Islas Baleares la legislatura de 1999 a 2003, bajo la presidencia de Francesc Antich. Desde entonces, no he querido responder a valoraciones o comentarios que se han hecho sobre aquel período de gobierno, ni siquiera los que me pudieran aludir o implicar personalmente, aunque los pudiera considerar inexactos o tendenciosos. Hoy romperé, por una vez, esta pauta de comportamiento. Y lo hago después de que Joan Mesquida haya anunciado presentarse a las próximas elecciones generales como cabeza de lista por Baleares del partido Ciudadanos.
Unas semanas antes de las elecciones autonómicas de 2003, en las postrimerías de la legislatura, el consejero de Educación, Damià Pons del PSM, de acuerdo con el consejero de Función Pública, José María Costa, cerraron un acuerdo con los sindicatos para la homologación salarial de los profesores de las Islas Baleares, lo que suponía un incremento salarial y el abono de las cantidades atrasadas. He aquí, sin embargo, que el consejero de Hacienda, Joan Mesquida, a pesar de los ruegos desesperados del consejero de Educación, se negó a transferir los recursos económicos necesarios para cumplir el compromiso adquirido, alegando una falta de disposición económica. Como consecuencia, el sindicato STEI, muy mayoritario en el sector, la misma semana de las elecciones autonómicas, envió una nota a todos sus afiliados denunciando el incumplimiento del Gobierno. Un tema que afectaba a decenas de miles de funcionarios y sus familias, en un sector en que, según las encuestas, el PSM tenía buena parte de su electorado. Naturalmente, nunca podremos cuantificar el impacto que aquella decisión (no pagar las cuantías pactadas) tuvo sobre los resultados electorales. El hecho es que, en las elecciones del domingo siguiente, el PSM perdió el 25% de los votos, y, lo que es peor, la izquierda perdió la posibilidad de seguir gobernando.
Unos meses más tarde, en el Parlamento, estalló una noticia durante la tramitación de los presupuestos. El portavoz del PSOE, Francesc Quetglas, recriminaba al consejero de Hacienda que los ingresos estaban inflados, ya que no se entendía que se incrementasen tras derogar la ecotasa. La respuesta del consejero Ramis de Ayreflor fue sorprendente: «señor Antich, yo creo que su consejero de Hacienda le engañaba porque Baleares ha recibido 86 millones de euros más de estos ingresos que tenían presupuestados… porque ustedes quisieron crear un fondo de contingencia escondido…». Se trataba de la liquidación del Sistema de financiación autonómica, por el que Baleares recibió 86 millones de euros adicionales, de los que el consejero de Hacienda no informó nunca al resto del Gobierno.
Años más tarde, Mesquida fue premiado con el cargo que acumula más poder de todo el Estado, el mando unificado de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sin embargo, Mesquida hace un año dejó aquel partido que se lo dio todo. Y ahora ha aceptado la oferta de Rivera de encabezar la candidatura en Baleares de Ciudadanos, un partido que ha prometido no pactar con el PSOE («hay que expulsar a Armengol»). Esto significa que, si Ciudadanos gobierna, Mesquida será ministro de Interior de un gobierno de tres partidos que han prometido imponer el castellano, derogar las leyes de normalización de nuestra lengua y derogar el actual sistema educativo. Así, es posible que, de nuevo, Mesquida ponga su granito de arena para que vuelva a ganar la derecha (extrema) en las Islas Baleares, esta vez de una manera más directa.