El primer ministro controla ahora un arsenal capaz de matar a millones de personas. La historia sugiere que debería desecharlo.

Una de las primeras tareas a las que se enfrenta un nuevo primer ministro, tras una audiencia con el rey, es redactar una «carta de último recurso». Se pedirá a Sir Keir Starmer que escriba a un comandante (no identificado) de un submarino con misiles Trident que patrulla en el Atlántico.

La carta podría comunicar al comandante, ahora ilocalizable tras un ataque devastador contra Gran Bretaña, que el primer ministro deseaba tomar represalias disparando un arma nuclear contra el supuesto atacante.

Starmer deberá escribir la carta tras ser «adoctrinado» por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Sir Tony Radakin, que le explicará con precisión los daños que podría causar un misil Trident.

Cada submarino Trident lleva ocho misiles con un máximo de 40 cabezas nucleares, que contienen más potencia de fuego que todas las bombas lanzadas en la Segunda Guerra Mundial, incluidas las de Hiroshima y Nagasaki.

Los misiles a bordo de un submarino Trident podrían causar directamente más de 10 millones de víctimas civiles, con enormes trastornos para el clima y el abastecimiento mundial de alimentos.

Starmer tiene que escribir la carta de su puño y letra, dando instrucciones detalladas sobre cuál debería ser la respuesta británica en caso de ataque nuclear preventivo contra el país.

La carta sería abierta por el comandante del submarino, que tendría que concluir que el primer ministro ya no estaba en condiciones de asumir personalmente el mando de la situación.

Se dice que las opciones de la carta incluyen las órdenes: «Póngase bajo el mando de EE.UU., si todavía está allí»; «Vaya a Australia»; «Tome represalias»; o «Use su propio juicio».

El procedimiento queda brillantemente expuesto en la obra de David Grieg, The Letter of Last Resort (La carta del último recurso). Se trata de una conversación entre un nuevo primer ministro y un alto funcionario del Gobierno.

El nuevo primer ministro: «¿Está diciendo que al final todo depende de lo que escriba ahora en este trozo de papel?».

Funcionario: «Sí».

PM: «Escribir ‘tomar represalias’ es monstruoso e irracional. Escribir ‘no tomar represalias’ hace que todo el proyecto nuclear carezca de valor».

Funcionario: «Sí».

Cuando le pidieron a Tony Blair que escribiera la carta tras su victoria electoral de 1997, inmediatamente se puso blanco. Lord Guthrie, su jefe de defensa, dijo que la sesión informativa hizo que Blair se quedara «bastante callado».

A juzgar por su retórica, Starmer estaría menos ansioso. Preguntado el 3 de junio en un acto de campaña en la ciudad marginal de Bury, Starmer dijo: «Por supuesto que estaría dispuesto a utilizar» armas nucleares.

Rodeado de candidatos veteranos de las fuerzas armadas, el líder laborista se reafirmó: «Es una parte vital de nuestra defensa. Y por supuesto, eso significa que tenemos que estar preparados para usarla».

Esta retórica refuerza su mensaje clave: el Partido Laborista «ha cambiado». Su predecesor Jeremy Corbyn dijo que daría instrucciones al comandante de Trident para que nunca pulsara el «botón rojo» nuclear.

«Un monstruo»

Puede que Starmer se arrepienta de haber expresado tanta confianza en Trident. No hace mucho, el alto funcionario del Ministerio de Defensa (MoD), Jon Thompson, dijo a los parlamentarios que Trident era el proyecto que más le quitaba el sueño.

Es «el mayor riesgo financiero al que nos enfrentamos en el futuro», dijo, y añadió: «El proyecto es un monstruo». Advirtió que era un «área increíblemente complicada para estimar los costes futuros».

Se calcula que el coste total de Trident superará los 200.000 millones de libras a lo largo de sus 30 años de vida útil. El Ministerio de Defensa no ha cuestionado esta cifra y nunca ha hecho públicas sus propias estimaciones.

Esto plantea una cuestión muy seria: lejos de mejorar la seguridad nacional del país, ¿las armas nucleares en realidad la socavan?

El creciente coste de Trident amenaza con desbordar todo el presupuesto de defensa británico, desviando el gasto de sistemas de armas convencionales más baratos, como drones y baterías de defensa antiaérea.

El año pasado, Gran Bretaña incrementó su gasto en armamento nuclear en un 17%, hasta alcanzar los 6.500 millones de libras, un aumento mayor que el de cualquier otra potencia nuclear, excepto Estados Unidos. En los últimos cinco años, el gasto británico aumentó un asombroso 43%.

Trident cuesta ahora 12.000 libras cada minuto. La Oficina Nacional de Auditoría advierte que el coste de renovar el arsenal británico aumentará en más de 99.000 millones de libras durante la próxima década. Sin embargo, incluso estas cifras podrían ser una fracción del coste real.

Dominic Cummings, antiguo asesor jefe de Boris Johnson, lo expresó así en un tuit: «Todas las cifras presupuestarias oficiales son 100% FALSAS debido a las decenas de miles de millones en presupuestos clasificados ocultos del espectáculo de mierda total de nuestro programa de armas nucleares durante más de 20 años. Presupuestos falsos, debates falsos, política falsa hasta el final».

Más recientemente, Cummings afirmó: «Nuestra infraestructura de armas nucleares se está pudriendo peligrosamente y tiene decenas de miles de millones en secreto en el agujero, con enormes repercusiones más allá de sus efectos destructivos en el Ministerio de Defensa, que se ha vuelto ‘aún peor’ y ‘aún más mentiroso’ durante la guerra [de Ucrania]».

Predijo que «todo el pueril debate electoral se basará en cifras presupuestarias falsas que luego se entregarán a Starmer en papel amarillo [altamente clasificado] por encima de STRAP3, dándole el mismo empujón para clasificar, eludir y mentir. Nadie informará de todo esto y los diputados seguirán ignorándolo…».

Esta conspiración de silencio se perpetúa quizá porque los encargados de supervisar nuestro arsenal nuclear pueden sacar pingües beneficios de ello cuando abandonan sus cargos. Existe un cordón umbilical, o «puerta giratoria», entre los altos funcionarios de seguridad y la industria armamentística.

La principal es submarSystems, que construye los submarinos Trident en Barrow-in-Furness. Su consejo de administración incluye a Sir Mark Sedwill, que se incorporó a la empresa en 2022 poco después de dimitir como funcionario británico de mayor rango. La Campaña contra el Comercio de Armas descubrió que la empresa contrató a docenas de antiguos funcionarios de Whitehall (por extensión, el gobierno del Reino Unido, ya que cercanos a la calle Whitehall se encuentran las principales dependencias de este), diplomáticos y ministros.

La indulgencia especial y la ausencia de rendición de cuentas que rodean a las armas nucleares se ven reforzadas por la falta de competencia entre las empresas de armas como BAE, que efectivamente tiene un monopolio.

«Un gran logro»

Sin embargo, ninguno de estos costes ocultos o conflictos de intereses parece preocupar al nuevo primer ministro. En un artículo publicado en el Daily Mail, Starmer describió la creación del programa británico de armas nucleares como uno de los «grandes logros» del Gobierno laborista de posguerra de Clement Attlee, junto con el Servicio Nacional de Salud (NHS).

Attlee gastó muchos millones de libras en desarrollar la primera bomba nuclear británica en un proyecto que mantuvo en secreto para la mayoría de sus colegas de gabinete en un momento en que el país estaba técnicamente en bancarrota.

Entonces, como ahora, Gran Bretaña no podía permitirse tanto las armas nucleares como el Servicio Nacional de Salud, pero no se ofreció a los votantes la posibilidad de elegir. «Enfermeras, no armas nucleares» podría haber sido un eslogan convincente, si el electorado hubierra sabido lo que estaba pasando.

El secretismo impuesto tanto por los gobiernos laboristas como por los conservadores sobre el desarrollo de las armas nucleares queda al descubierto en una nota que Winston Churchill recibió de su asesor científico Lord Cherwell en 1951.

«La ocultación era ciertamente muy necesaria al inicio de los trabajos sobre la energía atómica», escribió Cherwell. «Y, francamente, me sorprende que el Gobierno socialista [es decir, el de Attlee] fuera lo suficientemente imaginativo y patriótico como para arriesgarse a las críticas parlamentarias a las que esto podría exponerle».

Sin un Gabinete informado, y mucho menos un electorado que lo impidiera, la primera bomba atómica británica se probó sobre las islas Monte Bello, en el océano Pacífico, en 1952. Cinco años más tarde, Gran Bretaña probó su primera bomba H en la isla de Christmas, un territorio australiano en el océano Índico.

El personal de servicio encargado de vigilar las explosiones no fue advertido de los peligros de la radiación, que puede causar cáncer, problemas cardíacos y defectos congénitos. Estos veteranos siguen reclamando indemnizaciones y sus historiales médicos.

En 1957, Aneurin Bevan, arquitecto del NHS como secretario de Sanidad, pero posteriormente secretario de Asuntos Exteriores en la sombra, se opuso con éxito a una serie de mociones del Partido Laborista que pedían el fin del proyecto británico de armamento nuclear.

Si se aprobaban, dijo, Gran Bretaña «iría desnuda a la sala de conferencias», en referencia a las reuniones internacionales sobre defensa y seguridad. Fue una metáfora sorprendente, aunque engañosa, que ha impresionado a los gobiernos desde entonces.

El apoyo de los dirigentes laboristas a la bomba fue el catalizador de las protestas antibelicistas que desembocaron en las marchas anuales de Semana Santa al Centro de Armas Atómicas (AWE) de Aldermaston, Berkshire, y en la fundación de la Campaña por el Desarme Nuclear (CND).

También fue seguida de cerca por la fundación la «relación especial» de Gran Bretaña con EE.UU.: la firma del Acuerdo de Defensa Mutua (MDA) entre ambos países en 1958. El MDA, cuyo contenido íntegro sigue siendo secreto, consagra la dependencia británica de EEUU en cuanto a tecnología y material esenciales, sin los cuales el sistema Trident no funcionaría.

El acuerdo está incorporado a la legislación estadounidense, pero a pesar de su importancia fundamental para las relaciones de Gran Bretaña con su aliado más cercano y su papel en el mundo, no tiene estatus legal en el Reino Unido.

Nunca ha sido objeto de un debate o votación sustancial en el Parlamento. Tiene que renovarse cada década, y se hará de nuevo este año, probablemente en una discreta ceremonia en Washington, pero casi con toda seguridad sin ningún debate significativo en Gran Bretaña.

Despoblación

La historia del arsenal nuclear británico revela temas recurrentes e interrelacionados: el coste, la dependencia absoluta de Estados Unidos –lo que desmiente las afirmaciones de que la «disuasión» nuclear del país es independiente– y su credibilidad como arma militar utilizable.

La dependencia británica de EE.UU. ha sido consagrada en repetidas ocasiones. El presidente John F. Kennedy y el primer ministro Harold Macmillan negociaron en 1962 un acuerdo para que Estados Unidos suministrara misiles nucleares Polaris a los submarinos británicos.

El pacto, redactado en las Bahamas, fue una prueba más de la dependencia británica de EEUU. El presidente de Francia, Charles de Gaulle, dijo que fue la razón principal por la que vetó la adhesión de Gran Bretaña a la Comunidad Económica Europea al año siguiente.

El regreso de un gobierno laborista en 1964 –tras trece años de gobierno conservador– no supuso ninguna amenaza para la profundización de los lazos entre Gran Bretaña y Estados Unidos en materia de armamento nuclear. Ni mucho menos.

Poco después de convertirse en primer ministro, el laborista Harold Wilson accedió en secreto a una petición estadounidense para construir una base de bombarderos en Diego García, la isla más grande del archipiélago de Chagos, en el territorio británico del Océano Índico.

Unos 1.500 isleños fueron desplazados a la fuerza, muchos a Mauricio y Seychelles. A cambio, el gobierno laborista obtuvo en secreto un descuento, que se cree que asciende a unos 200 millones de libras esterlinas en dinero de hoy, en el sistema de misiles nucleares Polaris.

La disputa sobre el estatus de las islas Chagos sigue sin resolverse, ya que Gran Bretaña rechaza las peticiones de la ONU para que los isleños regresen a sus hogares.

Wilson también aceptó en secreto el proyecto Chevaline, destinado a aumentar las posibilidades de que los misiles Polaris penetraran las defensas aéreas soviéticas. Muchos altos funcionarios de defensa de Whitehall lo consideraron una medida cara e inútil.

Advirtieron que la tecnología estaba obsoleta desde el principio, antes de que los gobiernos laboristas y conservadores derrocharan cientos de millones de libras en ella. El comité de cuentas públicas de los Comunes informó en 1982 de que John Nott, secretario de defensa de Margaret Thatcher, dijo que el coste de Chevaline se había «disparado».

Según la comisión, el proyecto estaba bajo el control de científicos nucleares que no rendían cuentas. «Nuestra crítica», añadía, «es que los costes no se hicieron públicos y que no existía ningún requisito para que se hicieran públicos».

Nada ha cambiado.

Thatcher y Blair

Al poco tiempo, Estados Unidos desarrolló el sistema de misiles nucleares Trident como sucesor del Polaris. Si Gran Bretaña quería mantener un arsenal nuclear propio, no tenía más remedio que seguir su ejemplo.

En 1980, un año después de su victoria electoral, Thatcher accedió a comprar misiles Trident para los submarinos británicos. Lo hizo sin informar a su gabinete. Documentos publicados en 2011 revelaron que dos tercios del gabinete se oponían e incluso los jefes de gabinete estaban divididos.

Nott le dijo a Thatcher que era esencial un debate completo sobre la defensa nuclear a la luz de estas divisiones. El secretario de Comercio, John Biffen, advirtió en privado a Thatcher que no subestimara el daño electoral que podía infligir el movimiento antinuclear. Un campamento antinuclear de mujeres acababa de instalarse en Greenham Common, donde estaba prevista la instalación de misiles de crucero estadounidenses, y una concentración de la CND atrajo a 250.000 personas.

El secretario del gabinete de Thatcher, Sir Robert Armstrong, le aseguró que cuando Macmillan negoció el acuerdo en las Bahamas con Kennedy para comprar el Polaris, el gabinete «ratificó la decisión y el acuerdo, pero no participó en la decisión original ni en el establecimiento del mandato de negociación».

También le recordó que Wilson no consultó a su gabinete en 1974 cuando acordó adquirir el sistema Chevaline. Thatcher recibió el apoyo adicional de su primer ministro de Asuntos Exteriores, Lord Carrington, quien declaró ante el gabinete: «No adquirir el Trident habría dejado a los franceses como única potencia nuclear en Europa. Esto sería intolerable».

Es una opinión que sigue estando muy extendida en Westminster y Whitehall.

Blair tuvo que apoyarse en los diputados conservadores en 2007 para aprobar una votación sobre la sustitución de los submarinos nucleares británicos de la clase Vanguard. 88 diputados laboristas desobedecieron el látigo de tres líneas y votaron en contra del Gobierno.

Fue la mayor rebelión desde la votación de 2003 sobre la invasión de Irak. Lo que estaba en juego era una nueva flota de submarinos Dreadnought, que no entrarían en servicio hasta la década de 2030, y una versión mejorada del misil Trident.

Reflexionando sobre aquella votación, Blair escribió en su autobiografía, A Journey (Un viaje): «El gasto es enorme y la utilidad [del Trident es] inexistente en términos de uso militar». Aunque Blair admitió los «argumentos prácticos y de sentido común» contra el Trident, al final pensó que renunciar a él sería «rebajar demasiado nuestro estatus como nación».

¿Infringiendo el derecho internacional?

Conservar las armas nucleares podría ayudar a Gran Bretaña a justificar su puesto como uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, su dependencia de Estados Unidos para mantener un arsenal nuclear debería plantear dudas sobre su independencia y el cumplimiento del derecho internacional.

En virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que entró en vigor en 1970, los signatarios están obligados a «impedir la propagación de las armas nucleares y la tecnología armamentística». Este compromiso es difícil de cuadrar con el comentario de George W. Bush en 2005 de que Estados Unidos ayuda a Gran Bretaña a mantener una «fuerza nuclear creíble».

La experiencia estadounidense ayudó a instalar lo que se decía que era el láser más potente del mundo en el centro de armas atómicas de Aldermaston, parte de un plan de miles de millones de libras diseñado para permitir la producción de una nueva generación de cabezas nucleares.

El British American Security Information Council, un grupo de reflexión independiente, cree que Whitehall tiene un acuerdo «abierto» con Washington para «difundir» información, tecnología y materiales «en pos de un armamento nuclear más sofisticado».

Los sucesivos gobiernos británicos han negado que esta cooperación con Estados Unidos incumpla sus obligaciones en virtud del Tratado de No Proliferación. Afirman que el TNP sólo impide una difusión «más amplia» de las armas nucleares y dan la vuelta a la lógica del tratado. Gran Bretaña debe seguir modernizando su arsenal nuclear, argumentan los funcionarios, porque las armas nucleares se extenderán inevitablemente.

El Ministerio de Defensa afirmaba en un libro blanco de defensa de 2003 que «el riesgo continuo de proliferación de armas nucleares y la certeza de que otros países mantendrán arsenales nucleares sustanciales significa que nuestra capacidad mínima de disuasión nuclear, representada actualmente por Trident, probablemente seguirá siendo un elemento necesario de nuestra seguridad».

Sin embargo, dos juristas de alto nivel han afirmado que existen razones de peso para considerar que el acuerdo de defensa mutua entre EE.UU. y el Reino Unido incumple el TNP, ya que prohíbe la transferencia de armas o dispositivos nucleares. La renovación del MDA, argumentaron, tenía por objeto «continuar y mejorar el programa nuclear británico». Los abogados añadieron que el TNP tiene prioridad sobre los acuerdos entre Estados Unidos y el Reino Unido en virtud del derecho internacional.

Blair pidió a Bush ayuda estadounidense para mantener el «sistema de lanzamiento nuclear» británico en 2006. Su carta sólo salió a la luz a través de una solicitud de libertad de información de Peter Burt, de Nuclear Information Service, casi una década después.

Al ver la documentación, Burt dijo: «El Reino Unido y Estados Unidos están dando un pésimo ejemplo al resto del mundo al renovar el MDA, y están socavando gravemente la credibilidad de los esfuerzos internacionales para prevenir la proliferación de armas nucleares».

Y añadió: «Si Irán y Corea del Norte hubieran firmado un acuerdo similar para la transferencia de tecnología de armamento nuclear, el Reino Unido y Estados Unidos los estarían tachando de naciones parias y pidiendo a gritos la imposición de las sanciones internacionales más duras.»

Burt también descubrió que un alto funcionario nuclear estadounidense había visitado Aldermaston y se había referido a una «mayor colaboración» en el «diseño y certificación de paquetes de explosivos nucleares», en el «mantenimiento de los arsenales existentes» y en el «posible desarrollo de cabezas nucleares más seguras».

Otro documento describe el MDA como un acuerdo que permite a las «comunidades de ojivas nucleares de Gran Bretaña y Estados Unidos colaborar en todos los aspectos de la disuasión nuclear, incluido el diseño y la fabricación de ojivas nucleares».

Los ministros y los funcionarios de defensa sostienen que los «movimientos físicos» en el marco del MDA no implican armas o dispositivos nucleares y, por tanto, el acuerdo no contraviene la letra del TNP.

Aunque estos movimientos pueden no implicar material nuclear real, los aviones militares británicos cruzan regularmente el Atlántico con ingredientes altamente radiactivos suministrados por Estados Unidos. Estos ingredientes son absolutamente vitales para el sistema de misiles Trident.

Documentos de la época de Blair, cuando renovó el MDA, dejan claro que Whitehall no quería un debate en el Parlamento sobre el pacto militar. A los funcionarios de Defensa les preocupaba que ello diera a los políticos «la oportunidad de plantear cuestiones más amplias relativas a… nuestras obligaciones en virtud del tratado de no proliferación nuclear».

Pero el Ministerio de Defensa no tenía por qué preocuparse. Ningún parlamentario de alto rango, ni siquiera los miembros del comité de defensa de los Comunes, presionaron para que se celebrara un debate completo.

De Obama a Starmer

El último acuerdo de diez años en virtud del MDA fue firmado en 2014 por funcionarios británicos y estadounidenses en Washington. Whitehall guardó silencio. Los británicos tuvieron que confiar en una declaración del presidente Barack Obama.

Dijo al Congreso que el acuerdo «permitiría la transferencia entre Estados Unidos y el Reino Unido de información clasificada relativa a armas atómicas».

El Reino Unido, añadió Obama, «tiene intención de seguir manteniendo fuerzas nucleares viables en un futuro previsible». A Estados Unidos le interesaba seguir ayudando a Gran Bretaña «a mantener una disuasión nuclear creíble».

El Ministerio de Asuntos Exteriores, el departamento de Whitehall responsable de la actualización del tratado entre el Reino Unido y Estados Unidos, no se pronunció al respecto. El Parlamento, dijo un portavoz en respuesta a las preguntas, sería informado «en el momento oportuno». Nunca llegó ese momento.

Según el Foreign Office, revelar el contenido del nuevo acuerdo podría «contribuir a la proliferación» de armas nucleares.

Algunos diputados de la Comisión Trident, formada por todos los partidos, no lo vieron con buenos ojos. Publicaron un informe en el que concluían que la disuasión británica era «rehén de la buena voluntad estadounidense» y que la esperanza de vida de la capacidad nuclear del Reino Unido podía medirse en meses.

Su informe señalaba que los misiles Trident británicos se encontraban en un fondo común compartido con Estados Unidos y se mantenían en Kings Bay (Georgia), mientras que sus cabezas nucleares se diseñaban y mantenían en Aldermaston, pero sólo con la ayuda de los conocimientos técnicos estadounidenses.

Y añadieron: «El Reino Unido depende de Estados Unidos para muchos componentes del vehículo de guiado y reentrada, y para [el] propio sistema de misiles balísticos».

Sin embargo, en 2016 los Comunes votaron a favor de Trident por una mayoría de 355 diputados. El nuevo líder laborista, Jeremy Corbyn, se rebeló junto a 47 de sus diputados, mientras que otros 41 se ausentaron o se abstuvieron.

Entre los que votaron en contra se encontraba David Lammy, actual secretario de Exteriores laborista en la sombra.

Dijo entonces a los Comunes: «Hoy votaré en contra de la renovación de Trident por una cuestión de conciencia. Simplemente no acepto que pueda haber circunstancias en las que sea permisible apuntar deliberadamente a millones de civiles inocentes de esta manera».

Lammy, que fue miembro de la CND, añadió: «No puedo, en conciencia, votar a favor de extender un cheque en blanco de miles de millones de libras hoy, cuando tantos de mis electores viven en la penuria y cuando los servicios públicos están al límite de su capacidad».

La nueva Guerra Fría

Hoy ya no tiene esta opinión. Lammy apoya ahora «al cien por cien la disuasión nuclear del Reino Unido», y explica que el acceso a la información que tuvo como miembro del Consejo Privado –que jura guardar el secreto– le había «mostrado realmente la gravedad del riesgo sistémico que Vladímir Putin supone para nuestro país».

«Si se hubiera permitido a Ucrania conservar sus armas nucleares tras su independencia de la Unión Soviética, no se habrían enfrentado a la invasión que sufrieron por parte de Putin», afirmó Lammy, refiriéndose a un arsenal que había estado bajo control de Moscú.

Tras su conversión, viajó a Washington y se reunió con una serie de grupos de reflexión. Una de sus visitas, para hablar en el Center for American Progress, costó a sus benefactores más de 8.000 libras.

Starmer ha descrito su compromiso con las armas nucleares británicas como «inquebrantable» y «absoluto». Para dejar claro este punto mientras esperaba el pistoletazo de salida de las elecciones, dijo a una audiencia en los astilleros BAE de Barrow-in-Furness, donde se construyen los submarinos Trident: «La disuasión nuclear del Reino Unido es la piedra angular del plan laborista para mantener a salvo a Gran Bretaña».

Tales afirmaciones se hacen en un contexto de creciente incertidumbre en torno al coste y la fiabilidad, incluso la finalidad, de Trident.

Cuando le pregunté por Trident, Lord David Richards, antiguo jefe del ejército y jefe del Estado Mayor de la Defensa, me dijo: «Cada vez es más difícil convencernos de que lo necesitamos». Algún día habrá que tomar otras decisiones, sugirió.

Sustituir Trident por un nuevo sistema de misiles nucleares ya no estaría justificado si, por ejemplo, las fuerzas convencionales británicas se redujeran tanto que el país se convirtiera en una «Bélgica con armas nucleares».

En 2013, un año antes de que Rusia invadiera Crimea, a Sir Jeremy Greenstock, ex embajador británico ante la ONU en Nueva York, le preguntaron si poseer armas nucleares significaba realmente que Gran Bretaña tenía más influencia en los asuntos mundiales. «La influencia en el mundo moderno», respondió Greenstock, «se compone de muchas cosas, en particular una economía fuerte. Las armas nucleares son una de las menos relevantes».

Los partidarios de Trident lo describen a menudo como un «seguro de ultimátum» en caso de amenaza existencial para Gran Bretaña. Sin embargo, pocos sugieren que el gobierno debería construir muchos más hospitales como seguro contra una posible –de hecho probable– pandemia futura.

¿Una responsabilidad?

La Royal Navy no reveló el incidente y solo salió a la luz gracias a un alertador de que uno de los misiles Trident se había desviado de su curso durante una prueba que podría haber tenido graves consecuencias. Una prueba posterior de 17 millones de libras a principios de este año también fracasó. El misil, disparado por el HMS Vanguard, cayó al mar cerca del lugar de lanzamiento.

La prueba tuvo lugar poco después de que el Vanguard pasara siete años fuera de servicio, sometiéndose a un reacondicionamiento de 500 millones de libras. El mantenimiento sólo debía durar cuatro años, y el exceso de tiempo hizo que el HMS Victorious quedara inmovilizado a la espera de espacio en dique seco.

Esto dejó operativos sólo dos de los cuatro barcos de la flota Trident, el HMS Vigilant y el Vengeance. La doctrina nuclear británica se basa en una disuasión continua en el mar, lo que significa que uno de los submarinos debe estar siempre desplegado.

Con menos barcos disponibles, sus patrullas duran más, a veces seis meses en lugar de los tres habituales. Pasar tanto tiempo bajo el agua, lejos de sus familias, supone un enorme estrés para la salud mental de las tripulaciones. No es de extrañar que algunos hayan recurrido a las drogas. Nueve marineros fueron expulsados del HMS Vigilant tras dar positivo en cocaína.

El proyecto de sustituir la flota Vanguard por submarinos Dreadnought también ha sufrido retrasos, lo que ha aumentado la presión sobre los viejos barcos. El personal de la base naval que alberga la fuerza de disuasión nuclear del Reino Unido tuvo que ser trasladado tras una grave brecha de radiación, según ha denunciado un alertador.

Este estado de cosas llevó a Francis Tusa, un experimentado analista de defensa, a advertir en diciembre: «La disuasión nuclear del Reino Unido basada en submarinos está en el filo de la navaja… tan aguda que incluso hoy, una disuasión de cuatro barcos –siempre considerada esencial para mantener la Disuasión Continua en el Mar– ha sido más un concepto que una realidad».

Pero si la predicción de Cummings es correcta, Starmer seguirá adelante a pesar de todo. Se ha comprometido a un «triple bloqueo» de Trident: patrullas 24/7, cuatro nuevos submarinos y actualizaciones ilimitadas. La historia demuestra que el coste real de todo esto para los ciudadanos británicos será mucho mayor de lo que se desprende de cualquier programa «de costes totales».

Sobre el autor

Richard Norton-Taylor es editor, periodista, dramaturgo y decano de la información sobre seguridad nacional británica. Escribió para The Guardian sobre temas de defensa y seguridad y fue editor de seguridad del periódico durante tres décadas.

Fuente: Declassified UK

Foto: Starmer visita BAE Systems en Barrow para confirmar el compromiso inquebrantable de los laboristas con la disuasión nuclear del Reino Unido, el 12 de abril de 2024. (Keir Starmer, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Keir Starmer admite que pulsaría el botón nuclear como primer ministro si el Reino Unido sufriera un ataque (ITV News, 12.04.2024)
Se pueden activar los subtítulos automáticos