El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones contra James Kabarebe, secretario de Estado ruandés para la Integración Regional, y Lawrence Kanyuka, portavoz del M23 y de la Alianza del Río Congo. Dos empresas controladas por Kanyuka, Kingston Fresh y Kingston Holding, también fueron sancionadas. Estas medidas marcan una nueva escalada en la presión ejercida por Washington contra el papel de Ruanda en la crisis del este de la República Democrática del Congo (RDC).
Desde diciembre de 2024, el M23, apoyado por el ejército ruandés, ha proseguido su avance en la RDC, tomando sucesivamente Goma, el 27 de enero, y Bukavu, el 16 de febrero. Esta expansión territorial provocó actos de violencia contra la población civil, causando la muerte de miles de personas y el desplazamiento de cientos de miles más. Además, tres miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz murieron y varios más resultaron heridos en ataques del M23 y de las Fuerzas de Defensa de Ruanda (RDF). La comunidad internacional, preocupada por una posible conflagración regional, ha intensificado su presión sobre Kigali.
Estados Unidos pide a Ruanda que ponga fin a su apoyo al M23 y retire inmediatamente todas sus tropas del territorio congoleño. Washington insiste en el respeto de la soberanía y la integridad territorial de la RDC y pide la reanudación de las negociaciones bajo los auspicios del proceso de Luanda, dirigido por Angola. Al sancionar a Kabarebe y Kanyuka, Estados Unidos quiere enviar una señal firme a Kigali, subrayando su determinación de exigir responsabilidades a quienes alimentan la inestabilidad en la RDC.
James Kabarebe ha sido un actor importante en los conflictos de la región de los Grandes Lagos durante casi tres décadas. Ex jefe del Estado Mayor del ejército ruandés y ex ministro de Defensa, está acusado de ser el artífice del apoyo militar y logístico de Ruanda al M23. Según Washington, supervisa la financiación del movimiento rebelde y gestiona la explotación de los recursos minerales saqueados en la RDC antes de ser transportados a Ruanda para su exportación. El Tesoro estadounidense lo describe como un eslabón esencial de la red que permite al M23 y a las Fuerzas de Defensa de Ruanda (FDR) proseguir sus actividades militares y económicas en la RDC.
Lawrence Kanyuka está acusado de desempeñar un papel clave en la propaganda y la diplomacia del M23. Como portavoz del movimiento, justifica las ofensivas del grupo y facilita sus relaciones con determinados actores internacionales. Sus empresas Kingston Fresh y Kingston Holding, con sede en el Reino Unido y Francia, son sospechosas de financiar las actividades del M23, en particular a través del comercio de recursos mineros procedentes de las zonas controladas por los rebeldes.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos implican la congelación de todos los activos de Kabarebe, Kanyuka y sus empresas en territorio estadounidense. Todas las transacciones con ellos están ahora prohibidas para los ciudadanos y entidades estadounidenses. El gobierno congoleño acogió estas medidas como un reconocimiento oficial de la responsabilidad de Ruanda en la crisis de seguridad que asola el este del país. Kinshasa espera que estas sanciones marquen el comienzo de una serie de acciones similares por parte de la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Patrick Muyaya, portavoz del gobierno congoleño, acogió con satisfacción la decisión, afirmando que las sanciones marcan el comienzo de una larga serie de medidas que Kinshasa espera que tome la comunidad internacional para obligar a Ruanda a dejar de interferir. En su opinión, el Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Europea y otros socios deberían seguir el ejemplo estadounidense e imponer sanciones más enérgicas para obligar a Kigali a retirar sus tropas de la RDC y cesar sus actividades criminales en territorio congoleño.
El Ministro de Justicia congoleño, Constant Mutamba, también reaccionó felicitándose por estas sanciones económicas contra James Kabarebe y Lawrence Kanyuka. Subrayó que estas medidas confirmaban el papel directo de Ruanda en el apoyo al M23, y añadió que el caso se había remitido ya al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta declaración sugiere que Kinshasa espera que se inicien procedimientos judiciales internacionales contra los responsables de los crímenes cometidos en el este del Congo.
Por su parte, Kigali ha denunciado enérgicamente estas sanciones. La portavoz del gobierno ruandés, Yolande Makolo, las calificó de injustificadas e ineficaces. En su opinión, estas medidas no contribuyen a resolver el conflicto y corren el riesgo de obstaculizar los esfuerzos regionales para encontrar una solución política. El ministro ruandés de Asuntos Exteriores, Olivier Nduhungirehe, también condenó la decisión estadounidense, criticando a Washington por no sancionar a los grupos armados congoleños aliados de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), especialmente las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR). Kigali acusa regularmente a Kinshasa de utilizar mercenarios y milicias extranjeras hostiles a Ruanda, afirmación que la RDC rechaza categóricamente.
La implicación de Ruanda en la crisis congoleña ha sido durante mucho tiempo la manzana de la discordia entre Kigali y la comunidad internacional. Las Naciones Unidas, la Unión Africana y varios gobiernos occidentales han denunciado el apoyo militar y logístico prestado por Ruanda al M23. Informes de expertos de la ONU han documentado la presencia de tropas ruandesas en la RDC y su participación activa en los combates junto a los rebeldes. A pesar de estas acusaciones, el presidente ruandés, Paul Kagame, sigue negando cualquier injerencia y justifica la actuación de su país por la necesidad de garantizar la seguridad de sus fronteras ante las amenazas que emanan del territorio congoleño.
Esta nueva serie de sanciones forma parte de una estrategia más amplia destinada a cortar las fuentes de financiación de los grupos armados que operan en la RDC. En 2022 y 2023, Estados Unidos ya había tomado medidas similares contra dirigentes de varias facciones, como el M23, las FDLR, las FARDC y otros grupos implicados en la violencia en el este del país. Entre los sancionados se encontraban Apollinaire Hakizimana y Sebastian Uwimbabazi, de las FDLR, y Bernard Byamungu y Bertrand Bisimwa, del M23. Estas sanciones, aunque simbólicas, han tenido a veces un impacto limitado sobre el terreno, debido a la complejidad de las redes financieras y logísticas que apoyan a estos movimientos armados.
El gobierno del presidente congoleño Félix Tshisekedi ha intensificado su campaña diplomática para obtener un apoyo internacional más firme contra la injerencia ruandesa. Kinshasa pide la suspensión de toda ayuda económica y militar a Kigali hasta que las tropas ruandesas se hayan retirado completamente del territorio congoleño. Esta postura cuenta con el apoyo de varios miembros de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) y de la Comunidad del África Oriental (CAO), aunque algunos países siguen abogando por una solución negociada.
En este contexto, las próximas decisiones de los socios internacionales, en particular la Unión Europea y las Naciones Unidas, serán decisivas. Si otras potencias siguen a Estados Unidos en la imposición de sanciones similares, Ruanda podría verse obligada a revisar su estrategia. Por el contrario, si estas medidas se limitan a Washington, podrían no ser suficientes para frenar la expansión del M23 y la continuación de la violencia en la RDC.
La situación en el este del Congo sigue siendo extremadamente volátil. El M23 y el ejército ruandés siguen extendiendo su control sobre zonas estratégicas, a pesar de la condena internacional. Mientras tanto, los civiles pagan un alto precio por un conflicto que se intensifica día a día. Las recientes sanciones estadounidenses suponen un paso importante en el reconocimiento del papel de Ruanda en esta crisis, pero no garantizan un cambio inmediato sobre el terreno. La comunidad internacional tendrá que redoblar sus esfuerzos para poner fin a esta guerra que dura ya demasiado tiempo.
Fuente: The Rwandan
Foto: El presidente de Ruanda, Paul Kagame, y el entonces ministro de Defensa, James Kabarebe, a su derecha, en la graduación de la Escuela de Mando y Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Ruanda, en Musanze, el 10 de Junio de 2013.
Ruanda⁄RDC: ¿Quién es James Kabarebe, sancionado por Estados Unidos? (TV5 Monde, 21.02.2025)