Desde el pasado 1 de octubre, en que se celebró el referéndum de Cataluña, se han producido una serie de acontecimientos que han hecho cuestionar la democracia española: la brutalidad de la policía; las pandillas fascistas que campan con impunidad por Cataluña, Valencia y Palma; la destitución del Gobierno de la Generalitat con la aplicación del artículo 155 de la Constitución; el encarcelamiento preventivo de todos los miembros del Gobierno de Cataluña, excepto los que se han refugiado en Bruselas; de la presidenta y los miembros soberanistas de la mesa del Parlamento de Cataluña… Distintas voces, tanto de España como del extranjero, han hablado del regreso del franquismo, cuestionando la calidad de la democracia española.

La respuesta del Gobierno español y de todo el entorno mediático que lo apoya ha consistido en defender las leyes y la separación de poderes, destacando la independencia de los Tribunales de Justicia españoles. ¿Es así realmente?

El Sistema democrático descansa, sobre todo, en cuatro pilares: el sufragio universal con garantías de igualdad para todas las opciones políticas a fin de acceder a las instituciones; un poder político que ponga el interés general por encima del particular; un Sistema judicial independiente, y unos medios de comunicación imparciales que ejerzan el control y la denuncia pública. Pues bien, en España ninguna de estas cuatro condiciones reúne los mínimos exigibles en cualquier democracia.

Evidentemente que existe el sufragio universal, pero no con garantías. Las investigaciones judiciales han demostrado la financiación ilegal del Partido Popular. Se puede afirmar que este partido ha jugado «dopado» en casi todas las elecciones, pervirtiendo el sistema y perjudicando a los competidores que hayan jugado limpio.

Consecuencia de ello, las instituciones gobernadas por el PP se han caracterizado por la defensa de los intereses de las grandes empresas en detrimento de los intereses generales. Las puertas giratorias, que sitúan a exdirigentes políticos en los consejos de administración de grandes empresas <hecho que también afecta al PSOE>, ha provocado que las compañías eléctricas, la banca y las grandes constructoras, entre otros, hayan manejado el Parlamento y los gobiernos según sus conveniencias.

En cuanto al Sistema judicial, tampoco ofrece garantías de imparcialidad. Los dos partidos de turno han convertido a simples abogados en magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Tribunal Supremo o en vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y el Gobierno nombra al Fiscal General del Estado y lo destituye cuando no actúa según su criterio. Lo más grave, sin embargo, han sido las maquinaciones del PP para conseguir un Tribunal Constitucional controlado por miembros afines a su ideología <el mismo presidente era militante del PP>.

Pero, todas estas perversiones de la democracia no serían posibles sin la complicidad del «cuarto poder», los medios de comunicación. Los cuatro grandes diarios y las principales cadenas de radio y televisión están en manos de grandes empresas. Y TVE ha sido acusada por sus propios trabajadores de manipular las informaciones sobre Cataluña y la corrupción del PP. Todos juntos han construido una realidad paralela, que ha servido a la Fiscalía y a los tribunales para justificar unas acusaciones terribles y para encarcelar, de manera preventiva y sin fianza, a dirigentes sociales y políticos de Cataluña. Y, lo peor de todo, han fomentado el odio y la crueldad hacia un pueblo que nunca ha actuado con violencia.

En definitiva, si España no es una dictadura es evidente que tampoco es una democracia. Y es que en España le sobran patriotas y le faltan demócratas.