La embajada de la República de Burundi en La Haya expresa su descontento y lamenta, a raíz de la información recibida por los medios de comunicación, que los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) hayan emitido una decisión que autoriza al Fiscal de la CPI a abrir una investigación sobre crímenes de la competencia de la Corte que presuntamente se han cometido en Burundi.

El 9 de noviembre de 2017, los tres magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI emitieron una versión pública de su decisión según la cual los crímenes de la competencia de la Corte fueron cometidos por altos funcionarios del Estado de Burundi, otros grupos que aplican políticas estatales, incluido el servicio nacional de inteligencia, miembros de Imbonerakure o por ciudadanos burundeses fuera de su país, mientras que Burundi seguía siendo aún un Estado formando parte del Estatuto de Roma.

La decisión de los tres jueces de la CPI autorizó al Fiscal de la CPI a extender su investigación a cualquier crimen bajo su jurisdicción antes del 26 de abril de 2015, cuando el partido gobernante nombró al presidente Pierre Nkurunziza como candidato en las elecciones presidenciales de 2015, y después del 26 de octubre de 2017, la fecha del retiro de Burundi de la CPI.

Burundi ha experimentado violencia esporádica, tanto interna como externamente desde abril de 2015, cuando el presidente Nkurunziza fue nombrado como candidato para las elecciones.

El 27 de octubre de 2016, Burundi notificó su intención de retirarse de la CPI. Burundi tenía claro que, en lugar de ser una institución judicial independiente e imparcial, la CPI se ha convertido en un instrumento y un arma politizada, utilizada por países fuertes para obligar a los países débiles a hacer lo que consideran oportuno para sus propios intereses.

Como Estado soberano y reconocido por el derecho internacional, Burundi ejerció su derecho a acceder a la CPI el 1 de diciembre de 2004. Del mismo modo, Burundi ejerció su derecho como país soberano a retirarse de la Corte Penal Internacional el 27 de octubre de 2016. Según los textos de la Corte Penal Internacional, esta retirada entró en vigor después del 27 de octubre de 2017.

Casi dos semanas después de la entrada en vigor de la retirada de Burundi de la CPI, el 9 de noviembre de 2017, la CPI emitió una decisión que permite al Fiscal de iniciar una investigación sobre la situación en Burundi por los delitos potenciales dentro de los textos pertinentes de la CPI, así como todos los crímenes potenciales que ocurrieron después del retiro de Burundi.

La embajada de la República de Burundi en La Haya lamenta profundamente esta decisión de la CPI tanto como está insatisfecha con su contenido.

El Estatuto de Roma fue redactado de acuerdo con varias reglas y principios de derecho internacional, la mayoría de las cuales han sido codificados en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Algunos de estos principios en virtud del derecho internacional o el derecho de las organizaciones internacionales requieren que las partes en un tratado, así como los tratados mismos, se interpreten de buena fe, que un tratado no puede crear derechos u obligaciones para un Estado sin su consentimiento.

En el contexto de la CPI, aunque los jueces y la Corte han tenido poder y jurisdicción para interpretar el Estatuto de Roma, este poder no es ilimitado, ya que la Corte Penal Internacional todavía es un órgano creado en derecho internacional por los Estados, de entre los cuales Burundi era un miembro.

A este respecto, la embajada de Burundi en La Haya ha identificado algunos problemas que, en su opinión, indican que la CPI ha actuado rebasando sus competencias.

Para un tribunal creado bajo la noción fundamental de que es complementario de los tribunales penales nacionales, es preocupante observar que, aunque el Tribunal ha reconocido los esfuerzos realizados en Burundi con respecto a la realización de investigaciones nacionales, así como los procesamientos resultantes de los disturbios de abril de 2015, consideraron que estos esfuerzos eran insuficientes por varias razones, incluido el hecho de que no estaban lo suficientemente desarrollados o que carecían de exámenes forenses, por ejemplo.

La Embajada de la República de Burundi en La Haya ha sido informada de la autorización de la CPI para investigar a Burundi a través de los medios de comunicación el 9 de noviembre de 2017.

La decisión de autorización de la CPI señala que el artículo 18 (1) del Estatuto establece en la parte pertinente que «cuando el Fiscal haya iniciado una investigación en virtud de los artículos 13 (c) y 15, el Fiscal deberá notificar a todos los Estados partes y els Estados que, de acuerdo con la información disponible, normalmente tendrían jurisdicción sobre los crímenes en cuestión». La palabra ‘notificar’ significa que el Fiscal está obligado a esta notificación.

La decisión prosigue diciendo que sin embargo la Cámara también es consciente del artículo 68 (1) del Estatuto, que establece en su parte pertinente que «la Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, dignidad y respeto por la privacidad de las víctimas y los testigos». «Como se discutió, esta obligación también se aplica a la etapa de examen preliminar. En consecuencia, cuando se pronuncia sobre la solicitud del Fiscal, la Sala debe equilibrar la obligación del Fiscal de informar a los Estados tan pronto como una Sala de Cuestiones Preliminares haya autorizado la apertura de una investigación con la obligación, que incumbe a la Corte en su conjunto, de proteger a las víctimas y a los testigos».

Con respecto a lo anterior, la determinación del Tribunal de que su deber de proteger el bienestar de las víctimas y los testigos también se aplica en la etapa de examen preliminar es una posición difícil de conciliar con las discusiones de los trabajos preparatorios del Estatuto de Roma, y ​​como tal, es una consideración de la Corte que rebasa sus competencias.

La referencia o consideración de la Corte relativa al artículo 68 obliga al Tribunal en lo que respecta a sus deberes respecto de las víctimas y los testigos en el marco de los procedimientos penales y no de las investigaciones. De hecho, la Corte observó que el Fiscal no está impedido de buscar la protección de las víctimas y los testigos en las etapas preliminares; sin embargo, tal deber, en su caso, sólo está relacionado con el Fiscal y no con la Cámara para hacer una consideración tan desproporcionada y fuera de los límites de un procedimiento penal.

Respecto al Derecho de Burundi como Estado a ser informado de una investigación en virtud del artículo 18 del Estatuto, la Corte decidió que un «equilibrio entre los artículos 18 (1) y 68 (1) del Estatuto exige que, en el marco de la situación particular en Burundi, sea acordado un plazo de diez días hábiles a petición del Fiscal para la notificación de una decisión que autorice una investigación. […] Que este retraso excepcional y limitado en la notificación prevista en el párrafo 1 del artículo 18 del Estatuto no disminuye los derechos concedidos a los Estados en virtud del artículo 18 1) y 2) del Estatuto y artículos 52 a 54 de las Reglas para asegurar que se respete su competencia primaria, que es el objetivo principal del artículo 18 del Estatuto”.

No está claro cómo se podría eludir tan fácilmente el efecto jurídico del derecho de un Estado en virtud del artículo 18. Este es otro caso en el que la Corte ha actuado fuera de sus competencias.

El artículo 16 del Estatuto, por ejemplo, que proporciona una indicación de las circunstancias en las que los procesos o investigaciones pueden ser diferidos, confiere estos poderes al Consejo de Seguridad de la ONU en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Es inconcebible que la Corte difiera o restrinja unilateralmente los derechos de los Estados en virtud del Estatuto. Independientemente de las consideraciones que se han tomado dentro de los 10 días, reduce los derechos otorgados a los Estados en virtud del artículo 18.

La Corte podría haber elegido, si realmente protegía el interés de las víctimas y los presuntos testigos en el párrafo 18 (1), proporcionar informaciones limitadas a Burundi cuando se concedió la autorización, supuestamente el 25 de octubre de 2017. La autorización de la Corte para abrir una investigación habría sido acordada un día antes que Burundi se retirase legalmente de la CPI. Sin embargo, la Corte ignoró la ley de Burundi en virtud del artículo 18, y Burundi fue informado de la autorización para investigar casi dos semanas después de su retirada, en violación de sus derechos y su soberanía.

Para una institución como la Corte penal internacional que se basa en la cooperación de los Estados, el precedente que se estableció en la situación de Burundi es muy inquietante.

Además, la alegación en su decisión relativa a la supuesta «falta total de cooperación internacional por parte de las autoridades de Burundi» indica claramente que la Corte no actúa con imparcialidad, porque quiere empañar aún más la imagen internacional de Burundi. Durante el examen preliminar, Burundi proporcionó información sobre la base de la cual la Sala incluso llegó a conclusiones sobre las medidas adoptadas por Burundi para investigar y enjuiciar. La decisión de la Cámara sobre la falta de cooperación internacional en esta etapa es la evidencia de la influencia política externa dentro de la CPI, así como el sesgo y la falta de imparcialidad.

En relación con el artículo 127, que trata de la cooperación después de la retirada, la Decisión señala que «en general, el artículo 127 (2) del Estatuto da cumplimiento al principio enunciado en el artículo 70 (1) (b) de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados que establece que la denuncia de un tratado ‘no afecta ningún derecho, obligación o posición legal de las partes creada por la ejecución del tratado antes de su extinción’.”

Es insostenible que la Corte quiera violar los derechos de Burundi en virtud del artículo 18, y se espere que respete las obligaciones previstas en el artículo 127, particularmente cuando Burundi solo es informado de estas obligaciones después de su retirada. La decisión que autorizaba la investigación se publicó el 25 de octubre de 2017. La única notificación recibida por Burundi fue transmitida por los medios de comunicación el 9 de noviembre de 2017. El artículo 18 del Estatuto de Roma fue violado de manera injustificada.

La decisión no tiene soporte legal, y en el contenido, está motivada por consideraciones políticas. Además, interrumpirá los esfuerzos en curso por la paz, la reconciliación y la justicia por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Comunidad de África Oriental (EAC). Si bien el Gobierno de la República de Burundi sigue basándose en los principios y valores fundamentales que han fundado la CPI, incluido el estado de derecho y la lucha contra la impunidad, el Gobierno de Burundi sigue decidido a ejercer sus derechos como país soberano.

La embajada de la República de Burundi en La Haya aprovecha esta oportunidad para llamar la atención de la opinión internacional que Burundi nunca cooperará con la CPI en esta investigación.

La Haya, 10 de noviembre de 2017

Vestine NAHIMANA, embajadora

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