El atentado terrorista perpetrado en las Ramblas de Cataluña ha dejado en evidencia lo mejor y lo peor de la condición humana. Lo mejor, la actuación rápida y organizada de los servicios de emergencia, la eficacia de los mossos d’esquadra, la solidaridad ciudadana y, sobre todo, el rechazo de la sociedad catalana a las muestras de racismo y xenofobia. Toda la prensa mundial especializada ha alabado la profesionalidad de la policía autonómica catalana, la información constante a la ciudadanía y el éxito en la identificación y la detención o la muerte de los terroristas.

Desde el día siguiente del atentado, buena parte de la prensa madrileña lo quiso relacionar con el proceso soberanista. Cuanto más alabanzas recibían los mossos del exterior, más se intoxicaba desde los medios de la capital. Acusaban a los mossos de descoordinación con las fuerzas de seguridad del Estado, de haber ignorado un aviso de la CIA norteamericana que alertaba de una amenaza concreta en las Ramblas en Barcelona; de no haber hecho caso de una alerta de la policía belga contra el imán, el cerebro de los atentados; al Ayuntamiento de Barcelona de no haber tenido en cuenta una recomendación de poner obstáculos a los vehículos para acceder a las Ramblas… Todas estas acusaciones han demostrado montajes bastos. Mientras tanto, el Gobierno español hacía el ridículo: primero, cuando Rajoy se reunía en Barcelona con el delegado del Gobierno central y mandos de la policía estatal, marginando a los mossos; segundo, cuando el ministro del Interior dio por desarticulado el comando, mientras el autor del mortal atropello de las Ramblas seguía fugado (el día siguiente fue abatido por los mossos).

La realidad de todo es que la descoordinación de los mossos con los cuerpos de policía estatales nace por orden expresa de José Luís Olivera Serrano, director del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), hombre de confianza del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el cual bloqueó el acceso de los mossos d’esquadra a los bancos de datos policiales sobre tramas yihadistas internacionales de Europol. El mismo Fernández Díaz había declarado el 14 de mayo de 2015: «La lucha y la política antiterrorista deben ser de Estado, y no se pueden dejar en manos de los que no tienen el más mínimo sentido de estado». Este tal Olivera es el brazo ejecutor de la «Operación Cataluña» orquestada para desprestigiar a políticos soberanistas con informes falsos, y es el director del CITCO, donde se recibió la supuesta alerta de la CIA que ahora sirve para tirar barro sobre los mossos.

Sin embargo, entre los foros policiales era de dominio público que Barcelona era uno de los principales objetivos yihadistas. Por eso la Generalitat aprobó la creación de 500 nuevas plazas de policía. Pero esta ampliación de personal fue prohibida por el Gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de las fuertes denuncias de diputados catalanes en el Congreso.

En definitiva, el Gobierno central ha jugado a dinamitar el proceso soberanista con todas las armas de la guerra sucia. Pero, comprometer la seguridad de la población es un acto criminal. Sólo la suerte evitó una masacre mucho mayor, si los terroristas hubieran atentado contra la Sagrada Familia, como era su intención. Y luego les sorprende que la población abuchee al Rey y al presidente del Gobierno. Hay que ser muy cínico para acudir a la manifestación con estos antecedentes.

Todo ello ha provocado el aumento de la confianza de los catalanes en las instituciones propias y la desconfianza hacia un Estado que cada día se muestra más hostil con Cataluña. El referéndum de autodeterminación parece inevitable, y el Gobierno español y los medios de comunicación madrileños cada vez están más cegados. ¿Hasta dónde llegarán?