La inhabilitación del juez Santiago Vidal por haber redactado una propuesta de Constitución de Cataluña, en su tiempo libre, debería hacer sonar todas las alarmas que nos alertan contra el totalitarismo. Hasta hace poco tiempo, en España, se nos había dicho que se podía hablar de todo, siempre que fuera en ausencia de violencia, pacíficamente. Ahora vemos que no es así. En España, un juez puede hacer apología del franquismo, pero no puede escribir un borrador de Constitución. La inhabilitación de Vidal supone un gravísimo atentado a la libertad de expresión y de opinión. Nos podrían decir que las ideas de Santiago Vidal pueden afectar a su imparcialidad como juez, pero esto supondría un juicio de valor que no se ha tenido con el resto de profesionales de la Justicia, como es el caso de la elección del presidente del Tribunal Constitucional, un militante del PP. En este caso, su militancia política no puso en cuestión su supuesta imparcialidad.

Otro caso escandaloso es el procesamiento, por el Tribunal Constitucional, de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por haber permitido una votación sobre la hoja de ruta de ruptura de las instituciones catalanas con España. En una clara intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo, el Constitucional pretende impedir debates y resoluciones de un Parlamento suponiendo, a priori, su inconstitucionalidad. Según algunos analistas, el papel que está jugando el Tribunal Constitucional, lo está convirtiendo en una especie de Tribunal de Orden Público, similar al tristemente TOP que operaba en tiempos del franquismo y que, especialmente, perseguía los delitos de opinión.

Estos casos, además del procesamiento de otros cargos, como el del diputado en el Congreso Francesc Homs, nos lleva a una reflexión sobre la necesaria inmunidad de que deben disfrutar los representantes públicos para preservar su libertad de opinión. Hoy, la llamada nueva política, promovida desde la izquierda, defiende acabar con el aforamiento de los representantes a Cortes y en parlamentos autonómicos. Creo que es un grave error. Se puede cuestionar que el aforamiento proteja a los cargos públicos por delitos de corrupción o cometidos en el ámbito de su vida privada. En estos casos se les debe tratar como a cualquier ciudadano. Pero los parlamentarios deben gozar de total libertad para expresar sus opiniones y defender sus ideas, por eso está pensada la figura del aforado, para que ningún tribunal pueda juzgar a un parlamentario por sus opiniones, que, en una democracia han ser sagradas, por mucho que nos puedan desagradar. Este es el espíritu de la Constitución española cuando, en el artículo 71.1 y 71.2 establece: «Los diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones». «Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito».

Todo ello nos pone ante el espejo de la escasa calidad democrática de las instituciones españolas. Es lamentable la utilización de la Justicia por el Gobierno del Estado. Y es lamentable que la cúpula judicial se deje convertir en instrumento de determinadas ideas políticas. Perseguir a jueces o a representantes políticos por sus opiniones, aunque se consideren contrarias a la Constitución, es totalmente antidemocrático. De la idea de que «daría la vida para que puedas defender tus ideas», se puede pasar a te tomaría la vida porque no puedas defender tus ideas.

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