Este titular puede parecer excesivamente arriesgado, sobre todo después de los nuevos encarcelamientos de políticos independentistas y de la detención del presidente Puigdemont por la policía alemana. Cada vez que el soberanismo sufre una sacudida, ya sea por la actuación judicial o por los desacuerdos entre los partidos independentistas, la prensa de la capital da por muerto «el proceso». Pero, a pesar de todo, el muerto cada día está más vivo.
Todo proceso pacífico de separación de un Estado necesita cumplir dos condiciones: obtener la mayoría social favorable a la independencia, y ganar el reconocimiento internacional. Es verdad que todavía no se han cumplido estos dos requisitos, pero habrá que reconocer que el independentismo avanza de forma vertiginosa. A pesar de la brutal represión policial del 1 de octubre y la aplicación del artículo 155 que destituyó al Gobierno de la Generalitat, los partidos independentistas, en unas condiciones muy adversas, volvieron a obtener mayoría absoluta en el Parlamento, además de incrementar el número absoluto de votos, y todo en un nivel de participación extraordinario que deshizo el tópico de que la mayoría silenciosa era mayoritariamente contraria a la independencia de Cataluña. Y la experiencia de los últimos años nos demuestra que cuanto más represión, más aumenta el número de catalanes favorables al ejercicio del derecho de autodeterminación.
En cuanto al reconocimiento internacional, también se tendrá que aceptar que, antes del 1 de octubre, el mundo desconocía absolutamente que en Cataluña existía un movimiento secesionista. Y el paso previo al reconocimiento es el conocimiento. Hoy todo el mundo está pendiente de la extradición de Puigdemont. El conflicto catalán se ha internacionalizado tanto que los principales diarios europeos y algunos de estadounidenses critican el inmovilismo de Mariano Rajoy y el encarcelamiento de los miembros del Gobierno y líderes de la sociedad civil por el hecho de convocar un referéndum. Por no hablar de la resolución de Naciones Unidas que reclama a España que respete los derechos de Jordi Sánchez como candidato a la presidencia de la Generalitat. Una resolución que seguramente se hará extensiva a los presidenciables, Carles Puigdemont y Jordi Turull.
Por mucho que la vicepresidenta del Gobierno considere una buena noticia la detención del Muy Honorable Presidente Puigdemont, por mucho que los medios de comunicación de la capital repiquen campanas, y por mucho que la alta burguesía española brinde con champán en Baqueira, el Estado español sólo puede perder con esta jugada. Si Alemania, y Bélgica, Gran Bretaña y Suiza, niegan la extradición, la bofetada de las democracias europeas a España será antológica. Al contrario, si Alemania concede la extradición y se encarcela al presidente electo de Cataluña, la ya deteriorada imagen internacional de España aún quedará más dañada. Por no hablar del efecto que el encarcelamiento del presidente Puigdemont tendría sobre la sociedad catalana, de consecuencias imprevisibles para la convivencia y la economía del conjunto del Estado.
Y, he aquí que, cruel paradoja, el cerco a Cataluña que Mariano Rajoy inició hace años por motivos electorales recogiendo firmas contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña y presentando recurso al Tribunal Constitucional, se vuelve contra él. Imagen internacional a la altura del suelo y un competidor electoral que recogerá en forma de votos las malas hierbas que Rajoy sembró.