El título del primer capítulo de la serie Juego de Tronos ilustra las amenazas que nos depara el futuro inmediato, condicionado por el fatídico Covid-19. Pensamos que, de todo el Estado español, si hay un territorio donde planean especialmente la miseria y el hambre, este es el de las Islas Baleares. Víctima de un modelo económico basado en el turismo de masas, que nos han impuesto desde los años 60, nuestra economía es la más perjudicada de todo el Estado. El drama es que detrás de los indicadores económicos que se desploman está la gente: trabajadores del sector servicios (y de otros sectores que también reducirán forzosamente la actividad); pequeños empresarios de hostelería, restauración, comercio, cultura, artesanía…; trabajadores autónomos que casi no tienen derecho a prestaciones sociales. Hablamos de decenas de miles de trabajadores y de miles de pequeños empresarios y autónomos condenados a pasar un invierno sin ingresos, además de tener que hacer frente a los gastos obligatorios: electricidad, alquiler, seguridad social, impuestos…

Esta es la «riqueza» de las Islas Baleares, el resultado de una economía colonial basada en la extracción de recursos económicos por parte de grandes empresas y de recursos fiscales por parte del Estado, depredador insaciable de los impuestos generados en nuestras islas. Un sistema económico basado en la importación de mano de obra barata, la depredación del territorio y de los recursos naturales y el crecimiento cuantitativo insostenible; hasta que un bache muestra la debilidad y la dependencia exterior del monocultivo turístico.

En estos momentos, cuando el invierno se acerca, ya deberíamos tener la certeza de que los ERTE se mantendrán, más allá del 30 de septiembre, hasta el comienzo de la nueva temporada turística. Además, las empresas obligadas a cerrar deberían tener acceso a las compensaciones necesarias para evitar el cierre definitivo.

Por desgracia, el virus también nos ha mostrado otra debilidad: la debilidad de nuestra autonomía. Tantos años de sufrir un déficit de financiación autonómica y de inversiones estatales y europeas han dejado al Gobierno de las Islas Baleares endeudado, con poca capacidad de gasto en servicios esenciales que ahora es imprescindible reforzar. Se necesitarían más profesores, más personal sanitario, más gasto para combatir la pobreza… y eso significa disponer de un dinero que, históricamente, ha salido de Baleares para pagar trenes de alta velocidad sin pasajeros, aeropuertos sin aviones y transferencias de recursos hacia otras autonomías, incluso a algunas más ricas que Baleares. Para que nos hagamos una idea, basta ver el número de funcionarios por cada 100 habitantes de las comunidades autónomas: Extremadura 8,8, Cantabria 8,3, Castilla y León 8,1, en cambio las Islas Baleares sólo tienen 6,2 y más atrás todavía está el País Valenciano y Cataluña. Esto supone que en Baleares tenemos un déficit histórico de personal de la sanidad pública, de profesores, de auxiliares de la asistencia social… En definitiva, estos son los datos que el Gobierno del Estado debería tener en cuenta a la hora de repartir la lluvia de millones que la Unión europea repartirá para combatir la pandemia. Por lógica, la comunidad más afectada económicamente por la pandemia y la que más ha contribuido históricamente a las arcas del Estado debería ser la más compensada en estos momentos difíciles. Pero la tradición nos hace pensar que, una vez más, la España subsidiada será voraz con los fondos europeos. Apostamos?

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