La autodeterminación es un derecho universal. Las leyes constitucionales y estatutarias en su contra violan la Carta de la ONU y otras leyes internacionales.
El sábado, el primer ministro español Mariano Rajoy suspendió el autogobierno catalán extrajudicialmente, un golpe de estado, despojando a la región de la autonomía, anulando sus poderes ejecutivo y parlamentario, imponiendo el gobierno fascista de Madrid, con pleno apoyo y aliento de la UE y Estados Unidos.
En algún momento de esta semana, el presidente catalán Carles Puigdemont y los parlamentarios se reunirán para discutir cómo responderán a la acción de Rajoy, y Puigdemont ha dicho:
«Pido al parlamento que se reúna en una sesión plenaria durante la cual nosotros, los representantes de la soberanía de los ciudadanos, podremos decidir sobre este intento de liquidar nuestro gobierno y nuestra democracia, y actuar en consecuencia».
Las instituciones catalanas no pueden aceptar este ataque de España… Viva Cataluña!».
La presidenta del parlamento regional, Carme Forcadell, rechazó la acción de Rajoy, diciendo que «quiere que el parlamento de Cataluña deje de ser un parlamento democrático, y no vamos a permitir que esto suceda».
Una opción es desafiar a Madrid declarando la independencia regional, anunciando la formación de una nueva república catalana: lo que debería haber sucedido inmediatamente después de la abrumadora votación del día del referéndum del 1 de octubre, pidiendo la separación de España.
Puigdemont se comprometió en 48 horas. Ahora han pasado 22 días. Su llamada al diálogo con Madrid cayó en saco roto. Bruselas lo rechazó.
Ayer por la tarde, se dirigió a cientos de miles de catalanes reunidos en Barcelona, en protesta por la acción de Madrid, y explicó que sus múltiples llamadas al diálogo con Madrid obtuvieron «la misma respuesta: el silencio de la represión».
Califico la imposición del gobierno directo sobre la región como «el peor ataque contra las instituciones y el pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco».
España bajo Rajoy es una dictadura política en guerra con su propio pueblo, explotándolo y reprimiéndolo a nivel nacional.
Él actua para eliminar las instituciones catalanas, dijo Puigdemont, y subrayó que si los «valores europeos están en riesgo en Cataluña, también estarán en riesgo en Europa».
La acción de Rajoy contradice «las bases que unen a los ciudadanos de la UE a través de su diversidad». Puigdemont no quiso señalar si cumplirá su promesa de declarar la independencia.
Madrid tiene la intención de usurpar el control total de la región, incluidos sus medios de comunicación, por lo que solo se escucharía el mensaje del régimen. Los funcionarios de los medios de comunicación pueden ser despedidos, reemplazados por los funcionarios pro-Rajoy.
También se ejercerá control sobre las telecomunicaciones, los servicios digitales y la tecnología de la información en Cataluña.
Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, 12 consejeros y otros funcionarios de la administración serán despedidos, reemplazados por administradores nombrados por Rajoy. Los diputados serán despojados de sus poderes, teniendo Madrid poder de veto sobre sus acciones.
Rajoy llamó a una convocatoria de elecciones anticipadas dentro de seis meses o «tan pronto como se restablezca la normalidad institucional», dijo.
La dominación directa de Madrid sobre Cataluña se finalizará después de que se celebren elecciones rápidas. Hasta entonces, los administradores designados por Rajoy ejecutarán las órdenes.
La policía catalana estará controlada por «una autoridad creada o designada» por Madrid. Los no cumplidores serán despedidos y reemplazados.
La orden de Rajoy será efectiva una vez que los senadores lo aprueben, se espera una votación para el 27 de octubre, que seguramente se aprobará.
La activista independentista Elena Jiménez probablemente habló por la mayoría de los catalanes cuando dijo que «cada paso que da el gobierno español convierte a más personas a la independencia».
«Es por eso que realmente no entendemos sus tácticas. Es casi como si no nos entendieran en absoluto».
La usurpación del control de Madrid sobre Cataluña ha encendido una crisis constitucional, el descontento regional no será fácilmente dominado.
Los catalanes quieren abrumadoramente la «libertad». Medio millón de personas se concentraron en Barcelona el sábado por la tarde para dar su apoyo.