¿Por qué la electricidad en España es una de las más caras de Europa? ¿Por qué en Alemania instalan diez veces más placas solares que en España? Sólo hay una explicación: vivimos en una auténtica dictadura de las empresas energéticas, las cuales, mediante las llamadas puertas giratorias, tienen en sus consejos de administración a dos ex presidentes de gobierno y a un número importante de ex ministros. De modo que, a partir de la privatización del sector energético, en la práctica, se ha establecido un verdadero oligopolio que controla y manipula las tarifas eléctricas y los precios de los carburantes. Y, lo que es más grave, impide con su influencia política que se desarrollen energías renovables que disminuirían el déficit energético de España y las emisiones de gases contaminantes.

Las tarifas eléctricas se establecen con un sistema de subastas -cada vez más opaco-, que permite que las principales compañías eléctricas puedan manipular los precios. El problema nació cuando la burbuja inmobiliaria, impulsada por Aznar, generó unas expectativas de consumo energético que no se han confirmado. De acuerdo con el crecimiento del sector inmobiliario, las compañías eléctricas instalaron centrales de ciclo combinado, que utilizan gas o fuel, con una capacidad de potencia muy superior a las puntas de demanda que se han producido. El problema tarifario nace cuando estas centrales, que aún no están amortizadas, fijan el precio de todo el sistema, independientemente de la fuente de energía empleada. Así, las centrales hidroeléctricas, que están amortizadas con creces y que utilizan el agua como fuente energética, cobran el precio más caro para la electricidad generada -el fijado por las centrales de ciclo combinado-. Lo mismo que ocurre con las nucleares, todas ellas con más de veinte años de vida y, por tanto, totalmente amortizadas. Se dice que la energía nuclear es la más económica. Cierto, si hacemos abstracción de los costes que conllevará el mantenimiento de los cementerios de residuos nucleares, que quedan activos más de 25.000 años; si obviamos el peligro de un accidente nuclear como el de Chernobil o el de Fukushima, o si nos cobrasen lo que cuesta realmente generar electricidad nuclear, pero nos cobran el precio fijado por la generación más cara.

Las últimas reformas del sistema tarifario, además, ya que el consumo energético se ha reducido a causa de la crisis económica, incrementan el precio sobre la parte de tarifa que podríamos considerar fija: alquileres de los equipos y mantenimiento de las redes de distribución. El resultado es que los pequeños consumidores somos los grandes perjudicados.

Aún más grave es el control político que las eléctricas y las petroleras ejercen sobre los gobernantes, impidiendo el desarrollo de las energías renovables, especialmente la fotovoltaica. Hoy, el precio de las placas solares ha disminuido tanto que los costes de producción ya son inferiores a los de las energías fósiles. La energía solar sería más barata si el gobierno regulara el autoconsumo, permitiendo que el sistema solar funcionara en paralelo con la red convencional. Sobre todo, resultaría definitivo la instalación de un doble contador que permitiera vender en la red los excedentes de la energía solar producida en las horas de máxima exposición solar. Esto permitiría prescindir de los acumuladores (que encarecen el sistema fotovoltaico) y abarataría enormemente la factura, por lo que sólo pagaríamos la diferencia entre la electricidad inyectada en la red y la consumida. No hace falta decir el impacto que esta medida, que ya está vigente en algunos países, tendría sobre la factura energética que España paga al exterior y sobre la reducción de los gases contaminantes que provocan el efecto del cambio climático. Por no hablar de la dinamización económica que se generaría si los particulares, las empresas y las administraciones públicas optaran por instalar sistemas de generación fotovoltaica. Se potenciaría el sector industrial de las energías renovables y se generarían cientos de miles de puestos de trabajo en el sector de la construcción, el sector que ha generado más paro en los últimos años.

Por todo ello, podemos afirmar que el mayor reto que debe afrontar nuestro sistema democrático es el control de la planificación energética. Un sector tan estratégico para cualquier país no se puede dejar en manos de gente sin escrúpulos que sólo piensa en su beneficio material, aunque sea a costa de perjudicar la economía de las clases populares, de restar competitividad a las empresas, de ‘hipotecar al Estado y de provocar un daño irreparable al medio ambiente.