Hace unos días, se hizo pública la renuncia de César Alierta al cargo de presidente de Telefónica. Lo más destacable de la noticia es que percibirá una cláusula de jubilación de 35,5 millones de euros (cinco mil quinientos millones de las antiguas pesetas). Su sueldo, en el año 2015, fue de 6,5 millones de euros. Según un informe de CCOO, las empresas del IBEX 35 tienen 928 directivos con contratos blindados. En el año 2014, los presidentes de las empresas del IBEX 35 habrían cobrado 186,6 millones de euros, lo que supone una media de 5,5 millones cada uno. 

Las empresas del IBEX 35 se dividen, en su mayoría, en cuatro grandes grupos: eléctricas, financieras, grandes constructoras y comunicaciones. Aparentemente, operan en un mundo muy competitivo, reglado por las leyes de la economía de mercado, según las cuales triunfan las empresas más fuertes y sucumben las más débiles. De hecho, los grandes directivos de estas empresas son los profetas del liberalismo económico, que predica la necesidad de reducir el estado a la mínima expresión y evitar cualquier intervencionismo de los gobiernos en la economía. Pero, la mayoría de estas grandes empresas se sirven de los gobiernos para conseguir ventajas que les permitan posiciones de dominio en el mercado. En la práctica, estos cuatro grandes bloques que hemos mencionado se han convertido en grandes oligopolios que impiden la libre competencia entre sectores de servicios esenciales.

Pero, ¿qué hacen estos grandes directivos, este tipo de superhéroes, para merecer unas remuneraciones tan descomunales? En primer lugar, sus empresas gozan de ventajas fiscales respecto a las pequeñas y medianas empresas. Gracias a exenciones y desgravaciones legales, pueden llegar a cotizar menos de un 10% en el Impuesto de Sociedades. Esto en cuanto a los beneficios que no pueden ocultar, ya que el 85% de las empresas del IBEX 35 tienen sucursales en paraísos fiscales, a través de los cuales pueden evadir una buena parte de los impuestos que deberían pagar.

En segundo lugar, gracias a las puertas giratorias, controlan las cúpulas de los principales partidos políticos y obtienen una influencia decisiva sobre los gobiernos y las Cortes Generales. Así, toda la normativa en materia económica está dirigida por estas grandes empresas para evitar su control y mantener la situación de dominio sobre hipotéticos competidores. El ejemplo más claro es la normativa que en España hace prácticamente inviable el desarrollo de las energías renovables con un impuesto al suelo que grava las instalaciones fotovoltaicas. La fijación de las tarifas eléctricas es opaca y permite prácticas oligopolísticas. Se ha denunciado que, incluso, utilizan un bien público como el agua de los pantanos para disminuir la producción energética y aumentar artificialmente los precios, y esto lo hacen reteniendo el agua en determinados momentos. Las centrales eléctricas totalmente amortizadas, como las hidráulicas o las nucleares, cobran para producir electricidad al mismo precio que fijan las centrales de nueva construcción.

¿Y qué decir de las entidades financieras? Fueron el motor de la burbuja inmobiliaria y, cuando estalló la crisis económica, se sirvieron de las ayudas públicas para transferir su endeudamiento privado al Gobierno. Actúan como intermediarios en comprar deuda pública, con el que ganan un buen interés, gracias a los préstamos que obtienen del Banco Central Europeo a un interés cercano al cero por ciento.

En cuanto a las empresas constructoras, beneficiarias de las faraónicas, y en muchos casos inútiles obras públicas realizadas en España, siempre juegan a golpe seguro. Cuando las expectativas de negocio no se cumplen, la Administración acude a rescatarlas, como en el caso de las autopistas radiales de Madrid; por no hablar del caso Castor, que ha obtenido una indemnización mil millonaria del Estado, tras provocar miles de pequeños terremotos, que han causado graves desperfectos físicos a los particulares, que no recibirán ninguna indemnización.

En definitiva, esta es la labor de los «cracks» que dirigen las grandes empresas. No se mueven dentro de los parámetros de una economía de libre mercado, sino en una «corporatocracia» que se aprovecha de las situaciones de ventaja que obtienen del favor del poder político. Predican una doctrina que ellos no practican. Es lo que se conoce como «capitalismo de amiguetes». Esta es la verdadera «casta», la que se reparte el botín, mientras predica la necesidad de reducir el gasto público. Y no veo en el cambio que propone Pedro Sánchez que pretenda tocarlos ni un solo cabello, sobre todo pactando con Ciudadanos, el nuevo producto político del IBEX 35.