Coincidiendo con la ola de frío que ha asolado todo el territorio estatal, se ha producido el incremento más alto que se recuerda de las tarifas eléctricas, precisamente cuando la electricidad es más necesaria para combatir el terrible frío de estos días. Como consecuencia, se han disparado la indignación y la impotencia. El ministro de energía ha justificado el brutal incremento a causa de que la fuerte demanda ha incrementado el consumo de energía proveniente de las centrales de ciclo combinado, que funcionan con gas o fuel y que tienen unos costes muy superiores a las centrales que funcionan con energía hidráulica, eólica o nuclear. Y aquí es donde radica la trampa del sistema, que supone una estafa a gran escala a todos los ciudadanos y a las empresas.
El precio de la energía eléctrica se fija mediante un sistema de subastas muy particular. Prácticamente, cada hora se subasta el precio de la tarifa eléctrica, con una particularidad, el precio lo fija la oferta más cara, la de las centrales de ciclo combinado. Si hay poco viento o si los embalses están vacíos o si la demanda crece debido a las condiciones meteorológicas se produce más demanda de energía cara y los precios suben.
Hasta aquí nada de particular si no fuera porque todas las centrales, independientemente de sus costes de producción, cobran la energía producida al mismo precio, el que fija la subasta. El gas o el fuel son caros y muchas de las centrales que funcionan con estos combustibles aún no están amortizadas. Se entiende que cobren un precio elevado. Pero, y las centrales hidráulicas, la mayoría de ellas amortizadas con creces y que utilizan el agua como fuente de energía, ¿por qué tienen que cobrar al mismo precio? Y las nucleares, todas amortizadas, con el combustible más barato, ¿también tienen que cobrar al precio fijado por las centrales de gas? Como nos podemos imaginar, cuando se producen las puntas de demanda como la de estos días se disparan los beneficios de las empresas eléctricas, precisamente cuando la población más necesita un servicio público tan esencial. ¿Es o no es una gran estafa este sistema?, además de suponer una inmoralidad absoluta.
Y, aún más, ¿quien controla que no se produzcan maquinaciones para influir en los precios de las subastas? Por ejemplo, determinadas empresas pueden utilizar un bien público, como el agua de los embalses, para influir en los precios de la energía, simplemente, cerrando sin justificación el flujo de agua y obligando a consumir energía cara, según sus intereses empresariales. Es la verdadera cara de la liberalización de un sector estratégico, el cual, en la práctica, se ha convertido en un auténtico oligopolio. De hecho, las grandes eléctricas ni se esconden, ya que han formado una asociación profesional, UNESA, para «defender los intereses generales de sus miembros».
No es ésta la única práctica que pone en entredicho la liberalización del sector. Las puertas giratorias, que ponen en los consejos de administración a ex-ministros y políticos influyentes de los dos grandes partidos españoles, són una prueba más de la sumisión del poder político a estos intereses ilegítimos.
Su influencia y su poder son de tal magnitud que han maquinado para que el Gobierno del Estado ponga obstáculos a las energías renovables, hasta el punto de llegar al auténtico disparate de imponer un «impuesto al sol» a fin de limitar la implantación de la energía solar fotovoltaica. Como resultado, en Alemania o en el Reino Unido se instalan muchas más placas solares que en España.
Por desgracia, estas cuestiones, las verdaderamente importantes, no son de interés de los electores, los cuales, a la hora de votar, optan mayoritariamente por perpetuar este sistema tan corrupto. Algunos nos podemos quejar, otros, los cómplices, que paguen y callen.