Cuando Berta Cáceres Flores, coordinadora general de la organización indígena lenca COPINH y líder nacional del movimiento social en Honduras, fue asesinada, el 2 de marzo pasado, ella estaba en medio de una intensa lucha en defensa del Río Gualcarque.
Berta y el pueblo Lenca de Río Blanco ya habían paralizado la construcción de la represa de Agua Zarca sobre el río Gualcarque el 2014. Entonces, ella fue detenida por los militares y el gobierno de Honduras ordenó su encarcelamiento.
Posteriormente, la empresa de “Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)” inició un segundo intento de construcción de la represa; y Berta, como también otros miembros del COPINH, recibieron amenazas de muerte y aumentó la represión.
Ya entonces, disparos fueron realizados contra Berta mientras ella conducía su vehículo en el área de la represa. También, los empleados de la oficina del alcalde la amenazaron durante una protesta, diciendo que Berta era alguien «que tuvo que ser muerto» y que Berta no volvería allí.
Un asesino vinculado con la empresa, con un historial criminal, dijo a los miembros de la comunidad que iba a asesinar a 10 personas que se oponían a la construcción de la represa, incluyendo a Berta.
Berta y otros miembros del COPINH fueron perseguidos por hombres armados y siguieron recibiendo amenazas de muerte.
Sin embargo, Berta se negó a permanecer en silencio, no sólo en su oposición a la represa de Agua Zarca, sino por su clara denuncia contra el régimen hondureño, respaldado por los EEUU, que tiene a la venta los recursos naturales de Honduras para el saqueo por parte de las empresas.
Ella se pronunció enérgicamente en contra de la militarización y la represión por parte del Estado de Honduras, la que ha sido financiada por EEUU, y que se ha utilizado para forzar megaproyectos, represas, privatización, en contra de las comunidades que se levantaron para defender su territorio.
Los poderes que orquestaron el asesinato de Berta no se han contentado sólo con matar a Berta, sino que ahora están manipulado la investigación sobre la muerte de Berta como la han denunciado COPINH y familiares de Berta.
El gobierno de Honduras rechazó la petición de la familia de Berta de tener un experto forense independiente para que estuviese presente en la autopsia y han puesto en peligro la vida del único testigo del asesinato de Berta, Gustavo Castro Soto.
A pesar de que Gustavo ha cooperado con la investigación y dado numerosos testimonios, el gobierno de Honduras le ha prohibido salir del país y volver a México, donde vive, insistiendo en que debe permanecer en la localidad donde se produjo el asesinato y donde podría ser asesinado. Como si esto no fuera suficiente, su abogado ha sido suspendido.
COPINH y familiares de Berta han puesto de manifiesto que las autoridades hondureñas están tratando de evitar la responsabilidad que tienen en el crimen de Berta centrando la investigación, falsamente, sobre los activistas COPINH, en los compañeros de Berta. Con esto, desvían la investigación y no siguen la pista hacia los poderosos; responsables de las constantes amenazas de muerte y represión que Berta enfrentó.
Como COPINH declaró:
«Es claro que el estado Hondureño, el mismo estado que criminalizó a Berta Cáceres, el mismo estado que dio orden de captura a Berta, el mismo estado que la persiguió, que la amenazó, y que tiene responsabilidad por su asesinato no puede investigar a sí mismo. El mismo estado que persiguió a Berta Cáceres por enfrentar los poderes económicos y políticos solo tiene la intención de manipular la investigación para seguir criminalizando y difamando».
El COPINH y familiares de Berta han pedido al gobierno de Honduras que firme un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la creación de un grupo independiente e imparcial de expertos para que pueda investigar el asesinato. Además, han pedido la cancelación definitiva de la construcción de la represa de Agua Zarca.
El COPINH ha pedido que se ponga fin a la ayuda militar y de seguridad a Honduras lo mismo que Berta exigió durante su vida.
En especial, sigue preocupando la presencia de la unidad militar los «TIGRES» financiada y capacitada por los EEUU que se encuentran en el área de la represa de Agua Zarca para intimidar a la población local.
Los TIGRES, efectivamente, han sido financiados y entrenados por los EEUU para tratar supuestamente el tráfico de drogas, pero es evidente que se están utilizando para proteger «intereses corporativos» y para intimidar a la comunidad en resistencia.
Berta era una voz por la libre determinación no sólo del pueblo lenca sino para todos los hondureños.
Ella era un líder muy clara que se opuso al golpe militar de 2009 y a los regímenes represivos resultantes.
Ella junto a COPINH, con el apoyo de numerosas comunidades lencas, luchaban contra el desplazamiento que generan las represas, la privatización de sus recursos, y los megaproyectos.
Ella era un líder nacional en la lucha contra el plan ultra-neoliberal que se esta imponiendo en Honduras y que ha significado la privatización y explotación, de casi todo lo que sea posible, como la represión brutal contra los que resisten.
Berta habló en contra de la alianza con EEUU y el Plan de la Prosperidad el que están poniendo en marcha en toda Centroamérica y que implica, claramente, su militarización y el impulso de proyectos de privatización y de explotación económica que solamente traerán más destrucción y muerte a Honduras.
Ella criticó fuertemente la represión del régimen actual y se negó a permanecer en silencio. No importa cuántas amenazas recibió, no importa cuántas veces se la siguió, se la persiguió o se la amenazó de muerte, Berta no pudo ser silenciada y no debe ser silenciada hoy. La voz de Berta debe continuar…
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Campaña de firmas
Que el gobierno de Honduras firme acuerdo con CIDH y respete a las/los defensores de DDHH