En una carta dirigida al Mecanismo por los Tribunales Penales Internacionales de las Naciones Unidas (MICT), 8 personas absueltas por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) interpelan sobre las dificultades encontradas desde su absolución y piden poder ir a vivir con sus familias.

Los firmantes, de los cuales forman parte Jérôme Bicamumpaka, Casimir Bizimungu y Gratien Kabiligi, afirman que el Tribunal no ha cumplido su responsabilidad de ayudar a las personas absueltas a encontrar una vivienda digna y muchos de ellos todavía viven en las cárceles del TPIR a pesar de su absolución sobre bases sustanciales de fondo hace ya varios años.

«Fuimos detenidos y acusados ​​de los crímenes más graves. El Tribunal dijo que nuestras detenciones se hicieron sobre la base de apariencias de prueba. Pero la realidad es que fuimos detenidos en base a las posiciones que habíamos ocupado en el gobierno de Ruanda en 1994 o, simplemente, en base a nuestra condición social. Después de largos procesos que examinaron cada uno de los cargos presentados por el fiscal, el Tribunal dictaminó que éramos inocentes», se lee en la carta de los absueltos, enviado al MICT el 21 de abril de 2016.

Los absueltos, la mayoría de los cuales tienen ahora una edad avanzada, también acusaron al Tribunal de no hacer suficientes esfuerzos para su rehabilitación y reinserción en la sociedad. A la mayoría de ellos se les ha negado el derecho a entrar en los países occidentales donde residen sus familias, principalmente en Bélgica, Francia y Canadá. Instan a la ONU para que tome las medidas legales necesarias para garantizar la reunificación con sus familias.

«(…) El tribunal de la ONU nos detuvo sobre bases falsas. Las Naciones Unidas, representadas aquí por el MICT, tienen la obligación de hacer todo lo necesario para conseguir que volvamos con nuestras familias. Cuando los países que acogen a las familias de los absueltos reaccionan de manera negativa o arrastrando los pies, el Tribunal o las Naciones Unidas deberían levantarse, ir a verlos y negociar con fuerza y ​​convicción para hacerles entender que la persona que solicita la reubicación reúne todos los requisitos para entrar en el país, y que los instrumentos jurídicos internacionales alientan a los países a acogerlos», añaden.

Los firmantes también se niegan a volver a Ruanda por temor a violaciones de los derechos humanos que se dan en el país. Además, sus cónyuges e hijos no pueden volver a Ruanda después de haber obtenido la condición de refugiados o la nacionalidad en los países extranjeros, debido a la amenaza de posibles persecuciones en caso de volver a su país de origen.

Aunque haya una propuesta del gobierno de Ruanda de acogerlos, los absueltos creen que «el gobierno de Kigali no es sincero» y no pueden volver mientras «Ruanda siga siendo un estado autoritario y represivo». Además, cuatro de ellos, André Ntagerura, Gratien Kabiligi, Protais Zigiranyirazo y Prosper Mugiraneza solicitaron protección internacional del ACNUR. Hasta ahora no han recibido ninguna respuesta, ni del ACNUR ni de los países de acogida de sus familias.

Por tanto, los firmantes instan al MICT a sensibilizar ACNUR para que les conceda protección internacional, que «facilitará, sin duda, su aceptación por parte de los países que acogen sus familias».

En conclusión, los absueltos vuelven a pedir las copias del plan estratégico de reubicación de la ONU sobre su futuro, que hasta ahora se les ha negado a pesar de las numerosas solicitudes anteriores, y recuerdan que la ONU «se supone que es un modelo de transparencia y buen gobierno».