Este mes de octubre, diferentes medios de comunicación se han hecho eco de una noticia: la Asociación Holandesa de Museos calcula que 42 centros de arte guardan 170 obras de arte robadas por los nazis a los judíos antes o durante la Segunda Guerra mundial. Pero, lo más importante de la noticia es que las autoridades trabajan para devolver las obras a sus propietarios. De hecho, desde el año 2000, en Holanda hay un Comité de Restituciones que ya ha devuelto 460 obras, tras comprobar la legitimidad de los propietarios.

En Alemania, el Centro Internacional de Rastreo, que se dedica a documentar la persecución del nacionalsocialismo, puso en marcha una campaña para localizar las familias de las víctimas que son las propietarias de más de 5.000 objetos robados, encontrados por el ejército británico en el campo de concentración de Neuengamme. Curiosamente, 68 de estos casos corresponden a ciudadanos españoles y algunos de sus familiares ya han recibido los objetos.

En el Estado español la situación es radicalmente distinta. Ni el Estado ha devuelto las propiedades expropiadas por el franquismo, ni se ha exigido a los familiares de Franco la restitución de los bienes adquiridos ilegalmente, como el famoso Pazo de Meirás, «ofrecido» a Franco en 1938 como residencia veraniega.

En Mallorca, el caso más flagrante es el de la residencia del que fue alcalde de Palma durante la II República, Emili Darder, asesinado por los fascistas en 1937. El edificio, que también albergaba el laboratorio donde trabajaba el médico Darder, fue confiscado por un edicto militar junto con todos sus bienes: casas, laboratorio, muebles, cuadros, su colección de fósiles, biblioteca…

Durante años, los familiares de Emili Darder han luchado inútilmente para recobrar parte del patrimonio incautado. Últimamente, a pesar del poco uso que hace de él el Ministerio de Defensa, el mes de febrero de este año, el Gobierno español denegó la petición del Ayuntamiento de Palma, secundada por el Gobierno de las Islas Baleares y por el Consejo de Mallorca, que reclamaba, de acuerdo con los familiares, el retorno de la casa de Emili Darder para convertirla en un espacio de homenaje a las víctimas de la represión franquista.

Cada día más, la democracia española queda en evidencia ante las democracias europeas. Mientras Europa se avergüenza de los crímenes del fascismo y hace todo lo posible para honrar a sus víctimas y por perseguir duramente las exaltaciones fascistas, en España la derecha sigue sin condenar el franquismo y el Estado permite la existencia de una Fundación que exalta el franquismo, de un partido político como Falange Española y de la asociación franquista Hogar Social. Y tolera exhibiciones y actos violentos en la calle de guerrillas fascistas. Y cuando hablamos de España nos referimos a todos sus estamentos: el monarca, las Cortes Generales, el Gobierno, las fuerzas de Orden público, la Justicia (el Tribunal Constitucional mantiene en libertad a varios fascistas condenados por agresiones), y buena parte de la prensa que encubre las actuaciones de estos matones que campan con total impunidad.

Precisamente, esta semana el Parlamento Europeo aprobó una resolución reclamando que se ilegalicen las fundaciones que glorifican al fascismo. Igualmente, «pide a las autoridades españolas que eliminen de forma efectiva todos los símbolos o monumentos que exaltan el levantamiento militar y la dictadura franquista». En este punto, el PP español se abstuvo. ¿Y qué harán las instituciones españolas? ¿Acatarán la resolución del Parlamento Europeo? Creo que no, simplemente cambiarán los despojos de Franco del Valle de los Caídos a la Catedral de la Almudena, donde será más fácil rendir homenaje al dictador.