«El prisionero de guerra no pertenece a nuestra tribu.
Podemos hacer con él lo que queramos» J.M. COETZEE
Uno de los factores que más ha sorprendido a quienes seguimos con interés, algunos días con angustia, el juicio al «procés» catalán ha sido la falta de empatía que demuestra la ciudadanía española hacia las personas que llevan más de un año en situación de prisión preventiva. El ensañamiento de la mayoría de medios de comunicación, la crueldad de «las redes», el menosprecio de los artistas «progres»… Por no hablar de los adversarios políticos, que encuentran demasiado leves los años de cárcel que pide la fiscalía y, por si acaso, hacen campaña contra un hipotético indulto, incluso, antes de iniciarse el juicio.
Un juicio que, en unas pocas sesiones, ya ha dejado en evidencia que se trata de un juicio político, basado en opiniones y sensaciones de unos testigos que han construido un relato de falsa violencia que justifica la petición de penas tan absurdas. Las pocas imágenes que el presidente del Tribunal ha permitido exhibir han dejado en evidencia que la violencia sólo existió en la actuación de la policía nacional y de la guardia civil.
Especialmente decisiva fue la declaración del mayor Trapero que desmontó, de manera rotunda, la teoría de la rebelión: los mossos nunca recibieron instrucciones políticas de permitir el referéndum y cumplieron fielmente el mandato judicial que ordenaba poner la convivencia ciudadana por delante la eficacia. Contundente fue la revelación que hizo Trapero de las palabras de la magistrada a los jefes de los tres estamentos policiales: «tengan paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social». ¿Quién cumplió más fielmente la instrucción judicial? Este era el principal argumento de la acusación por rebelión: la necesaria colaboración de un cuerpo armado como los mossos en el levantamiento violento contra el Estado.
Además, la instrucción judicial que ordenaba poner por delante la convivencia ciudadana no fue transmitida a las unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional por el coordinador, el coronel Pérez de los Cobos, según declaró uno de los testigos de las mismas acusaciones. No es el mayor de los mossos que debería estar sentado en el banquillo de los acusados, sino quienes incumplieron las órdenes de la magistrada y ordenaron actuar con violencia contra la población.
Los otros dos puntales de las acusaciones son la instructora judicial que salió de la sede de la conselleria de Economía por una azotea que da al teatro al lado, y el teniente coronel Baena, instructor de las causas que se siguen en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en el Juzgado número 13 de Barcelona. Ambos testigos estarían gravemente contaminados por animadversión ideológica si el presidente del Tribunal hubiera aceptado las pruebas que solicitaban las defensas. La primera, se ha demostrado que es una seguidora de páginas de extrema derecha que insultan al soberanismo. El segundo, aún és más grave, ya que el teniente coronel Baena se identificó como «Tácito» en una entrevista radiofónica, una cuenta de twiter donde se ha insultado reiteradamente a los acusados. Si el Tribunal Supremo hubiera permitido solicitar la autoría de la cuenta y se hubiera probado que Tácito y Baena son la misma persona, el autor del «relato», sobre el que se fundamentan acusaciones tan graves y que justifica la prisión preventiva desde hace más de un año, habría cometido falso testimonio ante el Tribunal Supremo y toda la causa se habría derrumbado.
Pero, a estas alturas, ya se ha demostrado que no se trata de impartir justicia, sino venganza. Como bien escribió Coetzee, el premio Nobel de literatura mencionado al principio, «No hay leyes cuando se trata de prisioneros de guerra».