Durante décadas el PP ha sido el gran justiciero frente a los crímenes de ETA. Su indignación parecía ser de tal intensidad, que los que simplemente analizaban con matices diferentes la tragedia vasca, eran tratados casi de cómplices de ETA. Recientemente, el mero acatamiento de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot, resolución que ha acortado las penas de algunos miembros de ETA, ha originado oleadas de indignación y hasta una fractura en las filas conservadoras. Imagínense qué hecatombe se habría producido si por propia iniciativa el gobierno del PP hubiese tomado la decisión de impedir «legalmente», gracias a su mayoría absoluta, que fuesen perseguidos y juzgados una cuarentena de asesinos de ETA contra los que ya existiese una orden de arresto por parte de la Audiencia Nacional. Pues bien, esto es casi exactamente lo que acaba de suceder en estos días: de la noche a la mañana, el PP ha acabado con la jurisdicción universal española, otorgando una total impunidad a los cuarenta altos cargos del Frente Patriótico Ruandés imputados por el juez Fernando Andreu por el asesinato de nueve ciudadanos españoles en Ruanda y la Rd del Congo. Pocas páginas de la historia reciente de España habrán dejado tan en evidencia la inconsistencia de los más sacrosantos principios y esencias patrias. Pero todo esto a casi nadie parece importarle. ¿Que nos está sucediendo? ¿A donde se ha ido el extraordinario dolor de tantos españoles por la desgracia de unas víctimas inocentes así como por la de sus familiares?
En esta causa se están dando además al menos dos serios agravantes. El primero de ellos es que, aunque nuestros grandes medios occidentales de «información» no se hagan eco de ello, la dictadura ruandesa sigue causando un sufrimiento indecible en la Rd del Congo (aparte de todo el que sigue causando a los propios ruandes) con su permanente agresión y pillaje mediante sucesivas «rebeliones» creadas ad hoc, como está reconociendo por fin hasta la misma ONU. Esos imputados son perseguidos por un juez digno que no hace diferencias entre víctimas de primera (¿porque son rentables electoralmente o por cuál otra causa se podría hacer una discriminación tan miserable?) y víctimas de segunda (¿porque detrás de su asesinato están nuestros poderosos patronos anglosajones, como queda en evidencia en los cinco cables de Wikileaks que prueban hasta qué punto presionaban para que el gobierno socialista desactivase nuestra querella?). Son perseguidos por un juez valiente que tampoco hace diferencia entre asesinos. Y son perseguidos no para hacer justicia sobre hechos pasados sino para acabar con una impunidad que sigue permitiendo el pillaje sistemático, centenares de miles de violaciones anuales y crímenes masivos continuados…
Y este es precisamente el segundo agravante: la magnitud de todo ello. Estamos hablando de tantos millones de víctimas que se supera ya el número de las víctimas judías del régimen nazi. Lo cual demuestra de nuevo que existen víctimas de primera y víctimas de segunda. Y que existe además aquel increíble control de la opinión pública contra el que nos vienen alertando desde hace años algunas mentes excepcionalmente informadas como Noam Chomsky o Julian Assange. A lo que hay que añadir la agenda cada vez más atlantista de las grandes ONG anglosajonas de derechos humanos (grandes creadoras de opinión), agenda de la que se lamentan también diversos expertos. Estas ONG han estado activas en denuncias relacionadas con varias de las causas abiertas en la Audiencia Nacional, pero han eludido sistemáticamente el referirse a esta que está en manos del juez Fernando Andreu. Y ello a pesar de que él mismo, en una conferencia que impartió en la Casa de América (a la que asistieron varios de sus compañeros jueces y los responsables de Amnistía Internacional de España) se refirió a ella como la más importante, junto a la de Augusto Pinochet, de las causas de justicia universal abiertas en la Audiencia Nacional.