Por mucho que el turismo en Baleares ha ido a medio gas, la sensación de saturación de este verano se ha parecido a la de los años anteriores a la pandemia, si no es que ha sido superior. Y es que, tal vez, ya somos los propios residentes de las islas quienes llenamos las carreteras, las calles y las playas. Ningún otro territorio del Estado ha sufrido un crecimiento demográfico tan vertiginoso como las Islas Baleares, y las previsiones es que no se detendrá. Incluso voces representativas del sector turístico, que hace unos años decían que el peor turista es el que no viene, ahora propugnan un cambio de modelo que no base la rentabilidad en la masificación y en el que no quepan los excesos de los hooligans que hemos vuelto a soportar este verano. Y, en este contexto, es bien legítimo que los habitantes de Baleares nos cuestionemos si nuestras islas deben ser una especie de El Dorado que atrae a personas de todo el mundo a la búsqueda de oportunidades, o bien si tenemos que poner límites al crecimiento demográfico y turístico, en la urbanización del territorio y en la construcción de las infraestructuras y los equipamientos públicos que el incremento de población y el turismo demandan.
En este caso, hay que preguntarnos si tenemos los instrumentos necesarios para cambiar progresivamente el actual modelo económico para hacerlo más sostenible, entendiendo que las actuaciones políticas deben tomarse en dos niveles: la oferta y la demanda turísticas y residenciales. En cuanto a la oferta es evidente que nuestras instituciones, ayuntamientos, consejos insulares, Gobierno y Parlamento disponen de competencias para disminuir el suelo urbanizable, proteger el suelo rústico, regular y promover la reducción de licencias turísticas,… Incluso, en ocasiones se ha hablado de promover una ley autonómica para limitar las licencias de construcción anuales que dan los ayuntamientos para evitar que en poco tiempo se edifiquen todos los solares disponibles en los planes municipales. Todas estas medidas son posibles, pero, ¿qué efecto tendrían si continúa la demanda de compra de inmuebles por parte de ciudadanos extranjeros?
Es evidente que la reducción de la oferta turística provocaría un incremento de los precios turísticos, y esto podría ser positivo para expulsar al turismo no deseado. Pero, del mismo modo, una reducción del suelo edificable y de la construcción, sin reducir la demanda, provocaría un incremento de los precios de las viviendas, haciéndolos aún más inasequibles para la población autóctona. Y, así como nuestras instituciones tienen competencias para actuar sobre la oferta, no disponen de ningún instrumento para actuar sobre la demanda. No podemos limitar la libre circulación y residencia de los ciudadanos europeos, ni podemos regular la compra de bienes inmuebles por parte de ciudadanos de Europa y el resto del mundo. Por ello, las hipotéticas normas para limitar la compra de inmuebles en las Islas Baleares deberían ser aprobadas por las instituciones estatales y validadas por la Unión europea.
Muchos países europeos ya han adoptado restricciones a la compra de inmuebles por parte de ciudadanos extranjeros: Austria, Hungría, Grecia, Dinamarca, Chipre, Malta, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía, Finlandia, Croacia, Letonia, Lituania, tienen distintos grados de limitaciones a la compra de propiedades rústicas o urbanas para extranjeros.
Ahora, siendo realistas, en las Islas Baleares no existe el consenso político para proponer alguna de estas restricciones. Pero algún día tendremos que abrir el debate. O decidimos empezar a construir por arriba, como Hong Kong.