25 años después del genocidio de Ruanda, sabemos más sobre los responsables del atentado y el estallido de las masacres. Tras buscar en numerosos archivos y llevar a cabo una rigurosa investigación, Charles Onana revela el trasfondo de este asunto que sigue sacudiendo la región de los Grandes Lagos.
En 1990, el presidente François Mitterrand optó por dar credibilidad a la garantía de estabilidad francesa apoyando al régimen del presidente Habyarimana contra las fuerzas del FPR (Frente Patriótico Ruandés). Estas fuerzas, apoyadas por una potencia extranjera y compuestas en gran parte por la minoría étnica del país, los tutsis, parecían ser una amenaza tangible. En 1991-1992 se inició una segunda fase, la de las negociaciones pacíficas entre las dos partes, motivadas y acompañadas en gran medida por el esfuerzo francés. Esta acción permitió, el 4 de agosto de 1993, los acuerdos de Arusha, cuyas diversas cláusulas eran muy favorables a la minoría tutsi (el 40% del ejército debía ser tutsi, la mitad de los ministros, etc.). Estos acuerdos fueron destruidos por el atentado del 6 de abril de 1994, en el que el Falcon 50 donde viajaban los presidentes de Ruanda y Burundi, Juvénal Habyarimana y Cyprien Ntanyamira respectivamente, así como los tres franceses de la tripulación, fueron asesinados. Este acontecimiento dejó sin efecto los Acuerdos de Arusha y desencadenó la escalada que condujo al genocidio.
Aunque el informe Duclert no se pronuncia sobre la participación de Francia en el genocidio, reconoce «un conjunto de responsabilidades pesadas y condenatorias»[1] que, según el informe, atestigua una «derrota del pensamiento», una «lectura etnicista» que conduce a un «conjunto de responsabilidades éticas, cognitivas y morales».
Tras muchos años de investigación, Charles Onana consigue desvelar el curso de este proceso. Entrevista realizada por Rémi de Francqueville.
Charles Onana es el autor de Rwanda. Enquêtes sur un attentat, 6 avril 1994 (L’Artilleur, 2021).
En su libro se centra en el acontecimiento que desencadenó los sucesos de 1994, el atentado del 6 de abril de 1994. Usted se esfuerza por retomar una por una las diversas investigaciones que sistemáticamente condujeron a un sobreseimiento. El propio informe Duclert afirma que «los archivos franceses no permiten identificar con certeza a los autores del atentado» [2]. En varias entrevistas, usted dijo que no creía que fuera imposible identificar a los autores del atentado, pero que faltaba la voluntad política para hacerlo. ¿Podría retomar esta idea e ilustrarnos sobre sus implicaciones?
En primer lugar, las diferentes investigaciones en las que he trabajado, en particular la investigación de la Auditoría Militar belga, las dos investigaciones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), la investigación de la justicia española y las dos orientaciones de la investigación francesa no conducen a un sobreseimiento. Sólo la investigación llevada a cabo por los jueces Trévidic, Poux y Herbaut ha dado lugar a un sobreseimiento. Todas las demás investigaciones condujeron a una clara identificación de los sospechosos de este atentado.
En segundo lugar, todas las investigaciones judiciales, sin excepción, atestiguan que el Falcon 50 en el que viajaban los presidentes de Ruanda y Burundi, sus colaboradores y los tres tripulantes franceses fue derribado por un misil SA-16 en el aeropuerto de Kigali. A partir de entonces, quedaba por averiguar quién quería derribar y quién habría estado en condiciones de derribar el avión presidencial el 6 de abril de 1994 en Ruanda. Objetivamente, la búsqueda se centró en los dos beligerantes, es decir, las fuerzas armadas gubernamentales ruandesas (FAR) y los rebeldes del Frente Patriótico Ruandés (FPR), cuya rama militar estaba dirigida por el actual presidente Paul Kagame. Fueron ellos y las fuerzas de paz de la MINUAR (Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda) quienes estuvieron presentes en Kigali ese día. Si se descarta la posibilidad de que las fuerzas de paz de la ONU que se encontraban en Kigali para la misión de paz estuvieran en posesión de los misiles SA-16, queda la posibilidad de que los soldados del gobierno y los rebeldes del Frente Patriótico Ruandés fueran los responsables. Todas las investigaciones, a excepción de las francesas dirigidas por Trévidic, Poux y Herbaut, sostienen que sólo los rebeldes del FPR tenían capacidad militar y técnica para derribar el Falcon 50. Por lo tanto, es muy sorprendente la conclusión de que el caso fue sobreseído, como hicieron los dos últimos magistrados. Por otra parte, a la luz de los elementos que figuran en el expediente de investigación y del trabajo realizado por su predecesor Jean-Louis Bruguière, es indiscutible que los magistrados Trévidic, Poux y Herbaut no realizaron investigaciones en profundidad para sobreseer el caso. Otra sorpresa en este caso es que el TPIR, cuyo mandato era perseguir a los autores de todos los crímenes cometidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994, descartó de oficio el atentado en los juicios y debates con el pretexto de una falta de jurisdicción totalmente injustificada.
Por último, dado que la investigación del juez Bruguière concluyó que los rebeldes del FPR eran los responsables del atentado, es sorprendente que sus colegas Poux y Herbaut consiguieran sobreseer el caso. Lo menos que se puede decir es que tener dos decisiones contradictorias del mismo tribunal sobre los mismos hechos delictivos plantea dudas. Las implicaciones de esta situación son muy claras: la ausencia de justicia para las partes civiles y la impresión de que los autores del atentado no quieren ser nombrados para ocultar mejor la verdad sobre el suceso que desencadenó la tragedia ruandesa. Esta voluntad de ocultar la verdad queda claramente demostrada en el informe Duclert, que ignora todos los hechos relatados en numerosos informes de archivo del Ministerio de Defensa francés obtenidos por el juez Bruguière sobre las capacidades técnicas que permitieron al FPR derribar el avión. Asimismo, ignora todos los trabajos relevantes del TPIR y de la Fuerza Aérea Belga sobre el tema. Orientado políticamente, este informe dista mucho de tener autoridad sobre el caso del atentado e incluso sobre toda la tragedia ruandesa.
Más relacionado con el fondo de su libro, al que volveremos, ¿qué opina del discurso de Emmanuel Macron en el memorial de Gisozi en el que declaró que había llegado a «reconocer el alcance de las responsabilidades (francesas)»[3]? En este contexto, ¿qué opina de la posición del ex ministro de Asuntos Exteriores Hubert Védrine, que niega cualquier responsabilidad negativa, no sólo en el genocidio, por supuesto, sino más ampliamente en todos los acontecimientos de 1990 a 1994?
El presidente Macron está en una postura política, que es muy diferente a la de un investigador o un historiador. Por lo tanto, puede decir cualquier cosa que le permita acercarse al actual régimen de Ruanda siempre que contribuya a este objetivo.
El único problema es que al ignorar la responsabilidad ruandesa en el asesinato de seis franceses en 1994, incluidos los del atentado, algunos podrían pensar que el jefe de Estado francés está contribuyendo de alguna manera a disolver u ocultar la verdad.
Desde el punto de vista científico, lo que él llama «responsabilidades francesas» no está demostrado en absoluto por los archivos franceses, ni por los de las Naciones Unidas, y menos aún por los del TPIR. También hay que señalar que, en este preciso punto, el ex primer ministro Edouard Balladur no está en la misma línea que él, ni siquiera los ex ministros François Bayrou y Paul Quilès. Todos ellos sostienen que Francia tiene poca culpa de esta tragedia. En este sentido, la posición de Hubert Védrine no es incongruente ni aislada. En cuanto al fondo, hay que destacar que esta posición es defendida por personas que no comparten las mismas opiniones políticas ni necesariamente los mismos intereses en este asunto. Se basa esencialmente en la realidad política y geopolítica de la época y en los hechos. Por tanto, la posición del Sr. Védrine se ajusta a la realidad de los hechos históricos, digan lo que digan sus detractores.
Varios protagonistas han sostenido que el Frente Patriótico Ruandés, FPR, y su brazo armado, el Ejército Patriótico Ruandés, estaban detrás del disparo al Falcon 50. ¿Cuáles serían las consecuencias si el movimiento del que procede el actual presidente Paul Kagame estuviera realmente detrás de este crimen?
Esto sería extremadamente grave, ya que la versión oficial de la tragedia sería falsa. La fiscal del TPIR, Carla del Ponte, había argumentado públicamente que si fue el FPR quien derribó el avión el 6 de abril de 1994, habría que reescribir toda la historia de la tragedia ruandesa. Esto significa, en términos claros, que la historia de estos acontecimientos en su versión oficial y mediática actual estaría manchada de falsedades y tendría que ser totalmente revisada. Por tanto, esta reescritura y revisión de la historia, vista desde un nuevo ángulo, es lo que preocupa seriamente a los partidarios del statu quo judicial sobre los autores del atentado. El actual régimen ruandés no tiene ningún interés en aceptar un examen exhaustivo de los hechos del atentado, ya que se arriesga a exponerse al análisis de sus propias responsabilidades en esta tragedia y se arriesga a perder su estatus de «héroe» construido artificialmente durante los últimos veintisiete años.
Sobre este mito descansa naturalmente toda su legitimidad política y es mucho lo que está en juego para él. En otras palabras, la continuación de las investigaciones judiciales y de las investigaciones científicas independientes y bien documentadas es un peligro real para Paul Kagame en la actualidad. Por ello, hay campañas sistemáticas de desprestigio contra todos los investigadores y periodistas (europeos, americanos, canadienses o africanos) que atacan la versión oficial de la tragedia ruandesa o que cuestionan la identidad de los autores del atentado.
A medida que avanza su investigación, uno tiene la impresión de que la identidad de los autores de los atentados es de hecho un secreto a voces en los círculos de decisión. El papel tan turbio desempeñado por Estados Unidos también plantea muchos interrogantes; a Adolfo Pérez Esquivel, que prologa el libro, le gusta llamar la atención sobre el largo historial de acciones subversivas estadounidenses en el extranjero. ¿Qué conclusión saca sobre el papel desempeñado por Estados Unidos?
El papel de Estados Unidos ha sido y sigue siendo crucial en los entresijos de esta tragedia, como señala el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. No hay más que ver los archivos desclasificados por el propio gobierno estadounidense para convencerse. Paul Kagame y algunos miembros de su movimiento fueron entrenados en Estados Unidos con el apoyo del Pentágono antes de la ofensiva militar del FPR contra el gobierno ruandés en 1990.
Se beneficiaron del asesoramiento de algunos oficiales estadounidenses durante las negociaciones de paz hasta que el FPR tomó el poder en julio de 1994. Por lo tanto, no es de extrañar que Estados Unidos esté muy presente en este caso, aunque su papel se haya ocultado en gran medida.
Fue una investigadora estadounidense, Helen Epstein, la primera en revelar el papel secreto de Estados Unidos en 2017, dieciséis años después de la desclasificación de los primeros archivos del Departamento de Estado estadounidense en 2001. En Europa, los investigadores apenas han realizado trabajos sobre este aspecto casi tabú. Fue al realizar mi propia investigación sobre el proceso judicial español cuando descubrí los cables diplomáticos que mostraban las múltiples interferencias de los diplomáticos estadounidenses en este caso; estos últimos no dudaron en pedir al ministro de Justicia español que interviniera ante el juez que investigaba a los autores del atentado para que se anularan las órdenes de detención emitidas contra los allegados de Paul Kagame. Las autoridades estadounidenses también intervinieron con diplomáticos alemanes y británicos en Madrid para presionar a los dirigentes españoles para que anularan las mismas órdenes de detención. El propio Paul Kagame llegó a preguntar a George W. Bush sobre el caso. Todas estas iniciativas parecen sospechosas en un caso que aparentemente no afecta a Estados Unidos ni a los ciudadanos estadounidenses. ¿Po qué se hace esto si Paul Kagame y sus hombres tampoco tienen absolutamente nada que reprocharse en el caso del atentado? Por tanto, de estas múltiples presiones se desprende que Estados Unidos está trabajando, como mínimo, en contra de la verdad y la justicia en este caso y, probablemente, a favor de la protección del régimen de Kigali.
Dedica la última palabra de su libro a las familias de las víctimas que esperan que se haga justicia, sobre todo en Francia, a pesar de que el caso fue sobreseído en 2018. ¿No cree que el tema está realmente cerrado?
No, el tema no está cerrado porque las partes civiles han recurrido al Tribunal Supremo. Por otro lado, ¿quién tiene interés en que el tema se cierre? Por supuesto, no se trata de las víctimas francesas o ruandesas o incluso burundesas. Son las personas que quieren ocultar la verdad, pero que, al mismo tiempo, no son aparentemente los autores del atentado. Por lo tanto, no se trata de cerrar el caso, sino de aclararlo permitiendo que los autores del acto que desencadenó el horror en Ruanda sean formalmente identificados y juzgados de la misma manera que los autores del genocidio.
Notas
[1] Duclert, Vincent, Informe de la Comisión de Investigación sobre los archivos franceses relativos a Ruanda y al genocidio de los tutsis (1990-1994). Ed. Armand Colin, 2021, p. 972
[2] Ibid. p. 331
Fuente: Conflits