«Marlaska está destapando a la policía patriótica, por eso le atacan».
PEDRO SÁNCHEZ
Esta frase pronunciada por el presidente del Gobierno, ni más ni menos que en la sede del Congreso, supone el reconocimiento oficial de la existencia de lo que se llamaban vulgarmente «las cloacas del Estado». Funcionarios policiales, en connivencia con jueces y fiscales, más el altavoz de algunos medios de comunicación, conjurados para defender la unidad de la Patria (o su concepto de Patria). La metodología empleada nunca cambiaba mucho: a partir de un informe policial falso, la fiscalía «lo afina», el juzgado abre una instrucción y el medio de comunicación tiene acceso al sumario, naturalmente sin revelar las «fuentes oficiales».
Aunque este reconocimiento oficial en sede parlamentaria se haya producido sólo cuando el damnificado ha sido el gobierno de Pedro Sánchez, acusado por el informe de la Guardia Civil de haber ocultado la gravedad de la pandemia que estallaba, esta ahora llamada policía patriótica lleva años actuando, que sepamos, sobre todo contra políticos catalanes. Recordemos la investigación y campaña de prensa contra Artur Mas, al que se culpaba de tener cuentas bancarias en el extranjero a nombre de su padre. O la campaña contra Xavier Trias, del cual el diario de Eduardo Inda llegó a publicar el número de la cuenta corriente en un banco suizo donde aquel tendría el dinero, lo que fue desmentido por el propio banco. El caso le costó la alcaldía de Barcelona al pobre Trias y la querella criminal que interpuso fue archivada por el juzgado.
Pero los hechos más graves son las denuncias policiales que han acabado con prisión para las víctimas. Los jóvenes de Altsasu, condenados a decenas de años de cárcel por una pelea con dos guardias civiles de paisano y fuera de servicio. O el macroproceso contra el independentismo catalán, que ha terminado con la condena de entre nueve y trece años de prisión contra los dos Jordis, presidentes de la Assemblea Nacional de Catalunya y de Òmnium Cultural, respectivamente, junto con la entonces presidenta del Parlament de Catalunya, del vicepresidente de la Generalitat y cinco consejeros más, todos ellos condenados por sedición. Las principales organizaciones humanitarias del mundo como las Naciones Unidas o Amnistía Internacional han pedido la liberación de los nueve presos políticos. Los Tribunales de Alemania, Bélgica y Gran Bretaña han negado la extradición del resto de miembros del gobierno catalán exiliados. Y, sin embargo, unos y otros siguen en prisión.
Por tanto, a partir de la solemne declaración del presidente del Gobierno ante el Congreso, inmediatamente deberían tomarse las decisiones necesarias para reparar daños causados por la «policía patriótica». A modo de ejemplo se debería promulgar una ley de amnistía urgente para poner en libertad a todos los presos a causa de las denuncias policiales falsas. Al mismo tiempo, debería constituirse un Tribunal especial formado por jueces y fiscales independientes con el objetivo de conocer y depurar a los miembros de la trama policial. Igualmente, es imprescindible la elaboración de un informe que revele cómo han accedido al cargo la mayoría de miembros del Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Cuántos miembros de organizaciones de extrema derecha, como el Opus Dei, han llegado a las altas instancias judiciales. Y, a partir de ahí, proponer las reformas necesarias para regenerar las patas podridas de nuestra «ejemplar» democracia.