La pomposa carta que, un año más, han recibido los pensionistas en que el Gobierno del Estado les comunica el incremento de la pensión en un 0,25 por ciento, este año, ha actuado como un detonador que ha hecho explotar el malestar acumulado durante años por la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones.

En seis años de gobierno de Mariano Rajoy, las pensiones se han ido devaluando progresivamente, por mucho que los dirigentes populares se esfuercen en afirmar que bajo su mandato las pensiones han subido. Pero, ¿por qué los pensionistas no han reaccionado antes? O, ¿por qué lo han hecho exactamente en este momento, cuando hace años que saben que el Gobierno se come lo que se conoce como la hucha de las pensiones? Posiblemente, el tradicional insulto de la carta anunciando la subida de las pensiones se ha añadido a la alarma generada por un continuo de declaraciones provenientes de determinados ámbitos políticos y económicos, los cuales preparan la opinión pública por lo que, dicen, será inevitable: el final del sistema público de pensiones tal como lo conocemos actualmente. Como una coral que leía la misma partitura, los corifeos de los ideólogos del Régimen nos han ido aleccionando que no hay suficientes cotizantes para mantener este volumen de pensionistas, que empieza a ser hora de que pensemos en hacernos un plan de pensiones, que lo hemos hecho mal cuando hemos comprado casas en lugar de comprarnos la futura pensión, que vivimos demasiado («algunos son más tiempo pensionistas que cotizantes», nos advertía una que no ha trabajado nunca).

Todo esto, mientras los ciudadanos vemos proyectar ante nosotros una especie de película de terror en la que los desaprensivos saquean las arcas públicas, rescatan autopistas con dinero público, indemnizan proyectos fallidos, se benefician de amnistías fiscales…, mientras quienes pagan más impuestos son las clases medias. Con total impunidad, una Justicia «cansina» permite que los corruptos imputados disfruten de vacaciones de lujo, mientras que la prisión preventiva priva de más de cuatrocientos días de libertad a cuatro jóvenes vascos que se pelearon en un bar con dos guardias civiles, que tiene presos políticos por no renunciar explícitamente a sus ideas, que condena a prisión artistas que habían hecho uso de la libertad de expresión…

Por todo ello, las movilizaciones de los pensionistas, como días antes las de las mujeres, han supuesto un soplo de esperanza, como si se hubiera abierto una ventana por donde se ventila el hedor que se tapa con la bandera de España.

Así como ocurrió con el movimiento del 15M, colectivos ciudadanos se autoorganizan para manifestar su malestar con un Régimen político que gobierna al servicio de las élites económicas. Unas élites insaciables que saquean impunemente las arcas públicas y que exigen la privatización de todo lo que les puede suponer un beneficio económico. La sanidad, la educación, los servicios sociales, las cajas de ahorro, las autopistas, los aeropuertos y ahora las pensiones, van cayendo en manos de las grandes corporaciones que controlan los grandes medios de comunicación y que propagan su doctrina neoliberal.

En el fondo, estos grandes movimientos sociales, que surgen espontáneamente, también suponen una crítica a la falta de alternativa de la izquierda. Una izquierda que se enreda en batallas ideológicas que sólo son un «postureo» estéril, mientras se conforma maquillando un Sistema político salvaje que propaga la miseria y la explotación humanas. Esto explica, que no justifica, el ascenso de partidos de extrema derecha o populistas como Ciudadanos, que acaban recogiendo el descontento social.