Recordemos que cuando Macri comenzó su mandato en diciembre de 2015 aceptó todos los requerimientos formulados por un magistrado de Nueva York que había fallado a favor de los fondos buitre contra Argentina. Esto hizo posible que los fondos de inversión especializados en la recompra de valores soberanos a precios reducidos obtuvieran 4.600 millones de dólares, una ganancia del 300%. Para compensar a estos fondos buitre, Mauricio Macri pidió un préstamo en los mercados financieros. Afirmó que todo iría bien ya que la implementación de las políticas neoliberales haría a la Argentina más atractiva para los inversores y prestamistas extranjeros. Los principales medios de comunicación internacionales lo apoyaron. Cuando se les invitó a comentarlo, los expertos en economía presentaron la Argentina de Macri como una historia de éxito. La emisión en 2017 de bonos que llegarían a su vencimiento cien años después (2117) fue aclamada como la prueba definitiva del éxito neoliberal promercado de Macri.
De hecho, el éxito de esos bonos tuvo una explicación completamente diferente: la tasa de interés cada año durante cien años es del 7,25% (con un retorno real sobre el precio de compra inicial del 7,917% para los bonos que se vendieron a un precio reducido para atraer a los inversores). Al mismo tiempo, a principios de junio de 2017, los banqueros podían pedir prestado al 0% al BCE, al Banco de Japón y al Banco Nacional Suizo, al 0,25% al Banco de Inglaterra y al 1% a la Reserva Federal de los Estados Unidos, mientras que los fondos de inversión tenían enormes cantidades de efectivo y el rendimiento de los títulos de deuda pública en el norte era muy bajo o incluso negativo, los bonos argentinos al 7,25% durante cien años eran un regalo del cielo. Por lo tanto, su éxito no era en modo alguno una prueba de la buena salud de la economía argentina. Existe una cantidad tan grande de capital destinado a la especulación (y no a la inversión productiva) que cualquier Estado que emita valores soberanos con una rentabilidad superior a la media es probable que encuentre compradores.
He aquí un ejemplo de los comentarios de la prensa anunciando los bonos a 100 años:
Argentina vendió el lunes 2.750 millones de dólares de un bono a 100 años de gran demanda en dólares estadounidenses, poco más de un año después de salir de su último incumplimiento, según el gobierno. El país sudamericano recibió 9.750 millones de dólares en pedidos del bono, ya que los inversores vieron un rendimiento del 7,9% en un mercado de renta fija de bajo rendimiento, en el que los fondos de pensiones necesitan asegurar rendimientos a largo plazo. Este informe de Reuters celebra claramente el logro del país (ver esto).
Un año antes, en abril de 2016, Reuters informó:
Marcando un resquicio brillante entre los sombríos mercados emergentes, Argentina vendió 16.5 mil millones de dólares de deuda soberana el martes en su primera emisión de bonos internacionales desde su record de incumplimiento de pago en 2002… Los inversores parecían convencidos de la estrategia [del nuevo presidente Mauricio Macri]… Argentina recibió ofertas por un valor de 68.6 mil millones de dólares de inversores de todo el mundo.
Cualquiera entenderá de tales comentarios hiperbólicos que las principales corporaciones capitalistas de todo el mundo estaban al acecho de oportunidades para obtener altos rendimientos mediante la compra de valores de alto riesgo. No dice nada sobre la salud económica de Argentina.
Los prestamistas potenciales, como los fondos de inversión o los grandes bancos, pensaban que los valores argentinos estarían garantizados por el Estado de Argentina y que, de ser necesario, podrían buscar una adjudicación favorable en la jurisdicción de Nueva York. Tenían razón, ya que los acuerdos de préstamo se hicieron de acuerdo con la ley del Estado de Nueva York. De todos modos, también estaban convencidos de que en caso de necesidad el FMI rescataría al gobierno de la Argentina para que pudiera pagar su deuda a los fondos privados como siempre lo había hecho. Otro argumento fue el siguiente: los recursos subterráneos de Argentina son significativos y si se les presiona mucho, Argentina podría aumentar la producción para cumplir con las expectativas de los prestamistas.
En resumen, en 2016-2017, mientras la economía real de Argentina se estaba colapsando, el gobierno logró encontrar prestamistas y su gobierno de derecha fue elogiado en los medios de comunicación internacionales, así como por el FMI y por otros gobiernos en manos del gran capital.
Pero la situación empeoró en 2018 como consecuencia de varios factores negativos resultantes de las políticas de Macri, como el fuerte aumento de la cantidad de intereses a pagar (que tuvo que ser financiado por préstamos siempre nuevos), la fuga masiva de capitales que fue posible por una política muy laxa de completa libertad para que el capital saliera del país. Demostró que los capitalistas argentinos tenían una confianza limitada en el futuro de Macri y preferían comprar en otros lugares, incluyendo la compra de títulos de deuda externa argentina en dólares estadounidenses en Wall Street. Las reservas de divisas cayeron bruscamente. La producción comenzó a disminuir y Argentina entró en recesión. El empleo se desplomó. El poder adquisitivo de la mayoría de la gente se redujo como consecuencia de los abusos del gobierno y de los empresarios. Como resultado, el consumo interno, que representaba el 70% del PIB de Argentina, también cayó. El peso argentino se hundió gradualmente: mientras que 22 pesos compraron un euro el 1 de enero de 2018, se necesitaron 32 pesos el 16 de junio de 2018. [1]
En este contexto, en junio de 2018, Macri hizo un llamado al FMI, como los inversionistas extranjeros y los capitalistas argentinos habían anticipado. El crédito total prometido por el FMI se elevó a 57 mil millones de dólares (con 44,1 mil millones de dólares pagados hasta la fecha). Como primer paso, en junio de 2018 se había anunciado la cantidad de 50 mil millones de dólares y unos meses después, como la situación no había mejorado, se añadieron 7 mil millones más. Este es el préstamo más alto jamás concedido por el FMI (el préstamo del FMI a Grecia en 2010 fue de 30 mil millones de euros). Como de costumbre, el FMI exigió políticas de austeridad aún más estrictas que fueron aún más impopulares que las ya introducidas por Macri.
En octubre de 2019, el pueblo argentino se apartó de Macri y eligió al movimiento político de Perón de nuevo en el cargo después de un intervalo de cuatro años. Alberto Fernández se convirtió en presidente y Cristina Fernández, que fue presidenta de 2007 a 2015, en vicepresidenta (Alberto y Cristina no están emparentados).
La red latinoamericana y caribeña del CADTM, CADTM AYNA, celebró su octava asamblea annual en preparación de la sucesión de Alberto Fernández en la presidencia de Mauricio Macri (10 de diciembre de 2019). Participé en la reunión así como en varias charlas y debates, incluyendo uno en el parlamento de Argentina. También di cuatro entrevistas: quince minutos en vivo en un popular canal de televisión privado y anti-Macri; un video para un sitio web de información relacionado con el principal sindicato de funcionarios públicos, Canal Abierto; uno en el sitio web principal del periódico revolucionario de izquierda, laizquierdadiario, que tiene un promedio de dos millones de visitas por mes; y uno en el principal periódico de centro-izquierda, Página 12.
El índice de pobreza aumentó fuertemente durante los cuatro años del mandato de Macri, pasando del 27 al 40% de la población. En los días previos a la salida de Macri de la Presidencia, el pago de la deuda de los dos Fernández fue el tema más debatido.
Por otro lado, hay que destacar que los movimientos sociales y políticos en Argentina son masivos y están bien organizados: los sindicatos siguen siendo poderosos, el movimiento feminista sigue siendo capaz de movilizarse a gran escala, los desempleados también están bien organizados, el movimiento cooperativo es fuerte. Los diversos experimentos neoliberales que comenzaron con la dictadura (1976-1983) y que tuvieron su último intento bajo Macri no han sido capaces de fracturar la sociedad argentina y, al contrario de lo que ocurre en el vecino Chile, la educación es gratuita, incluso a nivel universitario, al igual que la atención sanitaria.
Las preguntas más frecuentes en los medios de comunicación argentinos durante el período noviembre-diciembre de 2019
- Mientras que el gobierno anterior había suspendido el pago de parte de la deuda interna, ¿reembolsará el nuevo gobierno la deuda acumulada e implementará políticas que han sido rechazadas por la mayoría del pueblo?
- ¿Qué se debe hacer con los acuerdos del FMI?
- Dado que se espera que el FMI pague a Argentina entre 11 y 13 mil millones de dólares, ¿debe el nuevo gobierno exigir esos pagos o retirarse de ellos?
- ¿No debería Argentina suspender el pago de la deuda durante dos años para asegurarse de que la actividad económica se reanude adecuadamente y hacer sostenible el pago de la deuda más adelante? Esta es una sugerencia de Martín Guzmán, un economista argentino que enseña en Nueva York y trabaja con Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía. Guzmán acaba de ser nombrado ministro de Economía y Finanzas en el nuevo gobierno de Alberto Fernández.
La mayoría de la gente rechaza claramente al FMI, cuyo impacto perjudicial en Argentina es obvio para todo el mundo. Hay que recordar que después de la segunda guerra mundial, el presidente Juan Domingo Perón había rechazado la adhesión de su país al FMI, institución que expuso como instrumento del imperialismo. Argentina no se incorporó al FMI hasta 1956, durante la dictadura militar del general Pedro Eugenio Aramburu Silveti, que derrocó al presidente constitucional Juan Domingo Perón en 1955. Veinte años después, el FMI apoyó activamente la sangrienta dictadura del general Jorge Rafael Videla, responsable del asesinato de más de 30.000 opositores de izquierda. En los años 90, el FMI presionó a Argentina para que se convirtiera en uno de los países más activos en materia de privatizaciones y ajuste estructural. Esto finalmente resultó en la agitación masiva de diciembre de 2001, que llevó a la caída del presidente Fernando de la Rúa.
Durante las conferencias públicas organizadas por ATTAC-CADTM en colaboración con una decena de otras asociaciones de Buenos Aires, del 27 al 29 de noviembre de 2019, tuve la oportunidad, como portavoz internacional del CADTM, de presentar una serie de propuestas para hacer frente a la crisis de la deuda argentina. Estas propuestas son el resultado de amplios debates dentro de la red del CADTM. Este fue también el caso en una audiencia celebrada en el Parlamento de Argentina el 27 de noviembre a iniciativa de la economista Fernanda Vallejos, diputada de la nueva mayoría presidencial.
Lo que sigue es un resumen de mis puntos y propuestas.
No debe haber vacilación en argumentar la doctrina de la deuda odiosa porque es particularmente aplicable a la situación en la que se encuentra Argentina.
Según esta doctrina, una deuda se considera odiosa y se anula si cumple dos condiciones:
- Que haya sido contraída en contra de los intereses de la Nación, del Pueblo o del Estado.
- Que los acreedores no puedan probar que desconocían que la deuda era contraria a los intereses de la Nación. Cabe señalar que la doctrina no tiene en cuenta la naturaleza del régimen político o del gobierno.
El factor decisivo es el uso que se hace de la deuda. Si un gobierno elegido democráticamente endeuda a su población en contra de sus propios intereses, esta deuda puede ser considerada odiosa. Es erróneo decir que sólo las deudas contraídas por regímenes dictatoriales pueden ser consideradas odiosas. [3]
Es fundamental que Argentina tome unilateralmente medidas soberanas para mejorar su situación de deuda.
Cinco ejemplos principales:
- Aprobar leyes que prohíban los fondos buitre.
- Suspender los pagos de la deuda.
- Los tenedores de bonos deben estar registrados ante las autoridades de Buenos Aires.
- Establecimiento de una auditoría de la deuda de los ciudadanos.
- Repudio a los acuerdos actuales con el FMI.
1 – Aprobar leyes que prohíban los fondos buitre
Como Bélgica demostró en 2008 y de nuevo en 2015, es posible aprobar leyes que restrinjan los fondos buitre (véase Renaud Vivien, » Analyse de la loi belge du 12 juillet 2015 contre les fonds vautours et de sa conformité au droit de l’UE»). La ley es muy simple: un fondo de inversión no puede reclamar sumas superiores a las que pagó para adquirir letras del tesoro. De hecho, los fondos buitre compran las deudas soberanas de los países con dificultades de reembolso a precios basura y luego presionan legalmente al gobierno en cuestión para que pague la totalidad y así obtener beneficios que a veces ascienden a varios cientos por ciento de su disposición inicial. Si Argentina aprobara una ley similar, tendría cierta protección contra los fondos buitre. Si muchos países lo hicieran, los fondos buitre serían neutralizados. Debe ponerse fin a la práctica de designar a jurisdicciones extranjeras (como Nueva York o Londres con leyes favorables a los acreedores) como competentes en el caso de litigios sobre deuda soberana.
2 – Suspender el pago de la deuda
La suspensión del pago de la deuda es una de las posibilidades que permiten a los gobiernos hacer frente a las crisis financieras y/o humanitarias. El país puede declarar la suspensión unilateralmente, muchos lo han hecho. Fue el caso de Argentina entre 2001 y 2005 por un total de 80.000 millones de euros y los beneficios siguieron a continuación.
En un libro colectivo publicado por OUP en 2010,[4] Stiglitz afirma que Rusia en 1998 y Argentina en la década de 2000 son la prueba de que una suspensión unilateral del pago de la deuda puede ser beneficiosa para los países que toman esta decisión: «Tanto la teoría como la práctica sugieren que la amenaza de un corte del crédito ha sido probablemente exagerada” (p.48).
Cuando un país logra aplicar el aligeramiento de la deuda a sus acreedores y utiliza los fondos que antes se destinaban al reembolso para financiar una política fiscal expansionista, esto da resultados positivos: «En este escenario, el número de empresas que se ven obligadas a quebrar se reduce, tanto por la disminución de los tipos de interés[5] como por la mejora de los resultados económicos generales de la economía que sigue. A medida que la economía se fortalece, los ingresos tributarios del gobierno aumentan, mejorando nuevamente la posición fiscal del gobierno. […] Todo esto significa que la posición fiscal del gobierno es más fuerte en el futuro, lo que hace más (no menos) probable que los acreedores estén dispuestos a volver a proporcionar financiación” (p.48). En un artículo publicado en el Journal of Development Economics[6] bajo el título «The Elusive Costs of Sovereign Defaults», Eduardo Levy Yeyati y Ugo Panizza, dos economistas que trabajaron para el Banco Interamericano de Desarrollo, expusieron los resultados de su exhaustiva investigación sobre la morosidad en unos cuarenta países. Una de sus principales conclusiones es que «los episodios de impago marcan el inicio de la recuperación económica». No se podría decir mejor.
Como ya se hizo en 2001, Argentina no debería dudar en declarar una nueva suspensión de pagos ilimitada. Las cantidades recuperadas podrían utilizarse para estimular el gasto de los consumidores y las actividades económicas que favorecen a la población. Dos años parecería ser un período mínimo para lograr resultados duraderos con la posibilidad de prolongar el período.
Se recomienda una suspensión selectiva: los pequeños ahorradores y accionistas, así como los planes de pensiones públicos, deberían estar exentos de la suspensión de la deuda interna. Esto significa que se les seguiría pagando. Es muy acertado hacer esta discriminación para proteger a los inversores e instituciones públicas más débiles. Es con los grandes inversores privados y el FMI con los que no hay que cumplir.
3 – Los tenedores de bonos deben registrarse ante las autoridades de Buenos Aires
Las autoridades argentinas deberían revivir la práctica de la primera mitad del siglo XX que establecía listas de tenedores de bonos. En el litigio entre México y sus acreedores en la década de 1940, los acreedores estaban obligados a darse a conocer y a hacer que sus certificados fueran sellados o a ser excluidos del acuerdo. Esto permitió la cancelación del 90% de la deuda mexicana. El registro de los tenedores de bonos permite clasificar a los grandes y pequeños, a los tenedores de bonos privados y públicos para favorecer a los pequeños y públicos.
4 – Establecimiento de una auditoría de la deuda ciudadana
Para tener una idea clara de lo que significa y de las sumas que están en juego, así como disponer de un sólido arsenal jurídico, es esencial realizar una auditoría de la deuda bajo el control de los ciudadanos. Una auditoría mostraría qué parte de la deuda (posiblemente una parte abrumadora) puede ser considerada ilegal u odiosa y podría ser el camino hacia el repudio de la deuda y/o una reestructuración unilateral.
5 – Repudio de los acuerdos actuales con el FMI
Como lo han demostrado muchos observadores y juristas argentinos, los acuerdos hechos con el FMI por Mauricio Macri son contrarios a los intereses del país y del pueblo. Cuando el FMI otorgó un préstamo de 57 mil millones de dólares al gobierno de Macri transgredió sus propias reglas que establecen que el FMI sólo puede otorgar préstamos si como consecuencia de ello la deuda del país prestatario és sostenible, lo cual no es en absoluto el caso como se evidencia menos de un año después. Macri también transgredió la constitución argentina que exige que la firma de un acuerdo de este tipo, que tiene el valor de un tratado internacional, debe ser debatida en el Parlamento y luego ser ratificada por el Parlamento. La verdadera razón por la que se concedió el préstamo fue porque el presidente estadounidense Donald Trump quería ayudar a Macri a mantenerse en el poder a pesar de la crisis y ganar las elecciones de 2019, para implementar políticas que favorecieran a Estados Unidos en términos políticos, militares y económicos. Como los electores argentinos han desautorizado las políticas de Macri, y Macri ha transgredido la constitución argentina, el nuevo gobierno tendría el derecho de negarse a validar el acuerdo. Este es un caso de libro de texto de deuda odiosa: cuando un país ve un cambio de régimen, el nuevo gobierno no está obligado a respetar las deudas de sus predecesores si fueron asumidas en contra de los intereses de la Nación o del Pueblo y en beneficio del propio régimen anterior (en este caso para permanecer en el poder) y está claro que los directores del FMI eran conscientes del contexto.
Es importante que Argentina no cometa los mismos errores de negociación de la deuda que en el período 2002-2010 (véase el análisis de Maud Bailly y Eric Toussaint, «The mixed fortunes of Argentina’s 2005 and 2010 debt restructuring»).
Las medidas anteriores deberían formar parte de un programa más amplio que incluya: controles de capital, socialización del sector bancario, reformas fiscales, medidas contra el modelo de mercado extractivista/exportador y políticas ecológicas, entre otras.
En conclusión: a partir de diciembre de 2019 se producirá una nueva situación en Argentina, un nuevo gobierno debe hacer frente a una grave crisis de la deuda. Es fundamental que se cree un amplio frente social y político popular para, por todos los medios necesarios, promover las soluciones que liberen al pueblo argentino del peso de la deuda ilegítima y odiosa.
Eric Toussaint es un historiador y politólogo que se doctoró en las universidades de París VIII y Lieja, es el portavoz del CADTM Internacional y forma parte del Consejo Científico de ATTAC Francia.
Notas
1] A finales de septiembre de 2018, se necesitaban 48 pesos por un euro, y 66 a principios de diciembre de 2019.
2] Noemí Brenta y Pablo Anino, «Una de terror: la historia de Argentina y el FMI», https://www.laizquierdadiario.com/Una-de-terror-la-historia-de-Argentina-y-el-FMI
3] El padre de la doctrina de la deuda odiosa, Alexander Sack, dice muy claramente que un gobierno regular puede convenir perfectamente que una deuda es odiosa. Dice: «Para que una deuda asumida por un gobierno regular sea considerada odiosa, debe…» Sack define un gobierno regular de la siguiente manera: «Debemos considerar como gobierno regular el poder supremo que reina sobre un territorio determinado. Ya sea que ese poder sea monárquico (absoluto o limitado) o republicano, que reine por la gracia de Dios o la voluntad del pueblo o sólo una porción de él o si fue establecido legalmente o no, etc. Nada de esto tiene importancia para la cuestión que estamos considerando (p. 6) (nuestro subrayado). Fuente: Les effets des transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières: traité juridique et financier, Recueil Sirey, Paris, 1927. El documento casi totalmente completo está disponible para su consulta o descarga en el sitio web del CADTM aquí (en francés).
4] Barry Herman, José Antonio Ocampo, Shari Spiegel, Overcoming Developing Country Debt Crises, OUP Oxford, 2010.
5] De hecho, una de las condiciones establecidas por el FMI cuando ayuda a un país que está a punto de incumplir sus obligaciones es que aumente los tipos de interés locales. Si un país es libre de no cumplir con las condiciones del FMI, puede reducir sus tipos de interés para evitar quiebras.
6] Journal of Development Economics 94 (2011), 95-105.
Fuente: CADTM