Quizás la Unión Europea vive uno de los momentos más críticos desde su constitución. La crisis económica, la quiebra bancaria, los refugiados, la falta de democracia interna, la política exterior seguidista de Estados Unidos, el Brexit… son retos demasiado grandes para unos gobernantes que requerirían una talla intelectual y unas convicciones democráticas mucho más elevadas de las que tienen los actuales dirigentes. Que la Unión Europea esté presidida por una persona de la trayectoria de Juncker lo dice todo.

Sin embargo, quienes hemos vivido los últimos años de la dictadura con la mirada puesta en Europa todavía queremos ver briznas de esperanza. Los últimos meses hemos tenido algunas muestras.

Posiblemente, la más importante fue la puesta en evidencia de la Justicia española por parte de la fiscalía y los jueces belgas en el caso Puigdemont. Una fiscalía y unos tribunales imparciales obligaron a la Audiencia Nacional Española a retirar la orden internacional de extradición del presidente Puigdemont y del resto de miembros de su Gobierno por una falta de fundamentos que justificasen las acusaciones y el encarcelamiento preventivo.

Un segundo varapalo fue la expulsión de RTVE del Comité de Informativos de la Unión Europea de Radiodifusión por los informes negativos de organizaciones profesionales internacionales sobre la falta de independencia de RTVE. Resulta curioso que el «constitucionalismo» español haya pasado por alto esta denuncia mientras se ceba contra TV3 y Catalunya Radio, que figuran entre los medios audiovisuales más plurales.

Y la última, el Consejo de Europa constata que España no ha cumplido ninguna de las once recomendaciones propuestas por Europa contra la corrupción, especialmente en cuanto a la independencia de los parlamentarios (puertas giratorias) y, atención!, la falta de independencia de la Justicia. Otra vez, los que constantemente apelan al imperio de la ley para saquear las instituciones catalanas han quedado en evidencia.

Podríamos sumar la multa de 19 millones de euros a España por falsificar durante veinte años el déficit de la Generalitat valenciana. Un hecho que confirma el Estado español como uno de los más incumplidores de la normativa europea.

Durante la pasada campaña electoral en Cataluña, los partidos autodenominados constitucionalistas acusaron reiteradamente a los soberanistas de utilizar los medios de comunicación públicos para adoctrinar a la población y de querer situar Cataluña fuera de Europa. Pero, ¿y si lo mirásemos al revés? Ahora ya sabemos que el Estado ha renunciado a los principales fundamentos de una democracia para impedir la independencia de Cataluña: utilización de las cloacas del Estado (y aún se debe aclarar la participación de un confidente del CNI en la organización de los atentados de Barcelona y Cambrils), violencia policial, utilización de la Justicia para «descabezar» a los partidos y las entidades sociales soberanistas, utilización fraudulenta de medidas constitucionales para destituir a un Gobierno legítimo, manipulación de los medios de comunicación públicos y privados… Para las derechas e izquierdas españolas la democracia está subordinada a la unidad de España. Y lo mismo con respecto al europeísmo, que se desvanecería en la primera insinuación de la Unión Europea de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Pero este enrocamiento sólo puede llevar al aislamiento internacional de España. Por el camino quedará el desprestigio de una generación política que quedará inhabilitada cuando empiecen a caer las sentencias absolutorias de los Tribunales europeos.