Joan-Ramon Laporte Roselló, profesor honorario de la Universitat Autónoma de Barcelona, catedrático y experto en farmacovigilancia, asesor de la OMS y de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la Gestión de las Vacunas del Congreso de los Diputados ha negado que las vacunas reduzcan la mortalidad, ha cuestionado la eficacia de la vacunación en menores y ha calificado como «experimento» la vacunación masiva contra la Covid-19.

He aquí algunas de sus afirmaciones:

Los ensayos clínicos, que son considerados la principal fuente de pruebas sobre la eficacia de los tratamientos, no muestran que las vacunas reduzcan la mortalidad.

Estamos ante un experimento que atañe potencialmente a la totalidad de la ciudadanía.

Las llamadas vacunas de Pfizer y Moderna no son verdaderas vacunas. Son fármacos basados en una tecnología nunca usada en terapéutica hasta ahora, y menos en campañas masivas. De ahí que la vacunación masiva ha supuesto un gran experimento global, sin precedentes en la historia.

El fraude es habitual, a menudo en la catalogación y archivo de los acontecimientos adversos de las vacunas.

Los Informes de Farmacovigilancia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios informan de más de 55.000 notificaciones de efectos adversos hasta el 9 de enero de 2022. De estas, 375 tuvieron desenlace mortal, y más de 11.000 fueron calificadas como graves, (cito) “entendiéndose como tal cualquier acontecimiento adverso que requiera o prolongue la hospitalización, dé lugar a una discapacidad significativa o persistente, o a una malformación congénita, ponga en peligro la vida o resulte mortal, así como cualquier otra condición que se considere clínicamente significativa» (fin de la cita).

La publicación de estos datos puede ser vista como un ejercicio de transparencia, pero la realidad es que a falta de detalles son difícilmente interpretables.

Por ejemplo, a pesar de que en esta fecha se estaba iniciando la vacunación infantil y de adolescentes, y de que se citan 872 efectos adversos en menores de 20 años, el Informe no comenta los casos en este grupo de edad, precisamente el que concita mayores incertidumbres sobre la conveniencia de la vacunación.

Las vacunas no evitan la transmisión de la enfermedad, de modo que el pasaporte o certificado COVID carecía de base científica, y además puede haber contribuido a aumentar el número de casos, puesto que daba una falsa sensación de seguridad a quienes lo obtenían.

La pandemia ha hecho evidente que la legislación europea sobre farmacovigilancia, basada en la notificación voluntaria y en planes de gestión de riesgos desarrollados por las propias compañías fabricantes, está más concebida para proteger a estas últimas que para proteger a los ciudadanos.

La epidemia incidió especialmente en residencias de personas mayores, sobre todo al principio. La mortalidad fue 57 veces más alta en las residencias. Presumimos de sistema sanitario, pero dejamos a los más vulnerables en manos de la iniciativa privada.

España es el miembro de la UE más permisivo en materia de conflictos de intereses y relaciones opacas de profesionales sanitarios con las compañías farmacéuticas.