El 7 de noviembre de 2019, la Corte Nacional de Justicia del Ecuador ratificó la prisión preventiva del ex presidente Rafael Correa, junto con varios de sus ex ministros. Inmediatamente después de que el tribunal emitiera su decisión de prisión preventiva, Correa rechazó las acusaciones de soborno, asociación ilícita y contribuciones a su campaña política entre 2012 y 2016, mientras era el líder de la Alianza Patria Altiva y Soberana (PAIS). Correa fundó Alianza PAIS en 2006, como un partido político socialista democrático con el objetivo de lograr la soberanía económica y política, y fomentar una revolución social y económica en la nación, que llegó a conocerse como La Revolución Ciudadana.

Durante su presidencia, que duró del 15 de enero de 2007 al 24 de mayo de 2017, Correa introdujo en Ecuador una forma de socialismo del siglo XXI, con el objetivo de mejorar el nivel de vida de los sectores más pobres y vulnerables de la población. Su presidencia formó parte de la «ola revolucionaria» de América Latina, conocida como la «marea rosa», donde varios gobiernos de izquierda y socialistas llegaron al poder en todo el continente durante la década del 2000, incluyendo a Cristina Néstor Kirchner y Fernández de Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Manuel Zelaya en Honduras, Daniel Ortega en Nicaragua, Fernando Lugo en Paraguay y Hugo Chávez en Venezuela. Todos estos gobiernos se oponían a las políticas económicas neoliberales y al imperialismo estadounidense.

Durante su presidencia, Correa aumentó los impuestos a los ricos, redujo la evasión de impuestos y aumentó la inversión pública en infraestructura y servicios públicos, incluyendo pensiones financiadas con fondos públicos, vivienda, atención médica gratuita y educación. Su gobierno terminó construyendo muchas escuelas en diferentes partes de la nación, particularmente en el campo, y proporcionó a los estudiantes casi todos los materiales necesarios para continuar sus estudios. El presidente Correa también duplicó con creces el salario mínimo, lo que contribuyó a reducir significativamente la desigualdad socioeconómica. En 2018, un informe del Banco Mundial lo explicaba:

“El Ecuador ha logrado mejoras notables en la reducción de la pobreza en la última década. La pobreza de ingresos disminuyó del 36,7% en 2007 al 21,5% en 2017. Además, la proporción de la población que vive en la pobreza extrema se redujo en más de la mitad, del 16,5% en 2007 al 7,9% en 2017, lo que representa un descenso anual medio de 0,9 puntos porcentuales. En cifras absolutas, estos cambios representan un total de 1,6 millones de personas que han salido de la pobreza, y alrededor de un millón que han salido de la pobreza extrema en la última década[1].

Además, la tasa de desempleo cayó de un «máximo histórico del 11,86% en el primer trimestre de 2004» a un ‘mínimo histórico del 4,54% en el cuarto trimestre de 2014’[2]. El Banco Mundial también informó que Ecuador registró un crecimiento económico anual de ‘4,5% durante 2001-2014, muy por encima del promedio de la región de América Latina y el Caribe (ALC) del 3,3%. Durante este período, el PIB real se duplicó y el PIB real per cápita aumentó en un 50%”[3].

El 1 de octubre de 2016, Correa anunció la nominación de Lenín Boltaire Moreno Garcés, quien fue su vicepresidente de 2007 a 2013, como candidato de su partido para las elecciones presidenciales de 2017 en la conferencia de Alianza PAIS. Moreno fue elegido presidente y se esperaba que continuara y desarrollara las políticas económicas de izquierdas de Correa. Sin embargo, a los pocos meses de ganar las elecciones, el presidente Moreno comenzó a desmantelar muchas de las reformas sociales, económicas y políticas promulgadas por Correa durante su década como presidente. Contrariamente al gobierno de Correa, muchas de las políticas nacionales que el presidente Moreno ha seguido incluyen la reducción del gasto público, el debilitamiento de los derechos de los trabajadores y la aplicación de importantes recortes tributarios a las empresas grandes y ricas. En otras palabras, el presidente Moreno ha ido desplazando gradualmente las políticas de izquierda de Ecuador hacia el centro-derecha político.

La presidencia de Moreno también cambió la postura de la política exterior ecuatoriana, dándole una orientación más neoliberal y pro-estadounidense. Cuando el gobierno socialista de Correa estaba en el poder, Ecuador disfrutaba de estrechas relaciones diplomáticas y económicas con Venezuela, y era más independiente de la hegemonía estadounidense. Por ejemplo, el presidente Correa cerró una base militar estadounidense en Manta, Ecuador, cuando el contrato de arrendamiento de Washington expiró en 2009. Antes de eso, en 2007, Correa declaró:

“Renovaremos la base [Manta air] con una condición: que nos dejen poner una base en Miami, una base ecuatoriana… si no hay problema en tener soldados extranjeros en el suelo de un país, seguramente nos dejarán tener una base ecuatoriana en Estados Unidos»[4].

Posteriormente, el 18 de septiembre de 2009, también dijo: “Mientras sea presidente, no permitiré que haya bases extranjeras en nuestra patria, no permitiré interferencias en nuestros asuntos, no negociaré nuestra soberanía y no aceptaré guardianes de nuestra democracia”.

A diferencia de Correa, la relación militar entre Estados Unidos y Ecuador se ha expandido bajo el gobierno de Moreno «a través del entrenamiento, la asistencia y el restablecimiento de una Oficina de Cooperación en Seguridad en la Embajada de Estados Unidos en Quito”[5]. Ecuador y Estados Unidos también han firmado acuerdos para la compra de armas y otros equipos militares, y han acordado cooperar más estrechamente en las áreas de seguridad, inteligencia y antinarcóticos.

En 2011, el presidente Correa expulsó de Quito a la embajadora estadounidense Heather Hodges. Posteriormente, en 2014, su gobierno expulsó del país a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), donde operaba desde 1961 como parte de la Alianza para el Progreso (AFP) de John F. Kennedy[6]. USAID ejerce regularmente el «poder blando» en las naciones latinoamericanas para ayudar a Estados Unidos a establecerse como un «poder policial internacional»[7]. En mayo de 2019, el gobierno de Moreno anunció que USAID regresaría a Ecuador.

El presidente Correa también se hizo famoso por proporcionar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, asilo político en la embajada de Ecuador en Londres en 2012 para evitar su arresto y posible extradición a Estados Unidos. Sin embargo, poco después de su elección, había indicios de que Moreno podría estar dispuesto a entregarlo a las autoridades del Reino Unido. Además de llamar a Assange un “problema heredado”, un “mocoso malcriado” y un “miserable hacker”, Moreno lo acusó de violar repetidamente sus condiciones de asilo y de intentar utilizar la embajada como un “centro de espionaje”[8]. Luego, el 11 de abril, el asilo político de Assange fue revocado, lo que permitió que fuera expulsado a la fuerza de la embajada ecuatoriana por la policía británica. En respuesta, Correa calificó a Moreno de «el mayor traidor de la historia ecuatoriana y latinoamericana» por cometer «un crimen que la humanidad nunca olvidará»[9].

El gobierno del presidente Correa apoyó la integración de los países de América del Sur en un solo bloque económico y político. Sin embargo, desde que Moreno llegó al poder, Ecuador se ha distanciado del gobierno venezolano y se retiró de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA)[10] en agosto de 2018, así como de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en septiembre de 2019. UNASUR fue establecida en 2008 por 12 países de América del Sur con el fin de abordar cuestiones importantes en la región sin la presencia de Estados Unidos. En la actualidad, sólo quedan cinco miembros: Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela. Los otros siete miembros, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Paraguay, acordaron crear el Foro para el Progreso de Sudamérica (PROSUR) en marzo de 2019. El objetivo de esta organización alternativa es lograr la agenda derechista en América Latina, ya que sus miembros apoyan las medidas de austeridad neoliberales y los vínculos más estrechos con Washington. Podría decirse que PROSUR se alinea bien con las metas y objetivos de la Doctrina Monroe.

Otro cambio importante en la postura política del presidente Moreno tiene que ver con las demandas presentadas contra Texaco/Chevron por el gobierno de Correa para obtener compensación por los daños ambientales causados cuando las operaciones de Texaco (adquirida por Chevron en 2001) vertieron 60.000 millones de litros de aguas residuales tóxicas en la región amazónica de Ecuador entre 1964 y 1992, afectando a más de 30.000 indígenas y campesinos de la zona. “Chevron dejó 880 pozos llenos de petróleo crudo que todavía están allí, los ríos siguen llenos de sedimentos de hidrocarburos y contaminados por los derrames de petróleo crudo en la Amazonia, que es una de las regiones más ricas en biodiversidad del mundo»[11], y “el daño ha permanecido sin reparar durante más de 40 años”[12]. Para concientizar a la  gente sobre este desastre ambiental, el gobierno del presidente Correa estableció una campaña internacional llamada «La Mano Sucia de Chevron». En 2011, la Corte Constitucional ecuatoriana ordenó a Chevron pagar 9.500 millones de dólares en compensación por los daños sociales y ambientales que causó.

En septiembre de 2018, la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), una agencia de las Naciones Unidas con sede en La Haya, Países Bajos, dictaminó que la decisión de la corte ecuatoriana en contra de Chevron era ilegal, porque era un resultado de fraude, soborno y corrupción. La CPA “también dictaminó que Ecuador tendrá que pagar una compensación económica”[13] a Chevron. La cantidad aún no ha sido establecida, pero Chevron pidió que Ecuador asuma los 9.500 millones de dólares otorgados a las comunidades afectadas por la Corte ecuatoriana[14]. Tras la decisión de la CPA, el gobierno del presidente Moreno anunció que:

“El estado demandará al ex presidente Rafael Correa y a sus ministros del gobierno si Ecuador pierde el proceso de arbitraje internacional”[15].

En este asunto, el presidente Moreno también acusó a Correa de «no haber defendido correctamente los intereses del país y haber gastado dinero en la campaña ‘La mano sucia de Chevron’», que según el gobierno buscaba «manipular a la opinión pública nacional e internacional”[16]. En realidad, el presidente Moreno apoya la decisión de la ACP, dando prioridad a los intereses de Texaco/Chevron sobre los de sus propios ciudadanos. De hecho, su gobierno ha estado tratando de anular el fallo de la Corte Constitucional contra Chevron. En respuesta, el expresidente Correa ha acusado al gobierno de Moreno de «hacer las tareas ordenadas por (el vicepresidente de Estados Unidos, Mike) Pence». Incluso algunos ministros del propio gabinete de Moreno condenaron el fallo de la ACP y expresaron su apoyo a la Corte Constitucional de Ecuador por defender los intereses de los nacionales del país y los derechos del pueblo amazónico.

Correa mostró una actitud hostil hacia las instituciones de Bretton Woods durante su presidencia. Trató de renegociar la deuda externa de Ecuador de 10.200 millones de dólares, que calificó de «ilegítima» porque «se acumuló durante los regímenes autocráticos y corruptos del pasado». Correa amenazó con incumplir con la deuda externa de Ecuador y ordenó la expulsión del director gerente del Banco Mundial»[17], que se llevó a cabo el 26 de abril de 2007. Su gobierno también se opuso a la firma de cualquier acuerdo que permitiera al FMI monitorear el plan económico de Ecuador. Como resultado de estas acciones por parte del gobierno de Correa, “Ecuador pudo renegociar su deuda con sus acreedores y redirigir los fondos públicos hacia inversiones sociales”[18].

Por el contrario, Moreno ha abrazado con entusiasmo al FMI durante su corto período como presidente. El 1 de marzo de 2019, la gerente del Banco Central de Ecuador, Verónica Artola Jarrín, y el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez Alvarado, presentaron una carta de intención al FMI en la que solicitaban un acuerdo trienal de 4.200 millones de dólares del Servicio Ampliado del Fondo (FEP). Un FEP permite al FMI ayudar a los países que se enfrentan a «graves problemas de balanza de pagos a medio plazo». Más concretamente, el FEP está diseñado para:

Prestar asistencia a los países: (I) que experimentan graves desequilibrios en los pagos debido a impedimentos estructurales; o (II) que se caracterizan por un crecimiento lento y una situación intrínsecamente débil de la balanza de pagos. El FEP proporciona asistencia en apoyo de programas integrales que incluyen políticas del alcance y el carácter necesarios para corregir los desequilibrios estructurales durante un período prolongado[19].

El acuerdo del FMI firmado en marzo permitió a Ecuador obtener préstamos por valor de 4.200 millones de dólares. Sin embargo, como siempre es el caso, el acuerdo con el FMI no estuvo exento de condicionalidades, ya que exigía que el gobierno ecuatoriano implementara una serie de reformas económicas neoliberales. Según declaraciones del FMI, estas reformas buscan transformar el déficit fiscal de Ecuador en un superávit, reducir la relación deuda/PIB del país e incrementar la inversión extranjera. El 11 de marzo de 2019, Christine Lagarde, exdirectora gerente del FMI, afirmó que:

Las autoridades ecuatorianas están implementando un programa de reforma integral dirigido a modernizar la economía y allanar el camino para un crecimiento fuerte, sostenido y equitativo”[20].

El 11 de marzo de 2019, Christine Lagarde también explicó que:

“El logro de una sólida posición fiscal es el núcleo del programa de las autoridades, que contará con el apoyo de un acuerdo ampliado de tres años del FMI. El objetivo es reducir la relación entre la deuda y el PIB mediante una combinación de un reajuste de la masa salarial, una optimización cuidadosa y gradual de los subsidios a los combustibles, una reordenación de las prioridades de los gastos de capital y de bienes y servicios, y una reforma fiscal. Los ahorros generados por estas medidas permitirán un aumento del gasto en asistencia social durante el transcurso del programa. Las autoridades continuarán sus esfuerzos para reforzar el marco de política fiscal a medio plazo, unos controles fiscales más rigurosos y una mejor gestión de las finanzas públicas que contribuirán a mejorar la eficacia de la política fiscal”[21].

“La protección de los sectores pobres y más vulnerables de la sociedad es un objetivo clave del programa de las autoridades. En este contexto, las autoridades tienen previsto ampliar la cobertura y aumentar el importe mínimo de las prestaciones de los programas de protección social existentes. También se está trabajando para mejorar la focalización de los programas sociales”[22].

La participación de Ecuador en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) representa otro punto de disputa entre Correa y el gobierno de Moreno. Ecuador fue miembro de la OPEP entre 1973 y 1992. Después de un período de ausencia, se reincorporó a la organización en 2007, después de que Correa se convirtiera en presidente del país. Sin embargo, el 1 de octubre, el presidente Moreno anunció que Ecuador volvería a darse de baja de la OPEP a partir del 1 de enero de 2020. Dada la inclinación de Moreno por implementar políticas económicas neoliberales, esta decisión probablemente se basó en la idea de que liberar al país de la carga de tener que cumplir con las cuotas traería sostenibilidad fiscal a Ecuador. Así lo demuestra el hecho de que Ecuador se puso en contacto con la OPEP para solicitar permiso para producir por encima de su cuota en febrero de 2019, aunque nunca se confirmó si se había recibido una respuesta[23]. Mientras que el aumento de la producción en sus campos petroleros amazónicos probablemente traería más inversión extranjera a Ecuador y abriría nuevos mercados, también llevaría a serios conflictos entre el gobierno de Moreno y los pueblos indígenas que viven en el área, quienes se oponen fuertemente a la extracción de petróleo.

Además de anunciar la salida de Ecuador de la OPEP, el presidente Moreno también seleccionó el 1 de octubre como fecha para introducir el Decreto 883, una serie de medidas económicas que incluían el fin de los subsidios a los combustibles, la eliminación de algunos aranceles de importación y recortes a los beneficios y salarios de los empleados públicos. En particular, se instituyó la eliminación de los subsidios a los combustibles, que habían estado en vigor durante 40 años, a fin de cumplir los requisitos del FMI de mantener el programa de 4.200 millones de dólares en marcha y de satisfacer a los inversores internacionales. El acuerdo del FEP entre el FMI y el gobierno ecuatoriano también exigía el despido de miles de empleados públicos, la privatización de los activos públicos, la separación del banco central del gobierno, el recorte del gasto público y el aumento de los impuestos en los próximos tres años. Los representantes del FMI afirman que estos tipos de reformas traen más inversión extranjera directa a la economía.

De hecho, un examen minucioso de las reformas económicas neoliberales recomendadas por el FMI en muchos países revela que son casi idénticas, lo que significa que no tienen en cuenta las diversas necesidades y realidades de cada país, sino que están impulsadas por los intereses de los países y otros actores que proporcionan los fondos. En general, las recomendaciones del FMI[24] consisten en reducir los déficits, liberalizar el comercio, privatizar las empresas estatales, reformar los sistemas bancario y financiero, aumentar los impuestos, elevar las tasas de interés y reformar sectores clave. Sin embargo, innumerables estudios han revelado que este tipo de reformas han aumentado la tasa de desempleo, han creado pobreza y a menudo han precedido a las recesiones. El 2 de octubre de 2019, el FMI emitió un comunicado de prensa sobre Ecuador en el que afirmaba lo siguiente:

“Las reformas anunciadas ayer por el Presidente Lenin Moreno tienen como objetivo mejorar la resiliencia y sostenibilidad de la economía ecuatoriana y fomentar un crecimiento fuerte e inclusivo. El anuncio incluye importantes medidas para proteger a los pobres y a los más vulnerables, así como para generar empleos en una economía más competitiva.

Las autoridades también están trabajando en importantes reformas destinadas a apoyar la dolarización del Ecuador, incluida la reforma del banco central y el código orgánico de presupuesto y planificación.

El personal del FMI seguirá colaborando estrechamente con las autoridades para mejorar las perspectivas de todos los ecuatorianos. Se espera que el segundo examen se presente a la Junta Ejecutiva en las próximas semanas.”[25]

La decisión del presidente Moreno de poner fin a los subsidios al combustible hizo que los precios del diesel y del petróleo aumentaran en un 100% y un 30%, respectivamente, de la noche a la mañana, lo que contribuyó directamente a aumentar significativamente los costos del transporte público. En respuesta, el 3 de octubre estallaron protestas contra las medidas de austeridad de Moreno, en las que participaron estudiantes, sindicatos y organizaciones indígenas. Declararon una huelga general indefinida hasta que el gobierno revocó su paquete de ajuste neoliberal. La respuesta inicial de Moreno fue rechazar el ultimátum y declarar que “no negociaría con criminales».

Al día siguiente, el 4 de octubre de 2019, el presidente Moreno declaró el estado de emergencia con el pretexto de garantizar la seguridad de los ciudadanos y «evitar el caos». Sin embargo, las protestas continuaron y se intensificaron hasta el punto de que el gobierno se vio obligado a trasladarse a la ciudad de Guayaquil porque Quito había sido invadida por manifestantes antigubernamentales. Sin embargo, este intento de escapar de los manifestantes resultó ineficaz ya que los conductores de taxis, autobuses y camiones bloquearon carreteras y puentes en Guayaquil, así como en Quito, lo que interrumpió el transporte en todo el país.

En los días siguientes, miles de manifestantes continuaron exigiendo la revocación de las medidas de austeridad, así como la renuncia del presidente. Sin embargo, Moreno se mantuvo desafiante, rechazando ambas demandas bajo cualquier circunstancia. Posteriormente, el principal oleoducto de Ecuador cesó sus operaciones después de que fue confiscado por manifestantes indígenas. A Petro-Ecuador le preocupaba que las pérdidas de producción pudieran alcanzar los 165.000 barriles diarios. Los indígenas también ocuparon dos plantas de tratamiento de agua en la ciudad de Ambato. Mientras tanto, los violentos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía se saldaron con siete muertos, unos 2.000 heridos y más de 1.000 detenidos. Eventualmente, el gobierno de Moreno se vio obligado a dar marcha atrás y hacer concesiones con los bien organizados manifestantes.

El 13 de octubre, el presidente Moreno acordó retirar el Decreto 883 y reemplazar el plan respaldado por el FMI por una nueva propuesta, que incluye negociaciones con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otros grupos sociales. Al día siguiente, el presidente Moreno firmó el Decreto 894, que restablece los subsidios a los combustibles cancelados. Sin embargo, el 23 de octubre, la CONAIE emitió un comunicado en el que informaba a la opinión pública de que «suspendió las conversaciones con el presidente Lenin Moreno debido a la persecución de los líderes del grupo [Jaime Vargas] por parte del gobierno desde el cese de las violentas protestas antiausteridad.”[26]

Es poco probable que el presidente Moreno esté dispuesto a abandonar sus políticas de austeridad o iniciar el proceso de cancelación del préstamo del FMI, dado su aparente compromiso de ayudar a Estados Unidos a hacer realidad el espíritu de la Doctrina Monroe. Muchas de las reformas y políticas que su gobierno ha introducido ayudarán a mantener a Ecuador firmemente atrincherado en el patio trasero de Estados Unidos durante los próximos años.

Este no es un hecho nuevo, ya que la historia ha revelado que, durante más de un siglo, «en América Latina hay gobernantes más que suficientes dispuestos a utilizar tropas yanquis contra su propio pueblo cuando se encuentran en crisis» (Fidel Castro, La Habana, 1962). Sin embargo, el estallido de protestas en respuesta a las reformas neoliberales de Moreno sugiere que se enfrenta a una batalla cuesta arriba, ya que sus compatriotas no parecen compartir su entusiasmo por vender su país a acreedores externos e influencias extranjeras. Aunque Moreno ha logrado expulsar a Rafael Correa de Ecuador, la oposición del expresidente al capitalismo y al imperialismo sigue siendo fuerte entre la población.  

El Dr. Birsen Filip es colaborador de Global Research, tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de Ottawa. 

Notas

[1] http://documents.worldbank.org/curated/en/835601530818848154/pdf/Ecuador-SCD-final-june-25-06292018.pdf

[2] https://tradingeconomics.com/ecuador/unemployment-rate

[3] http://documents.worldbank.org/curated/en/835601530818848154/pdf/Ecuador-SCD-final-june-25-06292018.pdf

[4] https://uk.reuters.com/article/ecuador-base/ecuador-wants-military-base-in-miami-idUKADD25267520071022

[5] https://www.state.gov/u-s-relations-with-ecuador/

[6] “AFP era un programa de ayuda de 10 años y de varios miles de millones de dólares dirigido a los países latinoamericanos, mientras que USAID buscaba apoyar el crecimiento económico y el progreso en los sectores de la agricultura y los servicios de salud, al mismo tiempo que promovía las instituciones democráticas y las formas democráticas de gobernabilidad. El impulso para el establecimiento de las AFP y su participación en los países latinoamericanos, en conjunto con USAID, fue el éxito de la Revolución Cubana en 1959, que culminó con el derrocamiento del régimen opresivo encabezado por Fulgencio Batista, quien gobernó el país como dictador con el pleno respaldo de Estados Unidos. Esto llevó a que los estadounidenses perdieran su considerable influencia sobre la isla. Más importante aún, este resultado hizo que el liderazgo de Estados Unidos se volviera paranoico respecto a que otros países situados en su ‘patio trasero’ pudieran seguir el ejemplo de Cuba y rebelarse contra dictadores y regímenes apoyados por Estados Unidos, nacionalizar empresas y recursos, y establecer vínculos más estrechos con la Unión Soviética. Washington utilizó las AFP y la USAID como mecanismos para mejorar los lazos comerciales con los países latinoamericanos con el objetivo final de prevenir la propagación del comunismo en la región». https://www.globalresearch.ca/the-flower-industrys-impacts-on-colombia-on-mothers-day/5640156

[7] https://www.globalresearch.ca/the-flower-industrys-impacts-on-colombia-on-mothers-day/5640156

[8] https://www.theguardian.com/media/2019/apr/14/assange-tried-to-use-embassy-as-centre-for-spying-says-ecuadors-moreno

[9] https://www.rt.com/news/456229-correa-slams-moreno-assange-arrest/

[10] Para contrarrestar la influencia que Estados Unidos ejerció sobre las economías latinoamericanas, Chávez propuso la creación de un acuerdo económico alternativo de naturaleza antiimperialista. En 2004 se estableció la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), financiada inicialmente por Cuba y Venezuela.

[11] https://www.stopcorporateimpunity.org/21st-may-the-global-antichevron-day-of-action-is-coming/

[12] https://www.stopcorporateimpunity.org/21st-may-the-global-antichevron-day-of-action-is-coming/

[13] https://www.telesurenglish.net/news/Arbitration-Tribunal-Rules-Against-Ecuador-Favors-Chevron-20180907-0011.html

[14] https://www.telesurenglish.net/news/Arbitration-Tribunal-Rules-Against-Ecuador-Favors-Chevron-20180907-0011.html

[15] https://www.telesurenglish.net/news/Arbitration-Tribunal-Rules-Against-Ecuador-Favors-Chevron-20180907-0011.html

[16] https://www.telesurenglish.net/news/Arbitration-Tribunal-Rules-Against-Ecuador-Favors-Chevron-20180907-0011.html

[17] https://www.telesurenglish.net/analysis/Ecuadors-Citizens-Revolution-A-Shift-in-Foreign-Policy-20150107-0029.html

[18] https://www.telesurenglish.net/analysis/Ecuadors-Citizens-Revolution-A-Shift-in-Foreign-Policy-20150107-0029.html

[19] https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/20/56/Extended-Fund-Facility

[20] https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/03/11/ecuador-pr1972-imf-executive-board-approves-eff-for-ecuador

[21] https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/03/11/ecuador-pr1972-imf-executive-board-approves-eff-for-ecuador

[22] https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/03/11/ecuador-pr1972-imf-executive-board-approves-eff-for-ecuador

[23] https://www.reuters.com/article/us-ecuador-opec/ecuador-to-quit-opec-in-2020-in-search-of-bigger-export-revenue-idUSKBN1WG4KB

[24] El mandato original del FMI era promover la cooperación monetaria internacional, facilitar el desarrollo del comercio internacional y apoyar la estabilidad de los tipos de cambio a fin de restaurar las economías, evitar recesiones y crear pleno empleo y crecimiento económico. Sin embargo, el mandato del FMI se ha transformado notablemente con el tiempo. En particular, muchas de las actividades del FMI durante la Era de la Guerra Fría se destinaron a contrarrestar la propagación de los regímenes socialistas. Por ejemplo, el FMI está dispuesto a proporcionar asistencia financiera a los países subdesarrollados siempre que apliquen políticas que garanticen las condiciones de la economía de libre mercado. Durante la década de 1980, el FMI comenzó a obligar a sus miembros altamente endeudados a adoptar Programas de Ajuste Estructural (PAE) que detallaban las reformas económicas neoliberales que tendrían que ser implementadas como condiciones para recibir préstamos.

Los préstamos otorgados por las instituciones de Bretton Woods han estado supeditados a que los países receptores adopten importantes reformas económicas neoliberales encaminadas a reestructurar sus economías de manera que se dé prioridad a la amortización de los préstamos en un momento determinado. La aplicación de los PAE es necesaria para que un país en desarrollo pueda recibir asistencia financiera no sólo del FMI, sino también de otras fuentes donantes. En otras palabras, un préstamo sólo se aprobará si un gobierno adopta las recomendaciones del FMI establecidas en sus PAE y respeta los plazos para su aplicación. Además, una vez aprobado el acuerdo de préstamo, el FMI se reserva el derecho de interrumpir los desembolsos en cualquier momento si el gobierno no respeta los plazos precisos para la aplicación de las reformas especificadas.

[25] https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/10/02/pr19362-ecuador-imf-statement-on-ecuador

[26] https://www.reuters.com/article/us-ecuador-protests/ecuadors-indigenous-group-says-government-talks-on-hold-due-to-persecution-idUSKBN1X22ST

Fuente: Global Research

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