Hemos llegado al final de la campaña electoral, la más televisiva (desde hace unos años cada vez decimos lo mismo). Unas televisiones y unos medios de comunicación españoles que, en general, marginan escandalosamente a las fuerzas políticas no estatales (y a otras que, aunque tengan representación parlamentaria, ya han descartado y expulsado de los platós televisivos). Y fuerzas políticas que, incluso, tienen grupo parlamentario propio y que podrían dar una visión diferente del dogmático modelo de estado que impera, prácticamente, no existen para las grandes cadenas ni, en consecuencia, para el conjunto de los electores.

Esta noche, inevitablemente, volveremos a oír las apelaciones al voto útil. En esta ocasión, sin embargo, los dos aspirantes al voto útil se han multiplicado, ahora son cuatro: el PP, que se presenta como el único que puede garantizar «seguir» mejorando la economía; el PSOE, porque es el único que puede evitar que gane el PP; Podemos, porque es el único que representa a la nueva política, y Ciudadanos, porque es el único que puede cambiar los viejos gobernantes sin cambiar las viejas políticas.

Desde Baleares, algunos los trataremos con escepticismo. Nos hemos pasado toda la vida votando el menos malo para que no gane el más malo. Y así nos ha ido, conviene recordarlo mañana, si es que reflexionamos el voto y no nos dejamos llevar por las consignas de última hora. Porque, hasta ahora, con cualquier gobierno, en Baleares, a pesar de ser los que hacemos la aportación por habitante más alta en impuestos, hemos quedado a la cola en gasto estatal, en financiación autonómica y en fondos europeos. Aportamos más de tres mil millones de euros anuales a las arcas estatales, más del 14% del Producto Interior Bruto de Baleares, una aportación que no hace ninguna otra región del mundo a su estado. Conviene recordarlo un día como hoy.

Esta auténtica sangría económica ya ha tenido fatales consecuencias. Si a principios de los años setenta éramos la primera comunidad del Estado en renta per cápita, hoy ya ocupamos el séptimo lugar. Y si tenemos en cuenta el diferencial de precios, Baleares ya se sitúa por debajo de la media española en renta per cápita en poder de compra. Pero, donde se notan más los efectos es en las dotaciones de servicios públicos. Los presupuestos por habitante de sanidad y educación son los más bajos de todas las comunidades autónomas, independientemente de la sensibilidad de los gobernantes autonómicos. La realidad es que el Gobierno de las Islas Baleares no puede hacer frente a las demandas de una población que ha crecido muy por encima de la media española y que se ha empobrecido año tras año. Basta comprobar como la media salarial y la media de pensiones son inferiores a la media española.

Todas estas calamidades no son un designio divino, ni una fatalidad natural que nos haya afectado exclusivamente a los isleños. Son la consecuencia de unas decisiones políticas, tomadas en las Cortes Generales, con el voto favorable de los diputados y senadores que hemos elegido los votantes de Baleares. Y no parece que ninguno de los actores políticos de nuestra tragedia, ni los dos aspirantes a sucederles, tengan conciencia de la fechoría ni ningún propósito de enmienda.

Inevitablemente, surge la pregunta: sin embargo, ¿qué pueden hacer uno o dos diputados o senadores de partidos de aquí que no tengan dependencia estatal? Pues pueden hacer muchísimas cosas: denunciar la discriminación económica que padecemos; explicar nuestra realidad; presentar propuestas y, incluso, proposiciones de ley para invertir esta situación; buscar alianzas con representantes de otros territorios sensibles a nuestras demandas; negociar enmiendas a los presupuestos generales del Estado y a todos los proyectos legislativos que nos afecten… La tarea puede ser inmensa.

Pero aún más relevante es la influencia que pueden ejercer sobre las formaciones políticas de ámbito estatal. Si una o unas opciones políticas isleñas crecen gracias, especialmente, a la defensa de los intereses de los ciudadanos de Baleares, los adversarios políticos se verán obligados a asumir parte de su programa y no sólo de una manera retórica, sino con proyectos y presupuestos concretos. Un ejemplo de ello es la capacidad de influencia en la política española de Coalición Canaria que, en los últimos años, ha sido muy superior a su peso real en el Congreso y en el Senado, con unos pocos diputados y senadores que casi nunca habrían sido decisivos; sin embargo, los partidos estatales se han visto obligados a aceptar muchas de sus propuestas para evitar el crecimiento electoral de la Coalición, ya mayoritaria en gran parte de las islas del Archipiélago Canario.

Volviendo a nuestro país, no es que lo que hemos votado hasta ahora en Baleares haya sido inútil, es que nos ha sido adverso. ¿Persistiremos?