Ahora se descubre que los últimos cuatro años del encarcelamiento efectivo de Julian Assange en la embajada ecuatoriana de Londres han sido completamente innecesarios. De hecho, dependían de una farsa legal.

Detrás del escenario, Suecia quería abandonar el caso de extradición contra Assange en 2013. ¿Por qué no se hizo público? Porque Gran Bretaña persuadió a Suecia de fingir que todavía deseaba seguir con el caso.

En otras palabras, durante más de cuatro años, Assange ha estado encerrado en una pequeña habitación, vigilada a un alto costo para los contribuyentes británicos, no por ninguna acusación en Suecia sino porque las autoridades británicas querían que permaneciera allí. ¿En qué posibles motivos podría basarse esto?, tenemos que preguntarnos. Podría tener algo que ver con su trabajo como principal responsable de Wikileaks, publicando información de denunciantes que ha avergonzado severamente a los Estados Unidos y al Reino Unido.

De hecho, Assange debería haber sido libre hace años si estuviera  basado realmente en una investigación ­-una farsa en este caso- de una supuesta agresión sexual en Suecia. En cambio, como advirtió Assange durante mucho tiempo, hay una agenda muy diferente: empeño para extraditarlo a Estados Unidos, donde podrían encerrarlo para siempre. Por eso los expertos de la ONU argumentaron hace dos años que estaba «detenido arbitrariamente», por crímenes políticos, no muy diferente de la situación de los disidentes en otras partes del mundo que obtienen el apoyo de los liberales occidentales y los izquierdistas.

Según una nueva y limitada publicación de correos electrónicos entre los funcionarios, la directora sueca de los enjuiciamientos públicos, Marianne Ny, escribió al Servicio de Procesamiento de la Corona (CPS) de Gran Bretaña el 18 de octubre de 2013, advirtiendo que la ley sueca no permitiría continuar el caso de extradición. Esto fue, recuerden, después de que Suecia no había aceptado una oferta de Assange para interrogarlo en Londres, como había sucedido en otros 44 casos de extradición entre Suecia y Gran Bretaña.

Ny escribió al CPS:

«Nos hemos visto obligados a levantar la orden de detención… y a retirar la orden de detención europea. Siendo así, debería hacerse en un par de semanas. Esto nos afectaría no solo a nosotros sino también a ustedes de una manera significativa».

Tres días más tarde, sugiriendo que las preocupaciones legales estaban lejos de la mente de nadie, volvió a enviar un correo electrónico al CPS:

«Lamento que haya sido una [desagradable] sorpresa… espero no haber arruinado vuestro fin de semana».

En una línea similar, demostrando que se trataba de política, no de la ley, el principal abogado del CPS que maneja el caso en el Reino Unido, había escrito anteriormente a los fiscales suecos:

«¡No os atreváis a echaros atrás!»

En diciembre de 2013, el abogado anónimo del CPS escribió nuevamente a Ny:

«No considero que los costos sean un factor relevante en este asunto».

Esto fue en un momento en que se había revelado que la vigilancia de la detención de Assange en la embajada había costado en ese momento a Gran Bretaña 3,8 millones de libras. En otro correo electrónico del CPS, se señaló:

«Por favor, no crean que este caso está siendo tratado como una extradición más».

Estos son solo fragmentos de la correspondencia por correo electrónico, después de que el CPS destruyera la mayor parte de ella contraviniendo sus propios protocolos. Las destrucciones parecen haberse llevado a cabo para evitar la divulgación de los archivos electrónicos en un tribunal que ha estado considerando una solicitud de libertad de información.

Otros correos electrónicos que sobrevivieron, según un informe de The Guardian del año pasado, han demostrado que el CPS «aconsejó a los suecos en 2010 o 2011 que no visitaran Londres para interrogar a Assange. Una interrogación en ese momento podría haber evitado el largo callejón sin salida de la embajada».

Assange todavía está encerrado en la embajada, con un gran riesgo para su salud física y mental, a pesar de que el año pasado Suecia abandonó formalmente una investigación que en realidad había abandonado desde hace más de cuatro años.

Ahora las autoridades del Reino Unido (léase Estados Unidos) tienen un nuevo pretexto, incluso menos creíble, para seguir reteniendo a Assange: porque «se saltó la fianza». Aparentemente, el precio que debe pagar por esta infracción relativamente menor es de más de cinco años de reclusión.

Los magistrados de Londres deben considerar el martes los argumentos de los abogados de Assange de que debería ser liberado y que después de tantos años la aplicación continua de la orden de arresto es desproporcionada. Dada la confusión de las consideraciones legales y políticas en este caso, no se puede esperar que finalmente Assange tenga una audiencia justa.

Recuerdén también que, según el Foreign Office del Reino Unido, Ecuador recientemente notificó que Assange había recibido el estatus diplomático después de su exitosa solicitud de ciudadanía ecuatoriana.

Como ha explicado el exembajador británico Craig Murray, el Reino Unido no tiene otra opción que aceptar la inmunidad diplomática de Assange. Lo máximo que puede hacer es insistir en que abandone el país, algo que supuestamente Assange y Ecuador desean. Y sin embargo, el Reino Unido sigue ignorando su obligación de permitir a Assange su libertad para irse. Hasta ahora no ha habido debate en los medios corporativos británicos sobre esta violación fundamental de sus derechos.

Tenemos que preguntarnos cuando se dará cuenta la mayoría de la gente de que esto es, y siempre ha sido, una persecución política enmascarada como aplicación de la ley.

Jonathan Cook ha ganado el Premio Especial Martha Gellhorn de Periodismo. Sus libros incluyen «Israel y el choque de civilizaciones: Iraq, Irán y el Plan para remodelar Oriente Medio» (Pluto Press) y «Palestina desapareciendo: los experimentos de Israel con la desesperación humana» (Zed Books). Su sitio web es www.jonathan-cook.net.