El jueves 25 de abril de 2019 era aprobado en Bélgica un nuevo artículo de ley por el que se castigará a “cualquiera que niegue, minimice groseramente, pretenda justificar o apruebe determinados hechos que correspondan a un crimen de genocidio, a un crimen contra la humanidad o a un crimen de guerra tal como es descrito en el artículo nº 136 del Código penal, [crímenes] establecidos como tales por una decisión definitiva dictaminada por una jurisdicción internacional, sabiendo o debiendo saber que este comportamiento expone ya sea a una persona, ya sea a un grupo, a una comunidad o a sus miembros, a la discriminación, al odio o a la violencia”. Tal novedad legislativa me provoca tres reflexiones que enuncio brevemente.

PRIMERA: El 1 de octubre de 2010, un extenso informe de 550 páginas, el llamado Informe Mapping, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigido entonces por la sudafricana Navanethem Pillay, calificaba como “crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, hasta de genocidio” los crímenes “sistemáticos, metódicos y premeditados contra los hutus”, en su “mayoría niños, mujeres, ancianos y enfermos”, realizados por el FPR en 1996-1997 en el Zaire.

SEGUNDA: En todo caso, y esto es lo más decisivo, si el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no es “una jurisdicción internacional”, existe sin embargo una auténtica “jurisdicción universal”, la Audiencia Nacional española que: 1º Sí es plenamente competente para calificar tales crímenes. 2º Que de hecho ya los ha calificado. 3º Y que lo ha hecho con un relato de los hechos y unas conclusiones mucho más demoledoras aún que las del Informe Mapping. Mucho más demoledoras, en primer lugar, por la magnitud de los crímenes descritos. Y, en segundo lugar, por el periodo de tiempo tratado: a partir de 1990. 

TERCERA: Si es cierto lo que acabo de afirmar en el párrafo anterior, debemos preguntarnos cómo ha sido posible y sigue siendo posible que algo tan decisivo haya pasado tan desapercibido, aún entre los mismos ruandeses.

A continuación voy a desarrollar más ampliamente estas tres reflexiones:

PRIMERO

Respecto a la primera de mis reflexiones, cabe preguntarse: semejante calificación, realizada por un organismo de la ONU competente en estas cuestiones, ¿no era más que suficiente para que fuese constituido un nuevo tribunal ad hoc, como fue constituido en su momento el TPIR? Existe una parcialidad tan manifiesta porque se trata de decisiones meramente políticas, y no estrictamente judiciales, impuestas una vez más por nuestro Occidente liderado por unas poderosas élites anglosajonas. Al igual que fueron decisiones políticas las muchas y graves manipulaciones sufridas no solo en el nacimiento del TPIR sino también en su funcionamiento a lo largo de los años. Manipulaciones bien conocidas por todos los que hemos seguido de cerca el dossier ruandés.

El tiempo ha confirmado aquello  que Ramsey Clark, attorney general (ministro de Justicia) de John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, y artífice de la ley de Derechos Civiles de los negros, me comentó en 1999 en su despacho y que ha declarado públicamente en otras ocasiones: “Estados Unidos ha impulsado la creación de un tribunal contra sus enemigos en Ruanda. Esta forma de proceder no es otra cosa que hacer la guerra por otros medios”. Si tal cosa es cierta, no podíamos esperar que se persiguiese a los autores de los grandes crímenes calificados y denunciados por el Informe Mapping. Pero no es mi intención en este artículo el lamentarme por las ocasiones fallidas en el pasado para alcanzar la verdad y la justicia. Solo pretendo hacer un llamamiento a aprovechar las oportunidades presentes: la banalización y minimización grosera de la Shoah, a la que me referí en mi anterior artículo, así como la negación y minimización grosera de las grandes masacres llevadas a cabo por Paul Kagame y el FPR, de las que trataré ahora, son tan descaradas que no deberían quedar impunes.

SEGUNDO

Entrando ya más a fondo en mi segunda reflexión, lo que deseo destacar desde el comienzo es que, a mi entender, las calificaciones emitidas por el juez Fernando Andreu referentes a los grandes crímenes cometidos por el FPR en especial contra la etnia hutu -aunque no en exclusiva-, se ajustan perfectamente a lo formulado por la reciente ley belga. Y obligan, por tanto, a castigar a “cualquiera que niegue, minimice groseramente, pretenda justificar o apruebe determinados hechos que correspondan a un crimen de genocidio, a un crimen contra la humanidad o a un crimen de guerra”. En el auto de 181 folios (repletos de tremendos, contundentes y estremecedores relatos de decenas de testigos sumamente cualificados) emitido el 6 de febrero de 2008, el juez Fernando Andreu Merelles, titular del juzgado número cuatro de la Audiencia Nacional española, dictaba orden de arresto contra cuarenta máximos cargos del FPR/EPR. La calificación de tales crímenes no dejan la menor duda. Se enumeran en el capítulo III, titulado RAZONAMIENTOS JURÍDICOS:

“A) Delitos de genocidio.

1. Los que, con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetraren alguno de los actos siguientes, serán castigados: [siguen cinco puntos en los que se especifican las penas que deben aplicarse].

2. La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, se castigará con la pena de prisión de uno a dos años. 

B) Delitos de lesa humanidad. 

1. Son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella. En todo caso, se considerará delito de lesa humanidad la comisión de tales hechos: 1º Por razón de la pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional. 2º En el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.   

C) Delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

D) Disposiciones comunes. 

[Actos preparatorios] La provocación, la conspiración y la proposición para la ejecución de los delitos previstos en este Título […].

E) Integración en Organización Terrorista. 

F) Actos terroristas.”

A continuación el juez deja bien clara su competencia internacional para tratar, calificar y juzgar tales crímenes:

“La competencia para el conocimiento y enjuiciamiento de los hechos que son objeto del presente procedimiento no ha sido discutida, y se  ampara en virtud de lo dispuesto en el artículo 23,4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al atribuir a la jurisdicción española competencia para el conocimiento de los hechos cometidos, por españoles o por extranjeros, fuera del territorio nacional susceptibles de calificarse según la ley española, como de delitos de genocidio, terrorismo, y cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales, deba ser perseguido en España, entre los que se encuentran la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Nueva York, 10 de diciembre de 1984); el IV Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, y sus I y II Protocolos Adicionales; el Convenio sobre la Prevención y Castigo del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966.”

Llegados a este punto es de suma importancia el no confundir esta calificación en sí misma, emitida por “una jurisdicción internacional” (como exige la nueva ley belga) con las muchas dificultades prácticas que (por causa de todas las criminales manipulaciones de Estados Unidos y el Reino Unido) han impedido hasta la fecha la extradición a España de algunos de los cuarenta criminales del FPR en búsqueda y captura que en su momento fueron detenidos: James Kabarebe (detenido en la frontera de Sudáfrica pero “extrañamente” liberado en unos días, a pesar de que el juez Fernando Andreu confirmó a Interpol que su orden de captura estaba plenamente vigente) o Karake Karenzi (detenido en Londres y liberado igualmente, como es de público conocimiento). No se debe caer en esta confusión, al igual que nadie confunde la resolución de la ONU calificando como genocidio las masivas masacres de la primavera de 1994 (calificación obstaculizada durante meses por Estados Unidos, hasta que estuvo segura la victoria del FPR) con todas las manipulaciones que ha sufrido el TPIR en el proceso de aplicación de la ley a cada caso concreto.

El hecho de que, como han revelado cinco cables de WikiLeaks intercambiados entre el embajador de Estados Unidos en Madrid y el Departamento de Estado, se hayan comprado fiscales y políticos españoles a fin de desactivar nuestra querella criminal, no afecta para nada a la calificación de estos crímenes emitida por el juez. Ni se ve afectada tal calificación por el hecho de que la cúpula de Interpol esté infiltrada y condicionada (como lo ha estado también el TPIR) hasta el punto de haber liberado a detenidos sobre los que existían mandatos de arresto, con código rojo, por los mayores crímenes tipificados por la justicia internacional. Ni tampoco se ve afectada por el hecho de que las tremendas presiones estadounidenses hayan conseguido desactivar por el momento dicha querella, tras el bochornoso cambio de la ley de justicia universal llevado a cabo por el gobierno del PP con el apoyo del PSOE (haciendo dejación de su responsabilidad de juzgar y castigar a los asesinos de nueve ciudadanos españoles). La han desactivado al condicionar, entre otros cambios legales, la detención de los imputados al hecho de que se encuentren en territorio español. La preocupación de la Administración de Estados Unidos, que revelan los cinco cables de Wikileaks, frente a dicha querella (preocupación reflejada también en el hecho de que obligase a abandonar con urgencia la Embajada de Ruanda en Washington a uno de los cuarenta imputados) o la detención en su momento del general Pinochet en Londres no hacen sino confirmar que la Audiencia Nacional es plenamente competente para “conocer y juzgar” los crímenes masivos realizados por el FPR.

Por todo ello, la conclusión en este segundo punto es evidente: aquellos que niegan, minimizan groseramente, pretenden justificar o aprueban los crímenes calificados por el juez español deben ser castigados. Ya no se trata de un simple informe de la ONU sino de un auto de la Audiencia Nacional, un órgano judicial con plena competencia de jurisdicción internacional. Ni se trata solo de unos crímenes posteriores al genocidio de los tutsis, como aquellos a los que se refiere el informe Mapping, sino de unos crímenes planificados con mucha anterioridad y empezados a ejecutar a partir del 1 de octubre de 1990. Es decir, exactamente veinte años antes que la publicación del Mapping.

TERCERO

Vayamos ya, para acabar, a mi tercera reflexión: ¿cómo ha sido posible y sigue siendo posible que algo tan decisivo como es el auto del juez español (con la incuestionable calificación que ha establecido para los crímenes que describe) haya pasado tan desapercibido, aún entre los mismos ruandeses? Desde el primer momento dicho auto fue despreciado, ninguneado y silenciado mediáticamente. Incluso se ha manipulado sobre el supuesto papel marginal de España en el mundo y en el conflicto ruandés en concreto. Es una táctica muy antigua: “¿De Nazaret puede salir algo importante?”. Sin embargo, al menos los ruandeses y quienes de verdad conocemos y amamos a este sufriente país no deberíamos caer en tanta trampa. A pesar de que se haya desplegado una poderosa y sistemática campaña para minimizarlo y ningunearlo, el auto del juez Fernando Andreu Merelles es de suma importancia. En opinión de algunos auténticos expertos, ha marcado un punto de inflexión histórico. Posiblemente sus potencialidades aún son muchas y sus principales consecuencias aún estén por llegar.

Me voy a limitar a ejemplificar ese desprecio, ninguneo y silenciamiento del auto analizando el posicionamiento frente a él de la mayor ONG internacional de Derechos Humanos: la anglosajona HRW, que ya jugó un importante y nefasto rol en el ámbito del TPIR. Tras el Informe Mapping hasta tuvo el cinismo de lamentar que no existiese un tribunal internacional competente para juzgar los crímenes revelados en él, sabiendo (como ciertamente sabía) que la Audiencia Nacional española ya había llegado incluso a dictar cuarenta mandatos de arresto contra los máximos responsables de aquellos crímenes. Esto es lo que al respecto  escribí en el apartado “Los sorprendentes posicionamientos de la gran ONG anglosajona Human Rights Watch” de mi libro La hora de los grandes “filántropos”:

“En mi anterior libro, África, la madre ultrajada, especialmente en el apartado titulado ‘El honor perdido de la gran ONG anglófona Human Rights Watch’, ya ponía de relieve, recogiendo análisis de expertos como Helmut Strizek, el penoso papel jugado por la gran dama de la versión oficial de este conflicto, la principal experta y responsable para África de esta gran ONG, Alison des Forges, y de su monumental informe Leave none to tell the story, la “Biblia” de “el” genocidio ruandés.

Y hasta el día de hoy la gran Human Rights Watch sigue anclada en la ambigüedad de sus propias contradicciones. El lector de sus documentos publicados el 1 de octubre de 2010 podría creer que esta organización es la gran e imparcial luchadora contra la impunidad de la que han gozado Paul Kagame y sus secuaces desde hace ya dos décadas. Pero esa pretensión está muy alejada de la realidad. Las contradicciones de Human Rights Watch de nuevo han quedado bien patentes en su reacción pública tras el importante Informe Mapping del 1 de octubre de 2010 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por una parte, obligada seguramente por la contundencia de las pruebas de los grandes crímenes del FPR que están saliendo a la luz pública y por la imposibilidad de mantener posiciones tan tendenciosas como las que ha mantenido durante demasiados años, levanta ahora su voz para decir que tales crímenes deben ser conocidos por el mundo, bla, bla, bla. Pero, al mismo tiempo, sigue cayendo en unos posicionamientos verdaderamente sorprendentes tratándose de una organización con el alto nivel de financiación e información de las que ella dispone . Me referiré solo a algunos de dichos posicionamientos:

  • Se atreve a seguir hablando de “un genocidio planificado por políticos extremistas hutus” cuando el mismo Tribunal Penal Internacional para Ruanda ha absuelto de planificación incluso al coronel Bagosora, máximo responsable del genocidio.
  • Se atreve a afirmar que la victoria del FPR, dirigido por Paul Kagame, “significó el fin del genocidio”. Así, sin más. Sin ninguna otra aclaración, sin referencia alguna a las graves responsabilidades del mismo FPR en el desencadenamiento del genocidio ni a ninguna otra de las muchas circunstancias que rodearon el trascurso y el fin del genocidio. Circunstancias que dejan en evidencia que el FPR solo estaba interesado en alcanzar el poder por la vía más segura posible y con los métodos (crímenes masivos) más efectivos posibles; que se desentendió totalmente de las masacres de los tutsis del interior (que para los extremistas del FPR eran traidores que no se exiliaron en 1961 cuando la aristocracia tutsi fue democráticamente rechazada); que hizo todo cuanto estuvo en su mano para impedir cualquier intervención internacional que hubiese podido detener el genocidio (sabían bien que tal intervención habría obstaculizado al mismo tiempo su marcha imparable a sangre y fuego hacia el poder)…
  • Al referirse al bloqueo jurídico que ha permitido al FPR tantos años de impunidad, se atreve a evitar cualquier referencia a la decisiva responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos. Gobierno que, entre otras muchas medidas para proteger dicha impunidad, apartó de su cargo a la fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Carla Del Ponte, cuando esta intentó procesar a algún miembro del FPR.
  • Se atreve a ocultar que la Audiencia Nacional española no solo es competente para juzgar esos crímenes (aún en el restringido marco de la nueva ley de Justicia Universal, ya que en el Congo fueron asesinadas cuatro de las nueve víctimas españolas) sino que, en relación a tales crímenes, incluso ha emitido órdenes de captura contra cuarenta altos cargos del FPR/EPR.

En conclusión, cuando Human Rights Watch intenta enumerar las causas de la impunidad de la que el FPR ha gozado durante tantos años, quizá debería incluir entre estas la confusión que ella misma, la más influyente ONG de derechos humanos del mundo, ha creado. No parece muy honorable ni decoroso presentarse como adalid de la lucha contra la impunidad del FPR ahora que los hechos se están imponiendo por sí solos. O al menos, el hacerlo sin mediar petición alguna de disculpas por la confusión y por los daños creados durante dos décadas. El hecho de que los supuestos grandes e independientes defensores de los Derechos Humanos vayan a remolque de organismos de la ONU, mucho más condicionados por los intereses de las grandes potencias que forman el Consejo de Seguridad, es un lamentable índice del estado de nuestro mundo.”

CONCLUSIÓN

Los grandes crímenes de los que Paul Kagame es el máximo responsable (responsabilidad de la que por ahora lo protege su impunidad presidencial) han sido encubiertos sistemáticamente por los grandes medios de comunicación así como por otros importantes creadores de la opinión internacional: grandes ONG, “expertos reconocidos”, etc. Pero el negacionismo en su entorno de criminales (sin referirnos a tantos blancos mentirosos) es tan público y descarado, que debería ser denunciado y castigado. Recordemos que Al Capone no pudo ser condenado por sus crímenes, pero lo fue finalmente por una cuestión menor: por impago de impuestos. Dicen que la mejor defensa es el ataque. ¡Ya es suficiente de soportar la prepotencia y los virulentos ataques de grandes criminales convertidos en inquisidores de la verdad y defensores de las víctimas! Pero el caso de la persona, profundamente desquiciada, de Paul Kagame aún es más excesivo: no se trata solo de negacionismo sino que en el interior de Ruanda se permite incluso alardear de sus crímenes y hasta lamentar el no haber acabado con todos sus enemigos, incluidos los militares franceses. Como recordaba en mi libro África, la madre ultrajada:

“El 7 de abril de 2007, en el 13º aniversario del inicio del genocidio de los tutsis, Paul Kagame pronunció en Murambi un exaltado discurso en el que volcó públicamente todo su odio contra la etnia mayoritaria, tratándola a toda ella como genocida. Y contra Francia, cuyos militares, mediante la operación Turquesa, le impidieron asesinar a millones de hutus que pudieron escapar hacia Zaire. Lo único que lamentaba, según afirmó, es no haber podido descargar toda su cólera, acabando totalmente con unos y otros. Se siente legitimado para ello pues, según él… ¡se trata de genocidas!: ‘Una sola cosa me corroe el espíritu. Sólo me arrepiento de una cosa. Los sucesos se precipitaron demasiado rápido antes de que pudiéramos aplastar a suficientes asesinos. Es el único pecado que reconozco. No pudimos hacer más… pues aquellos que también mataban y que estaban aquí en la operación Turquesa partieron antes de encontrarnos con ellos. Íbamos a descargar en ellos toda nuestra cólera y habrían dejado Ruanda con un regalo… Aquellos que se nos escaparon y que atravesaron la frontera… lo que me corroe el corazón… no tuvimos tiempo de evitar que algunos llegaran a destino. Esto, yo lo declaro públicamente, es lo que me corroe el corazón… Los millones que se fueron impunemente tras haber asesinado…”

Sin embargo, cualquiera en su sano juicio, cualquiera que no haya caído en un delirio envenenado como el del propio Paul Kagame, sabe que unos miles de extremistas asesinos hutus no pueden convertir en genocida a toda la etnia hutu ruandesa, compuesta en aquel momento por unos siete millones de seres humanos. Del mismo modo que los asesinos del FPR/EPR que él mismo lidera no convierten en asesinos a todos los tutsis. ¡Es insoportable que un demente como Paul Kagame se permita no ya la negación de los grandes crímenes calificados por la Audiencia Nacional española sino incluso el reconocimiento público de su propia autoría en tales crímenes masivos! ¡Es insoportable que hasta se permita la confesión de que no pudo asesinar a todos los millones de seres humanos que él hubiese deseado! ¡Es insoportable que nuestro mundo no reaccione en absoluto ante semejante locura criminal! ¡Es insoportable que la ONU incluso le concediese la copresidencia de los Objetivos del Milenio junto al presidente español José Luís Rodríguez Zapatero!